Yahoo Noticias Qué fue el caso Manta y Vilca que llevó a la histórica condena de 10 exmilitares por la violación de niñas y mujeres campesinas en Perú
Cuarenta años después de que tuvieran lugar los hechos, la Justicia de Perú condenó con penas de entre 6 y 12 años de cárcel a 10 exmilitares procesados por la violación de nueve mujeres campesinas en Huancavelica, una región en el sur del país.
El caso –que se conoce como Manta y Vilca por el nombre de las comunidades donde ocurrieron los abusos- sucedió en 1984, en medio del conflicto armado interno en el que enfrentaron el ejército y el grupo maoísta Sendero Luminoso.
El fallo del tribunal fue emitido el miércoles en Lima en ausencia de los acusados y frente a seis de las víctimas.
Se trata de un veredicto histórico en el que el panel –integrado por tres jueces- indicó que el uso de la violación por parte de los soldados calificaba como un crimen de lesa humanidad en el contexto del conflicto armado interno
"Se condena a los acusados por los delitos contra la libertad y el honor sexual, considerados de lesa humanidad", sentenció el juez René Eduardo Martínez, de la Corte Superior Nacional.
“No es legítimo que se utilicen estrategias de violencia sexual como método de intimidación”, añadió el tribunal.
El conflicto, que se desarrolló entre 1980 y 1995, dejó más de 69.000 muertos.
Los detalles del caso
En la época en que se cometieron los abusos, los rebeldes del grupo Sendero Luminoso estaban particularmente activos en las regiones rurales de Perú.
En muchas ocasiones, las comunidades indígenas de la zona quedaban atrapadas en medio del fuego cruzado con el ejército.
Por un lado se veían obligados a brindarles comida a los rebeldes, mientras eran atacados por las fuerzas de seguridad por supuestamente cooperar con ellos.
En 1984 el ejército instaló una base cerca de las localidades de Manta y Vilca para tomar el control de la zona y, poco tiempo después, comenzaron las denuncias de violaciones a las mujeres del lugar.
Algunas de las víctimas eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos y cinco de ellas quedaron embarazadas.
El tribunal determinó que los soldados violaron sistemáticamente a niñas y mujeres locales dentro de sus bases militares, en los puestos de control y en los hogares de las víctimas.
Las sobrevivientes testificaron que los soldados actuaron con total impunidad.
María, de 54 años, cuyo apellido se mantiene en reserva por disposición judicial, tenía 15 años cuando fue violada en repetidas ocasiones por diferentes soldados y tuvo dos embarazos como consecuencia de los abusos.
“Éramos niñas”, dijo María. “Y enviaron el ejército a todas las zonas rurales (...) donde cometieron abusos. Abusos, violación, torturas, asesinatos. Soy testigo de eso”.
Violencia sexual generalizada
La naturaleza generalizada de la violencia sexual contra las mujeres que vivían cerca de las bases militares de Manta y Vilca fue registrada en un informe de 2003 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú (CVR).
El informe identificó a 24 mujeres que habían sido violadas en la zona. La violencia sexual era tan común que al menos 32 niños nacieron como resultado de esta, añadió la comisión.
El reporte de la CVR mostró que el abuso sexual no se limitaba únicamente a esta zona.
Afirmó que a nivel nacional más de 5.300 mujeres sufrieron abusos durante el conflicto armado, aunque Huancavelica fue una de las cinco regiones que registró el mayor número de estos crímenes.
De acuerdo al informe, la mayoría de los casos de abuso sexual fueron cometidos por el ejército y la policía (83%), mientras que el resto fue perpetrado por los rebeldes.
Reacciones
Grupos defensores de los derechos de las mujeres calificaron las sentencias, las primeras dictadas contra exsoldados por abusos sexuales, de "históricas".
Según dijeron la decisión constituía un hito en la lucha para llevar ante la justicia a los perpetradores de crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, algunas de las sobrevivientes expresaron que esperaban sentencias más largas para los exmilitares.
Una de ellas los acusó de "cobardes" por no presentarse al tribunal para recibir la sentencia.
Grupos de derechos humanos esperan que el caso Manta y Vilca siente las bases para que se juzguen otros presuntos crímenes del conflicto con Sendero Luminoso.
Sin embargo, un proyecto de ley que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso peruano podría significar que los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 no puedan ser juzgados en Perú.
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