‘Código ético’ de la Corte Suprema es un flagrante intento de confundir a a EEUU

El nuevo código ético de la Corte Suprema es poco más que un intento desnudo de confundir a nuestra nación después de un año de reportes inquietantes que muestran que los jueces han estado involucrados en lo que se consideraría una conducta muy poco ética en cualquier otra rama del gobierno.

El presidente de la Corte Suprema John Roberts quiere hacer creer a los estadounidenses que los problemas éticos autoinfligidos por los jueces son simplemente un “malentendido” y que los jueces están simplemente codificando principios que ya rigen su conducta. En otras palabras, “Esto está bien”.

Pero las últimas encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses —independientemente de su afiliación política— no está de acuerdo. Es hora de exigir responsabilidad a la máxima autoridad legal de nuestro país aprobando el código ético presentado por los demócratas del Senado.

La ley federal exige a los jueces que se abstengan de conocer de casos en los que su imparcialidad pueda ser razonablemente cuestionada, un mandato que la Corte Suprema ha ignorado flagrantemente y que ahora intenta reformular. La ley dice que los jueces “deberán recusarse” en tales casos, pero el nuevo código de conducta de la Corte Suprema solo sugiere que los jueces “deberían recusarse”.

Peor aún, el código es inaplicable. Al otorgar a los jueces el poder exclusivo sobre sus propias recusaciones, garantiza que nada cambie. Compárese este lenguaje salvajemente permisivo con las estrictas prohibiciones impuestas a los empleados federales de recibir regalos de cualquiera que lleve a cabo “actividades reguladas por [su] agencia” o tenga “intereses que puedan verse sustancialmente afectados por” sus acciones. Los miembros del Congreso deben reportarle a su oficina de ética siempre que reciban un regalo de más de $250 de un amigo íntimo. Mientras tanto, los magistrados de la Corte Suprema llevan años omitiendo en sus formularios de declaración los gastos de viaje y los negocios inmobiliarios por valor de cientos de miles de dólares.

Roberts dijo que la Corte “respeta desde hace tiempo” los principios éticos. En los últimos años, hemos visto a multimillonarios acoger a los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito en sus jets privados, superyates y complejos turísticos cuando pueden beneficiarse financieramente de una sentencia en un caso activo; hemos visto a jueces participar en secreto en actos de recaudación de fondos para entidades que luego financian informes amicus curiae para influir en el tribunal; e incluso hemos visto demandas derivadas de entidades con importantes vínculos de financiación con el activista judicial Leonard Leo, quien, de acuerdo con un reporte de Washington Post, le canalizó en secreto decenas de miles de dólares a la esposa de Thomas.

En ninguno de estos casos los jueces se han recusado a sí mismos.

Este nuevo código ético no cambiará nada; de hecho, su adopción solo intensifica la necesidad del Congreso de establecer un código de conducta real y aplicable. Los jueces han sido descarados en su desprecio por las normas éticas, con Roberts rechazando la petición del Comité Judicial del Senado para testificar sobre el tema y Alito afirmando que el Congreso no tiene “ninguna autoridad” para regularlas.

El 70% de los estadounidenses ya piensa que la Corte Suprema debería estar sujeta a las investigaciones éticas del Congreso y es poco probable que se traguen este código de conducta. Tres de cada cuatro votantes —incluido el 72% de los republicanos— apoyan la adopción de medidas en el Congreso para implantar un código ético vinculante sobre estos jueces que se niegan a vigilarse a sí mismos.

Con este fin, el Senado ya aprobó la Ley de Ética, Recusación y Transparencia de la Corte Suprema, que adoptaría un código de conducta, proporcionaría un mecanismo para investigar las violaciones éticas, mejoraría las leyes de divulgación y exigiría a los jueces que expliquen públicamente sus decisiones de recusación cuando tengan conexiones con las partes ante el tribunal.

Es hora de que el Senado apruebe este proyecto de ley y lo traslade a la Cámara y, si la Corte Suprema sigue rechazando la supervisión razonable y legítima, el Congreso debería tomar medidas adicionales para frenar a este tribunal fuera de control, incluyendo la consideración de límites de mandato para los jueces, que el 68% de los estadounidenses apoyan.

La Corte Suprema dijo que el código que acaba de promulgar es suficiente, cuando en realidad le da luz verde a la atroz conducta de los jueces.

Devon Ombres es director senior de Tribunales y Política Legal de Center for American Progress.

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