Yahoo Noticias Aumenta cifra de solicitudes rechazadas al mecanismo de protección a periodistas en sexenio de AMLO
Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el número de solicitudes de protección a periodistas rechazadas ha aumentado, al pasar de 68 en el sexenio anterior a 113, mientras que seis comunicadores han muerto bajo su protección, revela un informe de Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
De acuerdo con el documento Nadie garantiza mi seguridad: la urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas, lo anterior significa que el 62.44% del total de solicitudes rechazadas desde el año 2012, año en el que arrancó funciones el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, han ocurrido durante este sexenio.
“El número de rechazos ha aumentado notablemente en los últimos años, de uno en 2020 a 14 en 2021, 49 en 2022 y otros 49 en los primeros once meses de 2023”, señala el informe.
Por su parte, a respuesta de una solicitud de información de las organizaciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que desde la fundación del Mecanismo se habían reportado 8 periodistas asesinados que estaban bajo su protección, 6 de los cuales también ocurrieron durante la actual administración, cifra aún más relevante si se toma en cuenta que México es considerado el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental.
“Dos periodistas fueron asesinados en Quintana Roo (2018 y 2019) cuando estaban inscritos en el Mecanismo mientras que los otros seis asesinatos se cometieron en los estados de Veracruz (2017), Baja California Sur (2019), Guerrero (2020), Sonora (2020), Oaxaca (2021) y Michoacán (2022)”, señaló.
Sobre este punto, incluso las organizaciones preguntaron a la Secretaría de la Función Pública si algún miembro del Mecanismo había sido sancionado por su desempeño. En principio la Secretaría no respondió, pero más tarde reveló que no había constancia de ninguna sanción contra ninguna persona empleada en la Segob.
La Segob dijo que no disponía de registros de periodistas asesinados tras la denegación de sus solicitudes de protección por el Mecanismo. Sin embargo, en diciembre de 2021, Los Angeles Times informó que cinco periodistas habían sido victimas de asesinato ese año tras haber rechazado presuntamente el mecanismo sus peticiones de ayuda.
De esta forma, aunque las organizaciones señalaron que el Mecanismo “ha contribuido a garantizar la seguridad de cientos de periodistas en situación de riesgo en uno de los entornos más peligrosos del mundo para la prensa”, concluyeron que existen “errores y deficiencias graves en el desempeño y las capacidades del Mecanismo, que dejan a muchos/as periodistas sin protección ante graves peligros”.
“Los ataques contra periodistas y otro personal de los medios de comunicación menoscaban el derecho de las personas y de la sociedad en general a buscar y recibir información, su protección es esencial para garantizar la libertad de expresión”.
Tres testimonios de la violencia contra periodistas
El periodista Rubén Pat Cauich, quien murió por disparos en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 24 de julio de 2018, era uno de los periodistas que fue asesinado apenas dos meses después de inscribirse en el Mecanismo.
Su historia forma parte de uno de los tres casos que Amnistía Internacional y el CPJ utilizaron en el informe para poner en relieve las graves deficiencias en la gestión de las situaciones de alto riesgo por parte del Mecanismo.
Pat había denunciado múltiples amenazas y actos de agresión contra su persona, e incluso reportó que su empleado José Guadalupe Chan Dzib había sido asesinado unas semanas antes, el 29 de junio de 2018. Pese a lo anterior, el Mecanismo no le asignó escoltas, solo le proporcionó un “botón de pánico”.
De acuerdo con el informe, las medidas de protección más habituales que el Mecanismo había concedido a periodistas hasta noviembre de 2023 eran botones de pánico (en 2,584 casos), números de teléfono para contactar en caso de emergencia (2,259 casos) y patrullas policiales en el exterior de sus casas o lugares de trabajo (1,055 casos).
De hecho, el CPJ se comunicó con Pat frecuentemente en las semanas previas a su muerte. En la última ocasión, el periodista dijo a la organización que creía que estaba en “peligro inminente” y que los reiterados intentos de transmitir la urgencia al Mecanismo no habían tenido respuesta.
Asesinato del periodista Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca
Otro caso fue el del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, que solicitó su inscripción en el Mecanismo más de 13 meses antes de morir por disparos cerca de su domicilio en Morro de Mazatlán, Oaxaca, el 17 de junio de 2021.
En este caso, el Mecanismo se demoró más de 8 meses en aprobar su solicitud, pero ni siquiera entonces proporcionó a Sánchez medida de protección alguna, a pesar de haber sufrido múltiples tiroteos y amenazas durante su último año de vida.
En el caso de Sánchez Cabrera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que miembros del Mecanismo “incurrieron en notorias irregularidades y omisiones que impactaron de manera directa en su vida, integridad y seguridad personal” y que lo “dejaron en estado de indefensión”.
Su viuda, Marilú Salinas, dijo a Amnistía Internacional y el CPJ que “se pudo haber evitado todo, si las autoridades correspondientes hubieran actuado antes, cuando él lo solicitó”.
