Grieta religiosa: en Salta, sigue la investigación económica del convento y se espera que el Vaticano designe un veedor

La devoción a la "Virgen del Cerro", en el centro del conflicto entre el Arzobispado salteño y las carmelitas descalzas
La devoción a la "Virgen del Cerro", en el centro del conflicto entre el Arzobispado salteño y las carmelitas descalzas - Créditos: @Javier Corbalán

CÓRDOBA.- Después de una serie de idas y vueltas con presentaciones judiciales, finalmente continúa a cargo de la fiscal penal Ana Salinas, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta, la investigación sobre la economía y la administración de los bienes del convento San Bernardo de las monjas carmelitas descalzas que denunciaron al arzobispo Mario Cargnello.

Jóvenes en la noche. Cuáles son las conductas que derivan en la violencia inesperada

En ese proceso, se incluye determinar la relación con la fundación Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, encargada de los temas relacionados con la “Virgen del Cerro”. En paralelo, continúa en la Justicia de Familia, el proceso por supuesta violencia de género y, en materia religiosa, se espera que el Vaticano designe un veedor en el convento.

La causa en Delitos Económicos comenzó porque en la denuncia de las monjas de clausura se plantea la presunta existencia de “violencia de género y económica” por parte de Cargnello y de otros tres sacerdotes denunciados.

En los últimos días, los abogados representantes del convento plantearon, primero, la impugnación al pedido de Cargnello de ser querellante. Indicaron que “no se acreditaba” que era el arzobispo, por lo que no le reconocían “legitimidad” en la representación. Este punto se resolvió con la entrega de la documentación pertinente.

Después, hicieron un amparo ante la Justicia Federal por entender que la investigación debía pasar a esa jurisdicción. Fue rechazado en dos instancias y se confirmó a Salinas al frente de la causa. También la fundación vinculada con la “Virgen del Cerro” se presentó de manera espontánea. El legajo ya acumula varios cuerpos.

Hay una relación reconocida entre las monjas de clausura y la fundación. El terreno donde está la ermita de la devoción fue donado por Eduardo Garat y está a nombre del monasterio. En 2006, el convento realizó una transferencia gratuita de dominio fiduciario de la tierra a la fundación por 30 años.

Carlos Obeid, esposo de la mujer que dice tener las “apariciones” de la virgen, es síndico de las religiosas y miembro de la fundación. A nombre del Carmelo hay entre tres y cinco propiedades que son administradas por Marcelo Mentesana, que, según consta en la documentación, cobra por hacerlo.

A la espera

La jueza de Violencia Familiar y de Género, Carolina Cáceres Moreno, ya fijó audiencia para las declaraciones de los sacerdotes Martín de Elizalde, que fue visitador, junto a una monja, del convento en noviembre del 2020, y de Loyola Sancristóval, vicario judicial y juez del Tribunal Eclesiástico salteño, que fue a notificarles un pronunciamiento del Vaticano.

El abogado del arzobispo, Eduardo Romani, pidió el archivo de la causa al invocar que la ley establece que si no hay nuevos episodios de violencia se puede requerir. Mientras tanto, los denunciados no pueden acercarse al convento.

Desde fines de marzo, cuando el Vaticano se involucró abiertamente en el conflicto entre el Arzobispado y las monjas de clausura, se espera el nombramiento del “auxiliar apostólico” que anunció. Según pudo saber LA NACION, varios sondeados para hacerlo, rechazaron la posibilidad.

En ese documento, firmado por el arzobispo José Rodríguez Carballo, hay una referencia puntual a las cuestiones económicas: “La administración de los bienes temporales del monasterio debe ser transparente y presentada a la comunidad en todos sus aspectos, porque los bienes temporales son bienes de toda la comunidad y la priora y la ecónoma son solo sus administradoras en nombre de la comunidad. Para la transparencia de la economía y la administración de los bienes, el monasterio debería nombrar, preservando la propia ley, una ecónoma, de modo que el priorato y el economato no estén concentrados en una sola persona”.

Además les pide a las monjas que no se involucren con la “vidente” María Livia Galliano, la mujer que dice tener “apariciones” de la “Virgen del Cerro”. En el informe elevado por los visitadores al Vaticano consta que “las hermanas afirman, en cambio, que esa relación con la presunta vidente y los contenidos de los mensajes representa para la comunidad una gracia que las sostiene y conforta”. La devoción a la “Virgen del Cerro” no está aprobada por la Iglesia.

“La comunidad monástica se encuentra muy influenciada por las expresiones de esta señora; por ello las hermanas no aceptan las indicaciones del señor arzobispo, y se mantienen en esa posición, que atribuyen a un pedido de la Santísima Virgen, dirigido a la comunidad carmelitana por medio de la vidente”, agrega el texto, que también sugiere al Arzobispo pedir a la Santa Sede que investigue los “mensajes” de las supuestas apariciones.

La figura del “auxiliar apostólico” apunta a “regularizar” la situación. Para que se logre, las monjas deberían aceptar separarse de la fundación y no continuar con una devoción no reconocida por la Iglesia. Una última alternativa, de fracasar esta, es la designación de un “comisionado”, una suerte de “intervención” a la comunidad.