Coca-Cola en México: la investigación que destapó el lado más oscuro de la botella

Coca-Cola y su hegemonía en México. (Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)
Coca-Cola y su hegemonía en México. (Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

La Coca-Cola es una bebida más que común en la mesa de los mexicanos: se ha vuelto toda una tradición en cualquier extracto social. En México se encuentra la región que más consume este refresco a nivel mundial: Chiapas. Y esta gaseosa representa el 70% de consumo de bebidas azucaradas en el país, de acuerdo con el Poder del Consumidor. Su influencia de extiende en todo el territorio por su alta capacidad de distribución y, desde luego, por la eficaz publicidad que es desplegada en todos los formatos: física, digital y vía medios electrónicos. Cada mexicano consume, en promedio, 163 litros de refresco al año.

Una investigación periodística, Las fichas de Coca-Cola, elaborada por las reporteras Kennia Velázquez y Elizabeth Rosales, ha sido premiada este semana en el Fetisov Journalism Awards en la categoría de Investigación Sobresaliente. El trabajo, publicado por Connectas y PopLab, explica el modo en el que Coca-Cola ha hecho de México su mercado más fuerte, valiéndose para ello de potentes lazos políticos, manipulación de información y comportamientos deshonestos.

Entre esos lazos, el más destacado es el del expresidente Vicente Fox, que antes de entrar en la política llegó a ser presidente de Coca-Cola para América Latina, después de escalar diversos cargos bajos e intermedios. Durante su mandato (2000-2006) nombró a Cristóbal Jaime Jáquez como director de la Conagua, que previamente había trabajado durante doce años en la refresquera. Durante la gestión de Jáquez, las concesiones para que Coca-Cola y Nestlé pudieran explotar el agua se triplicaron. En 2018, Fox contó al podcast Household name que Coca-Cola fue la primera empresa que le dio dinero para su campaña presidencial, como parte del recordado grupo "Los amigos de Fox".

Enrique Peña Nieto, además de mencionar, en una suerte de publicidad gratuita, que todos los días tomaba Coca-Cola, nombró en 2012 a Mercedes Juan López como secretaria de Salud. Ella había sido consejera de Coca-Cola y también presidenta de Funsalud, organización civil que recibe fondos de diversas industrias: la farmacéutica, hospitalaria, y, por supuesto, alimentos y bebidas. Esta funcionaria se opuso de manera constante a que las bebidas azucaradas recibieran un impuesto especial para desalentar su consumo.

De acuerdo con Fundar, durante el periodo que va de 2015 a 2019, 60 millones de pesos de pago en impuestos fueron condonados a Oxxo, propiedad de FEMSA, la embotelladora más redituable para Coca-Cola en cuestión de volumen, en otra prueba más de cómo el ámbito fiscal es altamente priorizado por estas empresas para que sus márgenes se extiendan pese a la alta rentabilidad que ya tienen. En 2020, FEMSA anunció que llegó a un acuerdo con el SAT para pagar 8 mil 790 millones de pesos y evitar llegar a un juicio. La investigación también obtuvo correos que intercambiaron la empresa y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en 2014.

El meollo del asunto era imponer un etiquetado frontal en los productos que, de acuerdo con los lineamientos solicitados por la Organización Mundial de la Salud, fuera honesta con los consumidores al mostrar el total de azúcar de los refrescos. Pero en una medida calculada, Coca-Cola consiguió que en ese etiquetado se ocultara el azúcar añadido y asesoró a la Cofepris para poner un amparo ante la Suprema Corte de Justicia. En 2020, con la entrada en vigor el etiquetado actual, que muestra los excesos de azúcares, sales y calorías, Coca-Cola tuvo que mostrar los sellos de azúcares y calorías, además de alertar que su producto contiene edulcorantes, cafeína y que los niños no deben consumirlo.

De acuerdo con cifras del gobierno federal, en México 12 millones 400 mil personas padecen diabetes. Por otro lado, se ubica como el quinto país con mayor obesidad en el mundo —según recogió la investigación periodística, del 2000 al 2018 la obesidad creció en un 42.2% en el país—. El problema de salud pública encuentra otra agravante en Coca-Cola no sólo por su consumo, sino también por los estudios científicos que ellos financian para tratar de ajustar la realidad y establecer que la obesidad no es culpa de ellos, sino de la inactividad física (y también forma parte de esta táctica relacionarse con diversos eventos deportivos).

Todo es posible gracias a las puertas giratorias

En cuanto a la explotación del agua, el caso más alarmante es el de San Cristóbal de las Casas, en donde la población consume Coca-Cola no por gusto, sino por obligación: la empresa explota el agua en la región y no queda otra opción. "Por mi trabajo en regiones indígenas puedo decirles que la falta de transparencia de Coca-Cola no solamente debe ser preocupación para sus inversionistas, es un asunto de vida y muerte”, dijo Marcos Arana, director del Observatorio del Derecho a la Salud, con sede en San Cristóbal, en una reunión con accionistas de Coca-Cola.

Todo este marasmo de deshonestidad no sería posible sin las llamadas "puertas giratorias", que permiten que funcionarios públicos entren a la empresa refresquera y viceversa (otro caso citado es el del expresidente Ernesto Zedillo, que al finalizar su mandato entró como consejero a la refresquera). “México es el país donde las redes entre las élites empresariales están más unidas en el mundo, gracias a asociaciones como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Gracias a iniciativas incluso alentadas por el propio Estado, los grandes empresarios de México fueron tejiendo muchas redes entre ellos”, opinó en el reportaje Julián Cárdenas, investigador de la Universidad de Valencia. El resultado final de todo este crucigrama puede verse reflejado en cualquier mesa mexicana, cuando la Coca-Cola sale de la botella.

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