Comisionado de Miami destituido y con cargos penales demanda a la ciudad por este motivo

Mientras el ex comisionado de Miami Alex Díaz de la Portilla espera su juicio por cargos de corrupción, demandó al gobierno municipal por los recientes cambios en el mapa electoral que, según él, son ilegales.

Díaz de la Portilla y José García, pastor de la iglesia New Hope Ministries de Allapattah, acusan a la ciudad de haber infringido una ley estatal cuando los comisionados aprobaron un cambio en el mapa electoral de Miami en enero.

En una votación de 3 a 1, los comisionados cambiaron los límites del Distrito 1 para incluir la vivienda familiar del comisionado Miguel Ángel Gabela, cuya casa había sido excluida del distrito en un mapa electoral anterior aprobado en junio.

Gabela había propuesto inicialmente volver a incluir su casa en el distrito en diciembre, poco después de vencer a Díaz de la Portilla en la segunda vuelta de las elecciones. Los comisionados aprobaron el cambio de límites en una votación que incluyó a Gabela y, en víspera de Navidad, el alcalde Francis Suárez vetó la resolución, citando una ley estatal que impide a los funcionarios electos en ejercicio redibujar los límites del distrito para favorecerse a sí mismos.

El comisionado municipal de Miami Miguel Ángel Gabela escucha durante una reunión de la Comisión Municipal para votar la derogación de una ley de la ciudad que permite vallas publicitarias digitales de gran tamaño en el Pérez Art Museum Miami y el centro de espectáculos Arsht, en el Ayuntamiento, el jueves 8 de febrero de 2024.
El comisionado municipal de Miami Miguel Ángel Gabela escucha durante una reunión de la Comisión Municipal para votar la derogación de una ley de la ciudad que permite vallas publicitarias digitales de gran tamaño en el Pérez Art Museum Miami y el centro de espectáculos Arsht, en el Ayuntamiento, el jueves 8 de febrero de 2024.

En enero, los comisionados permitieron que se mantuviera el veto del alcalde. Pero en una votación separada de 3-1 en la que Gabela no participó, la comisión aprobó el mismo cambio de límites que sitúa la casa de Gabela en su distrito. El día anterior, el principal funcionario de ética de Miami-Dade dijo que Gabela incumpliría el código de ética del condado si votaba sobre el asunto.

En la demanda que presentaron el lunes, Díaz de la Portilla y García citan esa misma ley estatal mientras argumentan que la votación de la comisión en enero fue ilegal.

“La modificación manipulada de la Ciudad para dar cabida a la residencia de un comisionado titular infringe la ley de la Florida y las Constituciones y leyes de Estados Unidos y del Estado de la Florida, y les niega la igualdad de protección de las leyes”, dice la demanda.

La ley entró en vigor el 1º de julio.

“Los distritos no pueden trazarse con la intención de favorecer o perjudicar a un candidato a miembro del órgano de gobierno o a un miembro titular del órgano de gobierno basándose en el domicilio residencial del candidato o del titular”, dice la ley.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Circuito del Condado Miami-Dade por el abogado defensor de Díaz de la Portilla, Benedict Kuehne. Kuehne también representa a Díaz de la Portilla en un caso penal que condujo a la destitución del comisionado en septiembre, tras ser arrestado y acusado de vender su voto a cambio de contribuciones de campaña y regalos.

El comisionado, que se declaró inocente, está a la espera de juicio.

La denuncia incluye a la Ciudad de Miami y al secretario municipal Todd Hannon como acusados. La abogada municipal Victoria Méndez no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del Miami Herald el martes.

Demandas múltiples

La demanda del lunes es la más reciente de una ola de litigios derivados del controvertido retrazado del mapa electoral de la ciudad. En otra demanda, Díaz de la Portilla acusó a Gabela de vivir fuera de los límites del distrito mientras hacía campaña por el escaño del Distrito 1. El caso está pendiente.

Mientras tanto, el mapa electoral de la ciudad está en constante cambio debido a otra demanda federal. Grupos comunitarios y habitantes alegan que la ciudad adoptó un mapa inconstitucional y racialmente manipulado que usó cuotas raciales para clasificar a los habitantes de la ciudad por raza y etnia.

Tras un juicio de dos días a principios de febrero, se espera que el juez se pronuncie sobre el caso federal en las próximas semanas. La ciudad y los demandantes pudieran llegar a un acuerdo de conciliación antes de esa fecha.