CÓRDOBA.– A poco más de dos años de que estallara la grieta religiosa existente en Salta en torno de la devoción de la Virgen del Cerro y que enfrenta al Arzobispado con las monjas de clausura del convento San Bernardo, uno de los cuatro procesos judiciales abierto vuelve a moverse. Es la causa vinculada a la denuncia de la hermana de una religiosa por supuesta privación ilegítima de la libertad, amenazas y coacción contra las autoridades del monasterio. Había sido archivada, pero se reactivó.

Una carta que la monja dirigió al vicario judicial de la Arquidiócesis de Salta, Dante Simón, para que la sume al informe que elabora a pedido del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica –órgano del Vaticano del que dependen las carmelitas– fue presentada al fiscal Ramiro Ramos Osorio como “prueba documental”. En ese texto, fechado en abril pasado, la religiosa describe “los hechos vividos desde el año 2014 hasta el 21 de diciembre del 2022″, fecha en la que decidió retirarse del San Bernardo. Allí describe una serie de tratos “muy violentos”, “grabaciones de conversaciones” y la “quita de regalos familiares”.

La religiosa, que da su identidad en la carta, estuvo 32 años recluida en el convento. Ahora, enferma de cáncer, vive en la casa de una persona en Salta. Afirma que, desde el 10 de agosto de 2014, cuando murió la priora María de los Ángeles, la “vida en el monasterio cambió radicalmente”.

En ese contexto, menciona que María Livia Galiano de Obeid, a quien denomina “una seglar allegada a la comunidad”, comenzó a manifestarles que la “Virgen quería que la nueva priora sea la hermana María Inés Jesús de la Hostia; tuvo reuniones dentro claustro con cada una de las hermanas en forma privada”. Agrega que les insistía –tanto para esa elección de autoridad como para la siguiente– que “si no votan, la Virgen se va a retirar de esta comunidad, va a escoger a otra”.

Galiano de Obeid es la mujer que, desde 1990, dice ver y escuchar mensajes de la Virgen María destinados a las monjas. Por la ermita que se construyó en Tres Cerritos, en Salta, pasan miles de personas en las celebraciones más importantes. La Iglesia no reconoce la devoción y, en un documento de 2022, les recordó a las monjas “la estricta observancia de las normas de ley en este aspecto, incluida la estricta observancia de la clausura monástica”.

En abril de 2022 las monjas del San Bernardo denunciaron al arzobispo de Salta, Mario Cargnello, y a otros tres religiosos por supuesta violencia de género y económica. En abril pasado, la jueza de Violencia Familiar y de Género Carolina Cáceres Moreno ordenó sostener las medidas de restricción e intimar a los denunciados a que hagan capacitaciones en género e inicien un tratamiento psicológico. La medida fue apelada.

El otro proceso judicial abierto es una investigación sobre la economía del convento y su relación con la Fundación de la Virgen del Cerro, ya que los terrenos donde se sitúa la ermita están a nombre del San Bernardo. El tercer expediente es por la denuncia de presunta coacción y el cuarto es una denuncia que hacen la priora y la subpriora contra el abogado del Arzobispado, Eduardo Romani; Cargnello y la hermana de la religiosa por calumnias e injurias; se trata de una presentación de instancia privada.

Otros detalles de la carta

La monja que escribe la carta dejó el convento en diciembre de 2022 junto a otra religiosa, ambas enfermas de cáncer. La otra falleció al poco tiempo. Cuenta que cuando asumió la priora María Inés empezó a recibir “tratos violentos”, que la “aislaron” y que “nunca” recibió explicaciones.

También menciona diálogos respecto de los problemas económicos que la priora afirmaba que existían a raíz de que ya no tenían las carmelitas el dinero de los alquileres que recibían “porque le habían hecho firmar ‘algo’ (…), que se lo había pedido el contador Obeid [esposo de Galiano] y el administrador Mentesana”.

También da cuenta de “grabaciones” que se realizaban de conversaciones privadas y que se hacían escuchar después a toda la comunidad, lo que “condicionaba”, y de que “en varias ocasiones” las autoridades del convento “quemaron en la huerta documentación contable”.

Describe que, después de la pelea durante el velatorio de una monja entre Cargnello y la priora, cuando el arzobispo le arrebata el teléfono móvil con el que lo grababa “por instrucción” de Galiano de Obeid, la priora “nos obliga a firmar una hoja totalmente en blanco, para lo cual todas las hermanas formamos una fila entrando por orden de mayoría en el monasterio (…), diciéndonos que se trataba solo de un protocolo que sería activado si el Obispo intervenía el convento”. Sostiene que en la sala estaban el escribano Federico Alurralde, Obeid y Galiano de Obeid. “Después de un tiempo nos informaron que había sido ‘activado el protocolo y presentada la denuncia por violencia de género’”, añade.

El texto continúa con apuntes sobre cómo no le daban alimentos para una dieta que debía seguir mientras hacía quimioterapia; acusaciones a su familia “de narcotraficantes y lavado de dinero”; “cacheos frente a la comunidad” para ver si tenía “grabadores o celulares” y “amenazas” de Galiano de Obeid.

Después de detallar su decisión de dejar el convento y en qué circunstancias lo hizo, sintetiza: “Mi apreciación, según todo lo expuesto, es que tanto las hermanas del monasterio como los servidores del Cerro, sufrimos una constante manipulación en nombre de la Santísima Virgen de parte de la Sra. María Livia y su cónyuge, Carlos Obeid, para su beneficio personal”.