¿Algo cambió después de un año de la masacre de Uvalde?

UVALDE, Texas — El tiroteo ocurrido en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, en mayo de 2022 cambió de cierto modo el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos: diecinueve alumnos de cuarto grado y dos profesores murieron en uno de los tiroteos escolares más mortíferos en la historia del país.

Sin embargo, lo que hizo extraordinario el ataque de Uvalde no fue solo el número de víctimas mortales. Fue el hecho de que más de 370 agentes de organismos locales, estatales y federales acudieran al lugar de los hechos —algunos de ellos se quedaron parados en el pasillo de la escuela—, pero permitieron que el tirador permaneciera escondido con los alumnos dentro de la escuela durante 77 minutos antes de irrumpir para matarlo.

Tras el atentado, surgieron muchas preguntas, no solo sobre las leyes que regulan el acceso a las armas, sino también sobre la capacitación de la policía, las respuestas de emergencia, la seguridad y la preparación de las escuelas, y sobre quién sería responsable en última instancia de una omisión que se produjo a tantos niveles.

En el año transcurrido desde el atentado, varias personas han dimitido o han perdido su empleo. Se han debatido nuevas leyes, y algunas se aprobaron. Se han abierto investigaciones penales. Los sobrevivientes se han sometido a meses de fisioterapia.

Los que no sobrevivieron fueron enterrados.

¿Ha hecho todo esto que sea menos probable que se produzca otro tiroteo masivo? En Uvalde, la gente ha tenido sus dudas.

“Hace casi un año y, sinceramente, nada ha cambiado”, aseguró Jesse Rizo, tío de una de las víctimas de la masacre, al consejo escolar de Uvalde en las semanas previas al aniversario del tiroteo del miércoles.

El ataque del 24 de mayo

El atacante trepó por una valla baja y entró en el colegio por lo que resultó ser una puerta abierta cerca de las 11:30 a. m. de ese martes, mientras los alumnos de las aulas más atacadas, las 111 y 112, estaban viendo películas. En cuestión de minutos, varios agentes, entre ellos el jefe de la pequeña policía escolar, Pete Arredondo, llegaron y siguieron los ruidos de los disparos hasta las dos aulas. Dos agentes fueron alcanzados por las balas cuando se acercaban a una de las puertas de las aulas y retrocedieron.

Arredondo tomó la decisión de no tratar la situación como un tiroteo activo, sino como un incidente con un sujeto atrincherado, y se decidió esperar hasta que llegara un equipo táctico fuertemente armado de la Patrulla Fronteriza con mejor equipo para irrumpir en el aula.

Steven McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, culpó de inmediato a Arredondo por la demora, pero un informe de un comité especial de la Cámara de Representantes de Texas sobre el tiroteo concluyó que el fallo fue “sistémico”, señalando que decenas de agentes estaban allí y que tampoco actuaron, incluso cuando los niños estaban llamando al 911 desde el interior de las aulas.

¿Habría salvado vidas una respuesta policial más rápida? Aún no hay una respuesta precisa a esa pregunta. Las víctimas sufrieron heridas terribles, y la mayoría parece haber muerto en el acto. No obstante, algunas murieron de camino al hospital y, en una nota final a pie de página del informe, el comité concluyó: “Es plausible que algunas víctimas hubieran podido sobrevivir si no hubieran tenido que esperar” por el rescate.

Varias personas han perdido su trabajo

Arredondo fue uno de los primeros en irse, cuando el consejo escolar votó de manera unánime en agosto a favor de su despido, al son de vítores y aplausos en el auditorio abarrotado de la escuela. Los abogados de Arredondo, que ha dicho que los agentes se centraron razonablemente en evitar que el derramamiento de sangre se extendiera a otras aulas, calificaron su despido de “linchamiento público inconstitucional”.

El distrito escolar desmanteló después todo su cuerpo de policía, que constaba de cinco agentes, y aún está en proceso de renovarlo con nuevas contrataciones.

El cuerpo de policía de la ciudad tampoco salió ileso: el teniente que estaba al mando el 24 de mayo mientras el jefe de policía estaba de vacaciones, Mariano Pargas Jr., dimitió a mediados de noviembre tras dieciocho años en el cuerpo.

