Corte demostró su “carácter faccioso”; pero habrá elección de jueces y ministros en junio del 2025: Noroña

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acreditó “su carácter faccioso”, pal asumirse como un poder por encima del Legislativo y del Ejecutivo, luego de que aprobaran analizar la reforma judicial.

En redes sociales, el legislador aseguró que nada detendrá la elección de jueces y ministros en junio de 2025.

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“La SCJN acaba de acreditar su carácter faccioso, asumiéndose como el supremo poder, por encima del poder legislativo, del ejecutivo y, sobre todo, del soberano: del pueblo de México. Les reiteramos: nada detendrá la elección de las personas juzgadoras en junio de 2025”, escribió en su cuenta de X.

Este jueves, la SCJN votó a favor de admitir la queja de magistrados y jueces para someter a revisión la validez de la Reforma Judicial.

Por mayoría de ocho votos a favor y tres en contra, determinó que sí puede analizar la reforma judicial.

De esta forma, la ministra Norma Piña podría decidir si otorga o no una suspensión que podría congelar la implementación de la reforma judicial, mientras que el asunto será turnado a otro ministro para que elabore el proyecto de sentencia.

Ley Reglamentaria está por concluirse revela Monreal

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo que la Ley Reglamentaria se encuentra “muy avanzada” ya que están a días de concluirla.

En una entrevista en Radio Fórmula, precisó que en los comités de formación se integrarán por personas que no pertenezcan a partidos, no hayan sido legisladores en los últimos tres años, juzgadores, ni funcionarios del Poder Ejecutivo.

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“Se supone que para no contaminarlo y para que no tenga sesgo, además de requisitos más fuertes para lo académico, lo científico y no improvisar la carrera de jueces o magistrados y ministros y estamos tratando de generar condiciones para que esto salga bien en la ley reglamentaria”.

Aseguró que los integrantes del Poder Judicial serán nombrados de manera secreta, pues habrá candados para “que no se cuele la información y no surja el favoritismo político”.

“Se establece el día de la jornada, la responsabilidad de la elección, el inicio del proceso, quiénes podrán participar”, precisó.

Reforma judicial contempla elegir por voto a mil 600 jueces, magistrados y nueve ministros

La reforma judicial plantea elegir por voto popular a 100% de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial de la Federación. Es decir, que así como la ciudadanía elige a legisladores o gobernantes, también acuda a las urnas para decidir quiénes serán ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de circuito, y juezas y jueces de distrito.

Una infografía del Gobierno de México para promover la reforma menciona que mil 633 magistrados y jueces serían electos en su circuito judicial.

Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023, al cierre de 2022 se registraron mil 647 magistrados (910) y jueces (737). México Evalúa parte de esta cifra para sumar el resto de los puestos elegibles por voto popular y calcular mil 686 cargos en juego y hasta 10 mil 152 personas candidatas.

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Pero en conferencia de prensa el 12 de junio en el Senado de la República, Ricardo Monreal amplió esta cifra.

“Estaríamos hablando de aproximadamente mil 800 cargos, que es el total de servidores públicos que está planteado ir a elección, que son jueces, magistrados y ministros”, respondió ante los cuestionamientos.

Además, los cambios al artículo 116 constitucional plantean que las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados establecerán las condiciones para la elección por voto directo de jueces y magistrados también a nivel local.

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, al cierre de 2022 se reportaron 5 mil 25 servidoras y servidores públicos con el cargo de magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales. Es decir, las elecciones por voto popular implicarían miles de cargos y muchas más candidaturas.