Continuidades y agenda pendiente en la política laboral federal

Finalmente, en la mañana del 18 de julio la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, nombró a quien encabezará la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) una vez que inicie su administración. Continuará en el cargo Marath Bolaños, joven funcionario que tomó la dependencia cuando su anterior titular, Luisa María Alcalde, asumió la titularidad de la Secretaría de Gobernación.

Más allá de las especulaciones sobre negociaciones y acuerdos de las distintas facciones del partido en el poder a la hora del reparto de cargos de cara al nuevo gobierno, la decisión parece obedecer principalmente a la necesidad de, al menos en lo inmediato, dar continuidad sin traspiés al llamado nuevo modelo laboral implementado por el gobierno de López Obrador.

México tiene apenas cinco años del inicio de la transición hacia el nuevo modelo laboral, producto de la reforma del 2019 a la Ley Federal del Trabajo y otras leyes relacionadas, y apenas cumplirá dos años de que las nuevas instituciones laborales (los centros de conciliación y nuevos tribunales laborales) están en completo funcionamiento en todo el país. Este cambio institucional es profundo, ambicioso y ha venido a cambiar los procedimientos y reglas del juego en el mundo laboral del país. Sus alcances son transexenales y por tanto las responsabilidades de su aplicación correcta deben de ir más allá de una administración.

La continuidad en la STPS significa que el secretario de Trabajo del nuevo gobierno heredará automáticamente los saldos y pendientes laborales y sindicales de la administración que está por concluir; no se partirá de cero, no habrá transición ni pretexto para no asumirlos inmediatamente. ¿Qué saldos está dejando la política laboral del gobierno saliente? Y más importante aún, ¿qué retos y pendientes tendrá que retomar, corregir o profundizar el nuevo gobierno?

Es importante reconocer la reducción en la pobreza laboral a escala nacional y el incremento al salario mínimo general. Sin embargo, ese incremento no ha tenido su expresión proporcional en los salarios profesionales ni contractuales, a los que se sigue aplicando un tope salarial que no está escrito en ningún lado, pero existe, especialmente para los empleados públicos. El programa estrella, Jóvenes Construyendo el Futuro, ha significado un paliativo para el deteriorado mercado de trabajo en el país, permitiendo a millones de jóvenes acceder a un ingreso fijo por un año, pero a largo plazo no puede considerarse como una salida a la precariedad generalizada del empleo para los jóvenes, pues es responsabilidad de las empresas garantizar trabajos formales, dignos, bien remunerados y estables, y el Estado no puede asumir percepciones salariales que corresponden al empleador.

La política laboral del último sexenio fue una que, por primera vez en más de tres décadas, no estuvo cargada a la defensa de los intereses empresariales, ni encabezó un permanente ataque a los derechos laborales básicos.  Pero al mismo tiempo, la tolerancia e incluso deferencia hacia los principales capos del charrismo sindical (en las direcciones del SNTE, petroleros o confederaciones como la CTM, la CATEM o la CROC) continuaron y marcaron este sexenio. Siguen siendo sus principales interlocutores, mientras que el diálogo con el sindicalismo independiente ha sido escaso o nulo; el sexenio está llegando a su fin sin una solución definitiva a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con una salida dudosa al conflicto con el SUTNOTIMEX y una política contradictoria hacia la CNTE.

En lo que se refiere al cambio más importante, que es el que llegó con la reforma laboral, ésta ha quedado aún muy lejos de haber cumplido sus objetivos. Después del periodo de legitimaciones -en donde desaparecieron, primero, alrededor de 400 mil contratos y, después, más de 100 mil contratos colectivos de trabajo- han quedado cientos de miles de trabajadores sin contratación colectiva, una gran parte de las consultas fueron simuladas y permitieron a las viejas centrales “legitimarse” y, salvo importantes y valiosas excepciones como el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) en la industria automotriz, el escenario sindical se ha mantenido casi intacto. El número de trabajadores que han logrado transitar de alguna representación sindical fantasma o charra a alguna forma de sindicalismo independiente apenas roza las 20 mil personas. La tasa de sindicalización, es decir, la proporción de personas trabajadoras afiliadas a alguna organización sindical (en su mayoría fantasmas o charras) y la cobertura de negociación colectiva (la proporción de la fuerza laboral que es cubierta por un contrato colectivo de trabajo) se han mantenido prácticamente estancadas. Las nuevas regulaciones institucionales no han traído la prometida libertad sindical aún para la mayoría de las y los trabajadores. A pesar de la gran utilidad de herramientas como el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, su creciente uso se está volviendo una preocupante demostración de que las instituciones e instancias, soberanas y nacionales, no están garantizando por medios propios el pleno respeto a los derechos humanos laborales.

Aunque existan avances importantes en los últimos años, éstos se han mantenido principalmente en el nivel formal y procedimental; su traducción práctica en la mejora sustantiva de la vida de millones de trabajadores está lejos de ser una realidad. El objetivo de democratizar el mundo del trabajo en México está muy lejos de haberse cumplido. No puede haber una sociedad democrática sin una democratización amplia y profunda en el mundo del trabajo. La continuidad en las personas responsables de la política laboral del Estado mexicano implica que su responsabilidad de saldar esos enormes pendientes será el reto a asumir por el Secretario de Trabajo.

* Héctor de la Cueva es Coordinador General del Centro de Apoyo a la Libertad Sindical (CALIS). Luis Rangel es economista e investigador en el CALIS.