Ex candidata a la Comisión de Miami-Dade enfrenta larga lista de cargos por financiación de campaña

Una ex candidata a la Comisión de Miami-Dade gastó más de $1 millón en desafiar a uno de los políticos más veteranos del condado el año pasado y ahora los fiscales dijeron que parte de ese dinero fue mal manejado.

Sophia Lacayo, quien se postuló contra el entonces alcalde de Doral Juan Carlos JC Bermúdez para la comisión del condado por el Distrito 12 en 2022, fue acusada de varias infracciones de la ley de financiamiento de campañas, anunció la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle en una conferencia de prensa el miércoles.

“Los números proporcionados en los documentos jurados de campaña no cuadraban”, dijo Fernández Rundle.

Lacayo, de 45 años, fue detenida mientras bajaba de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami. Sus cargos incluyen los siguientes:

▪ Cuatro cargos de hacer dos o más contribuciones de campaña en nombre de otro, un delito grave de tercer grado.

▪ Cuatro cargos por recibir dos o más contribuciones de campaña por encima de los límites, un delito grave de tercer grado.

▪ Siete cargos por falsificar informes o no incluir información deliberadamente, un delito menor de primer grado.

▪ Tres cargos por hacer una contribución a la campaña en nombre de otro, un delito menor de primer grado.

▪ Tres cargos por recibir una contribución a la campaña por encima del límite, un delito menor de primer grado.

De ser declarada culpable, podría enfrentarse a hasta 40 años de prisión, así como a 364 días de cárcel por cada uno de los cargos de delito menor, según confirmó la Fiscalía Estatal al Miami Herald, aunque es probable que no sea así.

Las infracciones, dijo Fernández Rundle, no fueron consecuencia producto de la inexperiencia, sino “pasos deliberados” para eludir las leyes financieras.

Según Fernández Rundle, el límite legal de las contribuciones a las campañas es de $1,000, que incluye los préstamos de particulares, organizaciones y partidos políticos. Todos los candidatos están obligados por ley a declarar todas sus contribuciones, préstamos y gastos.

Sin embargo, según Fernández Rundle, Lacayo usaba varias cuentas bancarias para ocultar el origen del dinero. Se trata de una estrategia habitual asociada al blanqueo de dinero, aunque no se le puede imputar de ese modo debido a la ley estatal, dijo.

Según Fernández Rundle, Lacayo transfirió más de $450,000 de su cuenta comercial a su cuenta personal y, finalmente, a su cuenta de campaña para eludir los límites de financiación de la campaña.

Las personas que le prestaron dinero a Lacayo, dijo Fernández Rundle, no se cree que estén involucradas de ninguna manera. Nadie más del equipo de campaña de Lacayo se enfrenta a cargos.

“No nos cabe duda de que estas acciones no pueden tolerarse en nuestra comunidad”, dijo. “Necesitamos unas elecciones justas, honestas y transparentes”.

Lacayo, propietaria de un negocio de preparación de impuestos, sorprendió a los observadores de la campaña en 2022 cuando su campaña superó a Bermúdez casi tres a uno con un fondo de campaña de $1.8 millones. Bermúdez fue alcalde de Doral más de 15 años.

Alrededor de $1 millón de eso vino de sus propias cuentas y empresas de su propiedad, según informes de campaña. Bermúdez ganó la carrera de dos personas con más de 65% de los votos.

Esta no es la primera vez que Lacayo está en problemas, dijo Fernández Rundle, al tiempo que mencionó que esta es la segunda acusación contra la aspirante política.

Durante la campaña de 2022, un abogado de Lacayo le pidió a un juez que sellara los registros de un caso penal anterior y, en 2020, Lacayo fue arrestada por cargos de perjurio relacionados con el lugar donde dijo vivir para calificar para su exitosa candidatura a la Comisión de Sweetwater.

El acuerdo de declaración de culpabilidad de Lacayo entonces la libró de un veredicto de culpabilidad, imponiéndole un año de libertad condicional, $3,750 en honorarios y el requisito de que renunciara a su escaño en Sweetwater. Lacayo retiró la solicitud de sellado de los registros después que se hizo público el archivo.