Y en medio de la presión de las familias de las veintiuna víctimas, Hal Harrell, el superintendente de la escuela, se retiró en otoño. Lo sustituyó Gary Patterson, exsuperintendente de San Antonio.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas, la agencia policial estatal que incluye a los Texas Rangers, también tomó medidas para dar de baja al menos a dos de los siete agentes que estaban siendo investigados por su papel en la intervención, entre ellos el sargento Juan Maldonado y un miembro de los Texas Rangers, Christopher Ryan Kindell, aunque algunas de esas investigaciones siguen pendientes.

La fiscal del distrito local, Christina Mitchell, sigue estudiando si se deben presentar cargos penales contra alguno de los policías que intervinieron. Mitchell ha manifestado su intención de presentar cualquier prueba de delito ante un gran jurado. No se espera ninguna decisión sino hasta dentro de unos meses.

También están pendientes las investigaciones del Departamento de Justicia y de la ciudad de Uvalde, que ha contratado a un investigador independiente.

“Todos los que estaban allí ese día deben rendir cuentas”, afirmó el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin.

Cambios en la capacitación y el equipamiento de la policía

La respuesta de los agentes de Uvalde ha sido condenada ampliamente. Pero no ha dado lugar a cambios inmediatos en la capacitación de los agentes de policía en Texas. En julio, McCraw, el director de seguridad pública del estado, dijo que su agencia “proporcionaría formación y directrices adecuadas para reconocer y superar las malas decisiones de mando en una coyuntura de tirador activo”.

Pero varios expertos policiales señalaron que la creación de ese tipo de capacitación suponía un reto porque contradecir las órdenes de un comandante de incidentes iba en contra de la orientación de la mayoría de los departamentos de policía. Y el estado todavía tiene que poner en marcha una nueva capacitación basada en la directiva del año pasado.

Mientras tanto, la atención se ha concentrado en aumentar las precauciones de seguridad y mejorar el equipamiento. En Uvalde, la policía local dispone ahora de escudos balísticos y cascos adicionales, así como de nuevas herramientas para abrir puertas atrincheradas. En las escuelas de Uvalde, los administradores han instalado nuevas vallas de casi 2,5 metros, sensores que alertarían al personal si una puerta no se cerrara correctamente y más cámaras de seguridad para vigilar la actividad en el exterior de todas las escuelas.

Cambios en las leyes de armas

Texas ha tomado medidas para ampliar el acceso a las armas de fuego en el año transcurrido desde el tiroteo.

Meses antes del atentado, los legisladores de Texas eliminaron el requisito de obtener un permiso para portar armas de fuego. Tras el atentado, el estado redujo también la edad requerida para portar un arma de fuego de 21 a 18 años, una vez que las autoridades dejaron de defender el límite de edad más alto en los tribunales en diciembre.

A principios de mayo hubo un ligero movimiento en la Asamblea Legislativa, cuando un proyecto de ley que habría elevado la edad para comprar un rifle AR-15 de 18 a 21 años recibió un voto favorable en un comité de la Cámara de Representantes. La legislación quizá habría impedido que el pistolero de 18 años de Uvalde comprara el arma que utilizó en la masacre.

Sin embargo, el proyecto de ley incumplió un plazo clave y no fue sometido a votación en el pleno de la Cámara de Texas.

En el resto del país, las leyes de control de armas propuestas desde Uvalde han tenido resultados desiguales, con restricciones o ampliaciones del acceso en función del partido en el poder.

El verano pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que habría restablecido la prohibición federal de las armas de asalto, pero se estancó en el Senado.

También el verano pasado el Congreso aprobó un proyecto de ley federal sobre el control de armas para el que un órgano a menudo dividido logró unirse, aliado por la tragedia de Uvalde. Los demócratas y un número suficiente de republicanos aprobaron una medida que mejora la comprobación de antecedentes de los posibles compradores de armas menores de 21 años, lo cual permite que la policía verifique los antecedentes de los menores, incluyendo los antecedentes de salud mental, a partir de los 16 años. El presidente Joe Biden firmó esa ley.

La ley también proporciona millones de dólares a los estados para que pongan en marcha leyes de señal de alerta —también conocidas como leyes de bandera roja—, refuerza las leyes contra las compras mediante intermediarios y el tráfico de armas y proporciona fondos para la intervención en crisis de salud mental.

Los activistas contra la violencia armada, incluídas las familias de Uvalde, aseguraron que planeaban volver a Washington D. C. con el fin de ejercer presión a favor de la prohibición total de las armas de asalto.

c.2023 The New York Times Company