Contrario a lo que dijo AMLO, jueza sí está facultada para suspender paso de la GN a Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la jueza federal Karla Macías Lovera no tiene facultades para suspender la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Pero según el capítulo VI de la Constitución, que habla sobre el Poder Judicial y que señala que su ejercicio se deposita también en los Juzgados de Distrito, el dicho del mandatario es equivocado.

El abogado y especialista en derechos humanos y derecho penal Luis Tapia explicó a Animal Político que en la Constitución sí se establece que los Juzgados de Distrito en México, posición de la que es titular la jueza federal Macías Lovera, tienen facultades para revisar leyes o normas del Congreso de la Unión, a fin de determinar si violan o son incompatibles con la Constitución o con los tratados internacionales, cuando se presenten amparos. 

Lo anterior, de acuerdo con el artículo 107 de la Constitución y con el artículo 1 de la Ley de Amparo.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM detalla que una de las funciones de los Juzgados de Distrito es “resolver juicios de amparo directo en materia civil, penal, administrativa y laboral”.

Y contrario a lo que dijo el presidente, el amparo que se presentó sobre este tema no es “para que no participe la Guardia Nacional en Guanajuato, de Irapuato”. 

Más bien, establece que la Guardia Nacional se quede bajo mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y no de la Sedena, en todo el país.

“La decisión suspende la entrega o el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena en todo el país, en realidad su efecto es general”, dijo Tapia.

Un amparo para evitar que la GN pase a Sedena

La jueza Karla María Macías Lovera es la titular del Juzgado Noveno de Distrito de Guanajuato, ubicado en la ciudad de Irapuato. El pasado 13 de octubre, otorgó la suspensión provisional al amparo interpuesto por el defensor de los derechos humanos Ángel Castro Gómez, para evitar que la Guardia Nacional fuese administrada por la Sedena.

Lo anterior, con base en el artículo 21 de la Constitución. 

Sin embargo, el 19 de octubre, un tribunal federal en Guanajuato revocó esta suspensión provisional. Los magistrados consideraron que la queja era fundada y determinaron que el quejoso no probó que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena le provoque un agravio directo.

Cinco días después, la jueza Macías otorgó una nueva suspensión para frenar el traspaso operativo y financiero de la Guardia Nacional a la Sedena. 

La resolución ordena no solo evitar el traspaso del cuerpo de seguridad al Ejército, decretado desde el pasado 9 de septiembre, sino que además se deben devolver los recursos transferidos a la Defensa.

De desobedecer la suspensión se pueden imponer multas económicas e incluso pena de tres a nueve años de prisión.

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El abogado Tapia explicó que la confusión acerca de qué alcance tiene la suspensión otorgada por una jueza de Guanajuato sobre el resto del país es razonable, pero reitera que ella tiene facultades plenas para revisar una norma como esta.

“Digamos que para quienes trabajamos en temas de amparo y temas de (derecho) constitucional no nos parece nada extraordinario. Pareció haber una confusión como si se tratase de una jueza estatal, no una jueza del fuero común adscrito a algún juzgado”.

En todos los estados del país existen jueces federales que cuentan con facultades plenas para revisar las leyes. En el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal se muestra el directorio de Magistrados y Jueces, y los circuitos judiciales de cada estado. 

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Un ataque constante

Organizaciones de la sociedad civil como Mexiro, así como el mismo Tapia, reconocen la trayectoria de la jueza por haber sido consistente en sus resoluciones protegiendo derechos humanos. 

La organización México Evalúa ya se pronunció al respecto. “Rechazamos todo ataque a jueces y juezas que están cumpliendo con su mandato de respetar y hacer cumplir la Constitución. Exigimos al Ejecutivo respetar la división de poderes y no menoscabar la Independencia Judicial”, demandó.

El mismo Tapia aseguró que Karla Macías es muy conocida porque ha emitido varias sentencias importantes en materia de amparo contra desaparición forzada y militarización.

“Sí es peligroso para una democracia que el Poder Ejecutivo decida exhibir a personas que hacen su trabajo y que además lo hacen en condiciones adversas. Es una jueza federal, tiene buenas condiciones de trabajo pero vive en Irapuato, está denunciando violaciones a derechos humanos que cometen militares… Entonces, ese tipo de cosas ponen en riesgo a las personas que hacen su labor protegiendo a todas las personas”, finalizó.

La Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, también salió en defensa de la jueza y dijo que la labor que ha realizado, en defensa de los derechos humanos, tiene todo su reconocimiento y respeto.

Con el antecedente de la revocación de la primera suspensión otorgada por la jueza federal y lo mencionado por Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre que “tienen confianza en que el tribunal colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta jueza”, todavía no existe una decisión definitiva en el tema. 

“Por una parte puede pasar que el colegiado le dé la razón al gobierno y entonces se revoque la suspensión, y por otro lado puede pasar que le dé la razón a la jueza y se mantenga la suspensión. Eso no significa que ya se le dio la razón de fondo a una u otra parte, nada más es la decisión sobre qué pasa mientras se resuelve el amparo”, dice Tapia.

El especialista también explica que la revisión de los elementos y argumentos de este amparo aún está en proceso. Así que el gobierno federal podría volver a emitir un recurso de revisión que revoque la suspensión, lo que lo llevaría nuevamente a un tribunal colegiado. Dentro de las posibilidades está que la SCJN pueda atraer el amparo.