El último caso documentado por las organizaciones es el del periodista Alberto Amaro Jordán, de Tlaxcala, que durante los últimos años ha sido golpeado, amenazado y detenido por agentes de policía, intimidado por presuntos miembros del crimen organizado, ha sufrido un intento de allanamiento y han disparado contra su casa, entre otros ataques.
Pese a lo anterior, en agosto de 2023, el Mecanismo decidió que ya no estaba en peligro después de cuatro años de inscrito en la institución y le comunicó que le retiraría los cuatro escoltas.
El informe refiere que el mecanismo había asignado escoltas a periodistas en 337 casos, por lo que esta medida era una de las que se usaba con menor frecuencia. La Segob, incluso, señaló que al principio un contratista privado, RCU Sistemas, estaba encargado de proporcionar los escoltas.
En el mismo mes todos los escoltas fueron retirados, por lo que las autoridades informaron que la protección sería otorgada a través del Servicio de Protección Federal, un organismo gubernamental, cambio que se introdujo -como se mencionó con anterioridad- luego de quejas de personas beneficiarias del Mecanismo por el comportamiento y la fiabilidad de los escoltas asignados por RCU, denuncias derivadas del reportaje de Los Angeles Times.
Amaro interpuso un amparo para suspender la retirada de sus escoltas y un juez falló a su favor, pero no está claro si el Mecanismo seguirá proporcionando protección en el futuro.
En este caso particular, Amnistía Internacional y el CPJ encontraron “graves errores” en la evaluación de riesgos de Amaro de julio de 2023, entre ellos la decisión del Mecanismo de que la detención de una persona involucrada en las agresiones en su contra era “suficiente para mitigar los riesgos a los que se enfrentaba el periodista”.
También, las organizaciones manifestaron su preocupación por la aparente renuncia de las instituciones federales que son miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo para estudiar siquiera la posibilidad de mantener las medidas de protección del periodista.
¿Qué es y para qué sirve el Mecanismo de protección a periodistas?
En respuesta a considerables presiones de grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales de derechos humanos, el Congreso de México aprobó en junio de 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el que se exigió al Gobierno Federal la creación de un mecanismo para garantizar dicha protección.
De esta forma, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas comenzó su actividad en noviembre de ese año, bajo la supervisión de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, bajo la responsabilidad directa de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.
Aunque de su actividad diaria se encarga la persona que dirige la Unidad de Promoción, la Junta de Gobierno del Mecanismo tiene la última palabra en todas las decisiones importantes que adopta la institución. Esta Junta está integrada por nueve miembros permanentes con derecho a voto, cinco de los cuales son representantes de instituciones federales como la Fiscalía General de la República (FGR) y la CNDH.
El principal cometido del Mecanismo es proporcionar medidas de protección a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos amenazados, misma que proporciona varias decenas de tipos distintos de medidas de protección, entre las que están la reubicación, botón de pánico, vehículos a prueba de balas, casas seguras, entre otras.
Cuando se acepta a un o una periodista como beneficiario, el Mecanismo tiene por Ley hasta nueve horas para implementar medidas de protección urgentes, medidas que a veces no son suficientes pues a veces el riesgo al que se enfrentan las y los periodistas y la necesidad de vivir bajo la protección estatal es tal que han tenido efectos considerables en su bienestar físico y mental.
“Entre las mayores alteraciones en sus vidas, en las respuestas se mencionaron la pérdida de sus ingresos, el hecho de tener que desarraigar a sus familias de sus lugares de origen y sacar a los hijos e hijas de sus escuelas, perder sus círculos sociales y tener que autocensurarse como mecanismo de supervivencia”, señalaron las organizaciones.
Discrepancias en el número de periodistas asesinados en México
Otro de los hallazgos del informe es que las estadísticas sobre el número de periodistas asesinados en México varían notablemente, incluso entre las autoridades federales.
Por ejemplo, desde 2012 hasta diciembre de 2023, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR), registró 86 asesinatos a periodistas. De estos casos, consideró que 30 de los asesinatos guardaban relación con el ejercicio de la profesión estadística.
Sin embargo, desde 2012 hasta octubre de 2022, la Segob registró 166 asesinatos de periodistas, sin especificar cuántos de ellos estaban vinculados al trabajo de las víctimas.
“Las diferencias entre estos conjuntos de cifras pueden deberse en parte a que la FEADLE no incluye las cifras de las fiscalías estatales. No obstante, revelan una falta de claridad y coordinación entre las instituciones federales y locales que podrían menoscabar los esfuerzos para diseñar e implementar medidas de protección efectiva”.
Por su parte, el CPJ ha registrado 88 asesinatos de periodistas y otro personal de medios de comunicación en México desde 2012 y ha verificado que el asesinato de 37 de esas personas guardaba relación con su trabajo.
Pese a las cifras, recién el pasado 23 de febrero de 2024, el presidente negó que exista impunidad en el asesinato y las agresiones a las y los periodistas en el país. Los dichos del mandatario federal ocurrieron apenas un día después de que en su conferencia de prensa matutina difundió los datos personales de una periodista del New York Times.
