Autoridades de seguridad de Ecuador cierran filas ante críticas por 4 menores desaparecidos

QUITO (AP) — A 22 días de la desaparición de cuatro menores en Ecuador y sin que se confirme hasta el momento la identidad de los cadáveres encontrados cerca a la base militar donde presuntamente fueron llevados, los mandos militares y de Defensa niegan que se trate de una desaparición forzada.

Loa cuatro adolescentes de entre 11 y 15 años desaparecieron el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil —puerto principal ecuatoriano— tras un partido de fútbol. Se conoce que fueron detenidos por una patrulla de 16 militares y trasladados a un destino que es incierto.

Tanto el ministro de Defensa como autoridades militares aseguran que los cuatro fueron posteriormente liberados cerca de la base militar de Taura, en un cantón aledaño a Guayaquil. Sin embargo, el reciente hallazgo de cuatro cadáveres carbonizados en una zona rural de Taura mantiene en vilo a los familiares que esperan la identificación de los cuerpos para conocer si son sus hijos.

Ante una comisión legislativa que les pidió explicaciones de lo sucedido el lunes, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el jefe del Comando Conjunto, Almirante Jaime Vela; y el comandante de las Fuerzas Armadas, general Celiano Cevallos, se desmarcaron de los señalamientos a las fuerzas de seguridad por el caso que ha conmocionado al país andino.

Para el jefe del Comando Conjunto, “este malhadado incidente” no debe lesionar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, cuya misión, dijo ante los asambleístas, es “preservar la paz y la seguridad de todos los ecuatorianos”.

A pesar de que en una audiencia de habeas corpus para requerir la liberación de los cuatro adolescentes desaparecidos, una jueza trató el caso la semana pasada como de desaparición forzada y que la fiscalía está investigando a 16 militares por ese presunto delito, las autoridades del ramo cerraron filas en torno a los militares.

El martes se espera la audiencia de formulación de cargos contra los uniformados, mientras organizaciones de derechos humanos realizan plantones exigiendo justicia.

El ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Armadas insistieron en la versión de que la detención de los menores se realizó ante un supuesto "delito flagrante”.

Según el informe del jefe de la patrulla, citó el comandante Cevallos, “cerca del mall del sur, vimos que un grupo aproximadamente de unas ocho personas interceptan a una mujer y le quitan sus pertenencias, a lo que procedemos a bajarnos de los automóviles, neutralizar y detener a tres de los involucrados y uno adicional que fue entregado por un ciudadano”.

Dichas aseveraciones, previamente difundidas en una radio local por el ministro Loffredo, apuntan a señalar a los cuatro desaparecidos como presuntos asaltantes y han sido refutadas tanto por los familiares como por el abogado de los familiares de los menores, Fernando Bastias, quien pidió enjuiciar políticamente al ministro y acusó al gobierno de emprender “una campaña muy bien estructurada para estigmatizar a los niños".

Señaló además que no existen pruebas del supuesto robo, de acuerdo a lo que dijo el fiscal del caso en la audiencia de hábeas corpus, en la que una jueza declaró que se trata de una desaparición forzada.

El asambleísta de oposición, Jorge Peñafiel, dijo a The Associated Press que existen inconsistencias en las declaraciones de las autoridades que inicialmente negaron la participación de los militares en el hecho y luego tuvieron que admitirlo.