Yahoo Noticias Comisión de la Verdad apunta a expresidentes y mandos militares como artífices de la “Guerra Sucia”
La Comisión de la Verdad, un organismo que investigó graves violaciones a derechos humanos en México entre 1965 y 1990 (Guerra Sucia), identificó la responsabilidad de expresidentes y mandos militares en casos de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, persecución y prisión política.
Entre 1965 y 1990 más de 5 mil personas habrían sido víctimas de graves violaciones a derechos humanos por agentes de seguridad, según los cálculos que la Comisión hizo a través del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, su grupo de trabajo abocado a la investigación de ese periodo.
El Mecanismo, coordinado por cuatro especialistas en diferentes áreas, atribuye estos crímenes a planes que se concertaron desde el gobierno federal, mismos que habrían sido apoyados por altos mandos militares, responsables de Secretarías de Estado e incluso por los presidentes de la República de la época.
“Es algo muy amplio por todas estas redes delincuenciales que se tejieron al interior del mismo Estado. Era un Estado delincuencial, desde el mismo presidente de la República que apoyaba esta política de contrainsurgencia”, expresa Abel Barrera, uno de los cuatro especialistas que coordinó las investigaciones del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
Durante el periodo investigado por la Comisión de la Verdad, México tuvo seis presidentes priistas: Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.
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No solo son ellos. Los expertos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico ubicaron a más de 500 perpetradores de estos crímenes del pasado. Los nombres de los supuestos implicados fueron incluidos en una lista en un informe que la Comisión de la Verdad dará a conocer en las próximas semanas.
Una parte de este informe, que consta de unas 5 mil páginas, fue elaborado bajo la coordinación del activista Abel Barrera, el politólogo Carlos Pérez Ricart y el sociólogo David Fernández Dávalos. Su documento se titula Fue el Estado 1965-1990.
Mientras que una segunda parte del informe, de unas 2 mil páginas, fue coordinado por la historiadora Eugenia Allier Montaño, quien tituló su documento Verdades innegables. Por un México sin impunidad.
Los investigadores, que primero presentarán a los sobrevivientes y las familias de víctimas el informe, no revelan datos específicos de sus investigaciones, pero en entrevista con Animal Político hablan en términos generales de sus hallazgos más importantes.
Sobre los crímenes del pasado, Eugenia Allier advierte que “la responsabilidad (de las autoridades) efectivamente va desde arriba hasta abajo, es una responsabilidad ampliada en la cual mucha gente tomó decisiones sobre lo que estaba pasando”.
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Ataques en más de la mitad del país y a múltiples sectores
La Comisión de la Verdad identificó la persecución y violación de derechos humanos de varios sectores entre 1965 y 1990: el movimiento urbano popular y contrainsurgente, personas que se oponían a la construcción de infraestructura, habitantes de zonas rurales, extranjeros y refugiados, disidentes políticos, la comunidad de la diversidad sexual, estudiantes y obreros.
Las fuerzas del Estado lo mismo atacaron en 1968 a estudiantes que se manifestaron en la Plaza de las Tres Culturas, que a un grupo de 300 indígenas totonacos y campesinos que intentaron recuperar sus tierras en la Sierra Norte de Puebla. O también a habitantes de colonias populares en Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California, que buscaban consolidar sus proyectos de vivienda popular.
“Fue una fuerza irracional que atentó contra todas las víctimas, la acción delincuencial se desató contra todas las personas que de algún modo expresaban algún pensamiento diferente al hegemónico”, señala Abel Barrera, quien también es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en el estado de Guerrero.
Para la realización del informe Fue el Estado 1965-1990, los especialistas junto con sus equipos de trabajo visitaron unos 90 archivos documentales, acudieron a campos militares, hicieron entrevistas y tuvieron foros de reunión con víctimas y sobrevivientes.
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A través de todas estas técnicas de investigación, los expertos llegaron a la conclusión de que los crímenes del pasado estuvieron antecedidos de un “plan sanguinario” que fue tolerado por las autoridades de más alto rango del país.
“Todo esto fue una acción planeada y eso es lo más grave, por eso decimos que fueron violaciones generalizadas y sistemáticas porque hubo todo un plan deliberado de cómo causar terror, de cómo atentar contra la vida”, insiste Barrera.