“Ustedes son los más tenaces informadores o, mejor dicho, desinformadores, los más tenaces manipuladores. Esto que dicen, de que hay un gran riesgo para los periodistas, es una asociación vinculada a grupos de intereses creados, a gobiernos hegemónicos. Claro que lamentablemente hay compañeras, compañeros que han perdido la vida, pero no hay impunidad”, dijo en respuesta a una reportera que le preguntó si no fue un error publicar la información privada de la periodista.
¿Y la Fiscalía? Autoridades federales nunca han declarado culpable a actores intelectuales de asesinatos a periodistas
De junio a septiembre de 2023, las organizaciones también recopilaron las respuestas a un cuestionario de periodistas inscritos actualmente en el Mecanismo, de las que se recibieron 28 respuestas.
Aunque Amnistía Internacional y el CPJ no consideran exhaustivos los resultados de estas respuestas, señalan que muchos de los testimonios plantean “graves motivos de preocupación con respecto al desempeño del Mecanismo y ponen de relieve importantes oportunidades de mejora”.
Por ejemplo, señala que, a pesar de elevado número de ataques contra la prensa, desde 2012 y hasta diciembre de 2023, la FEADLE logró que se dictarán únicamente 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas, incluidas amenazas, robos, tortura y homicidios, con condenas de 2 días a 50 años de prisión, de las cuales la FEADLE logró únicamente ocho condenas por asesinato de periodistas.
“La impunidad es un factor clave en la violencia contra periodistas en México, pues la inmensa mayoría de los ataques quedan sin castigo. En las contadas ocasiones en que las autoridades logran que se dicten sentencias condenatorias, suelen ser contra quienes llevaron a cabo los ataques, pero no contra quienes lo ordenaron”, concluyeron.
Cuando Amnistía Internacional y el CPJ preguntaron a la FGR cuántas de estas sentencias condenatorias correspondían a quienes llevaron a cabo y a quienes ordenaron los homicidios, este organismo no proporcionó información, por lo que la investigación de las organizaciones concluyó que “las autoridades federales nunca han declarado culpable al autor intelectual del asesinato de un/una periodista desde que la FEADLE comenzó a enjuiciar este tipo de casos en 2010”.
Por su parte, la Segob afirmó que no disponía de información sobre sentencias condenatorias relacionadas con los 166 asesinatos de periodistas que habían registrado desde 2012, porque el Mecanismo “no interviene en la investigación ni en el enjuiciamiento de los delitos”.
Al respecto, una periodista dijo a las organizaciones: “Yo he pedido al mecanismo que pidan cuentas a la FEADLE por su falta de investigación. Creo que debería haber una mayor conexión entre mecanismo e investigación, porque son dos dimensiones que están interconectadas y sin embargo se tratan como dos dimensiones burocráticamente separadas. Es muy frustrante porque la investigación judicial de las amenazas es indispensable para poner fin a las amenazas y garantizar la seguridad.”
Veracruz: con más asesinatos y desapariciones de periodistas, pero sin aceptar ayuda federal
Una de las últimas revelaciones del informe de Amnistía Internacional y el CPJ fue el referente a los llamados “acuerdos de colaboración” en los que diversas autoridades se unen para llevar a cabo tareas en conjunto en diversas materias, como la protección a las y los periodistas.
Al respecto, la Segob informó que el Mecanismo ha suscrito acuerdos de colaboración con las autoridades de los 32 estados de la República, pero que sólo 2 de ellos -Veracruz y la Ciudad de México- “gestionaban plenamente sus propios mecanismos de ámbito estatal para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas”, pero señaló que “no se tiene registro de los recursos con los que cuentan los mecanismos de protección estatales”.
Para las organizaciones, la ausencia de este tipo de registros parece reflejar la falta de coordinación entre los mecanismos de protección estatales y federales, que puede menoscabar su capacidad para diagnosticar y remediar de modo eficaz situaciones de riesgo potencial para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
El estado más peligroso para los periodistas desde el 2012, según las organizaciones, es Veracruz, con 21 asesinatos, seguido de Guerrero (10), Oaxaca (9) y Sonora (7).
En octubre de 2023, Animal Político documentó que el gobierno de Cuitláhuac García acumulaba cinco asesinatos de periodistas, mientras que dejaba impune 18 casos de las administraciones pasadas de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes.
Ahora, por si fuera poco, México también presenta el número más alto de periodistas desaparecidos en el mundo, según datos del CPJ, pues hasta finales de 2023 se habían confirmado la desaparición de al menos 15 periodistas, pero ninguna de esas desapariciones tampoco ha dado lugar a una sentencia condenatoria o la imposición de penas.
Al igual que en la lista de asesinatos, en la lista de estados que presentan el número mayor de periodistas desaparecidos está a la cabeza Veracruz, seguido de Michoacán y Guerrero.