El activista añade que sus investigaciones les llevaron a conocer de graves violaciones a derechos humanos en el 60% de los estados del país. Un punto que también destaca la historiadora Eugenia Allier, quien junto con su equipo de trabajo pudo recorrer 14 estados de la República para documentar abusos cometidos en el pasado.
“El mapa del país también se amplió. Sabíamos que la contrainsurgencia en contra de las disidencias políticas había sido en Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Chihuahua. Pero luego, por ejemplo, encontramos desapariciones en Chiapas, ejecuciones extrajudiciales en Yucatán, Tabasco y el movimiento estudiantil en 1968, masacres en la región de la Huasteca”, explica Allier.
La doctora en Historia y Civilización, junto con su equipo, hizo la misma labor de entrevistar y escuchar a sobrevivientes, visitar lugares y consultar más de 40 archivos documentales para escribir el documento Verdades innegables. Por un México sin impunidad.
Aunque Allier trabajó por separado de sus otros tres compañeros coordinadores de la investigación, llega a la misma conclusión: el gobierno, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvo una “planificación sistemática” para anular a cualquier grupo disidente entre 1965 y 1990 (periodo conocido como “Guerra Sucia”), con el afán de mantener el poder.
“El gobierno no quería que hubiera un cambio político, entonces estaba tratando de detener a las disidencias políticas. En ese sentido hubo planes específicos, documentamos por lo menos unos diez o doce planes de distinto tipo”, añade Allier.
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Una lista de responsables y el acceso a la justicia
El acceso a la justicia en los crímenes del pasado sigue siendo un pendiente para México. Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), el gobierno federal creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), pero este organismo no tuvo éxito en castigar a las personas responsables de estos delitos.
El reto del acceso a la justicia se vuelve a poner sobre la mesa con los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
Esta Comisión, creada en 2021 por un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, también incluye un Comité de Impulso a la Justicia que tiene el objetivo de diseñar mecanismos de investigación para ayudar a que estos casos no queden impunes.
El Comité de Impulso a la Justicia, la Fiscalía General de la República y las autoridades en general ahora tendrán a su disposición un listado con presuntos responsables de los delitos cometidos en el pasado, así como declaraciones inéditas y materiales de archivo para sacar adelante sus investigaciones.
“Un punto fundamental es que exista la voluntad política para que esto llegue a la justicia (…) ahí van a tener las pruebas, ahí van a tener fotografías de los planes (de las masacres), detalles de dónde se pueden consultar”, expresa Eugenia Allier.
La especialista y su equipo ubican como presuntos responsables de estos crímenes a funcionarios que trabajaron en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Dirección Federal de Seguridad y otras dependencias de primer nivel del gobierno federal.
Sobre el acceso a la justicia, Abel Barrera considera que la Fiscalía será la que tendrá que continuar con el trabajo de investigación. “Es muy importante que se pueda brindar todo el apoyo con personal suficiente, con presupuesto, para que puedan realizar su tarea. Es una gran tarea esto porque son muchísimos casos y la intención de las familias, de los sobrevivientes, es que se judicialicen los casos”, agrega.
Los especialistas del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico insisten en la voluntad política porque, acusan, ellos mismos enfrentaron la falta de tiempo y recursos económicos para trabajar. De igual forma enfrentaron las resistencias por parte del Ejército para abrir sus archivos, en los que podría haber información clave para entender los crímenes ocurridos entre 1965 y 1990.
Las graves violaciones a derechos humanos siguen en el presente
Aunque la Comisión de la Verdad fue creada para investigar graves violaciones a derechos humanos del siglo pasado, el informe Fue el Estado 1965-1990 tiene un apartado en el que los especialistas señalan que estas vulneraciones siguen ocurriendo en el presente.
Los especialistas llaman “factores de persistencia” a la manera en que la “política” de atentar contra la vida en el siglo pasado sigue vigente en la actualidad.
“Ahora tenemos más colectivos, más víctimas, más sobrevivientes de esta guerra que se ha prolongado. Siguen los casos de personas desaparecidas, siguen las personas ejecutadas, todavía la tortura no se ha desarraigado como método de investigación”, lamenta Barrera.
El informe elaborado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, dividido en dos partes, fue entregado a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la dependencia que coordina la Comisión de la Verdad.
La presentación del informe aún no tiene fecha exacta, pero los especialistas que lo coordinaron ya están a la espera de que la Secretaría de Gobernación lo pueda imprimir para comenzar a darle difusión.
