Aumenta agitación política en Doral tras ‘filtración de datos’ que afecta a concejales

Una irregularidad de información que permitió a empleados del Ayuntamiento de Doral ver los archivos privados de concejales en una red compartida ha provocado una agitación en la ciudad, en que una concejal y la jefa de gabinete de la alcaldesa han presentado denuncias una contra otra.

El núcleo de las quejas se remonta al 24 de enero, cuando el Departamento de Tecnología de la Información de la ciudad descubrió lo que denominó “error de configuración de permisos”. Dos concejales, Maureen Porras y Rafael Pineyro, se vieron afectados.

Desde entonces, Porras presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, acusando a la jefa de gabinete de la alcaldesa Christi Fraga, Marion C. Troitino, de incumplimiento de la Ley de Transparencia y de filtración de datos. Porras dijo que Troitino accedió a casi 60 de sus archivos siete días antes de una votación anticipada sobre si despedir o no a la administradora municipal, algo que ella cree que no es una coincidencia.

“Yo era el voto decisivo; querían saber cómo iba a votar”, dijo Porras.

En respuesta, Troitino presentó su propia queja ante la Comisión de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade, alegando que Porras había aprovechado su posición oficial mediante el uso de computadoras del gobierno municipal para acceder a documentos relacionados con su práctica de derecho de inmigración. Troitino dijo que esa información salió a la luz en un informe de TI sobre el tema de los datos.

Denuncia de una filtración de datos previa a una votación anticipada

La declaración de un técnico de IT enviada a la alcaldesa detallaba que entre las 4 p.m. y las 5 p.m. del 25 de enero, un día después de descubrir el problema tecnológico, el técnico Brian Vázquez se reunió con Troitino en el despacho de ella. Durante la reunión, probó a abrir las mismas carpetas a las que habían accedido indebidamente otros empleados municipales, confirmando que el problema aún no se había resuelto. La vulnerabilidad se corrigió posteriormente.

Durante una reunión extraordinaria celebrada el 31 de enero a petición de Porras, el director de IT, José Otero, declaró que el problema, “mal calificado de filtración, fue un caso de irregularidad interna de permisos”.

Otero explicó que los concejales más recientes eran los que tenían perfiles con permisos mal configurados. Cuando se le preguntó específicamente por las carpetas de Porras, dijo que varios concejales tenían acceso a ellas.

“No había un procedimiento operativo estándar claro cuando se crearon los permisos”, dijo Otero.

Sin embargo, Porras solicitó una auditoría independiente, que está en curso.

El 3 de abril, la concejal presentó una queja formal ante la oficina de la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle, afirmando que “la naturaleza de esta filtración plantea preocupaciones significativas sobre la integridad del proceso político y la protección de información sensible dentro de nuestro municipio”.

En su carta, Porras señaló que la filtración se produjo en el periodo previo a la votación sobre la administradora municipal. El mismo día de la reunión extraordinaria sobre el tema tecnológico, la administradora municipal Bárbara “Barbie” Hernández fue despedida en medio de acusaciones de conflictos de interés, a pesar de que la alcaldesa Fraga suplicó a los concejales que dejaran seguir a Hernández.

El concejal Rafael Pineyro presentó una denuncia similar ante la Fiscalía, pero la dirigió contra otra asistente, Claudia Bailly, jefa de gabinete del vicealcalde Oscar Puig-Corve, alegando que Bailly “se aprovechó potencialmente de estas vulnerabilidades”.

“Bailly abrió 116 de mis archivos”, dijo Pineyro. “No había nada aparte de mi trabajo de concejal, pero pudo haber sido un problema si hubiera estado trabajando en documentos relativos a leyes concretas”.

Al igual que Pineyro, los expedientes de Porras también fueron abiertos por Bailly, pero la concejal distingue entre las acciones de Bailly y las de Troitino, afirmando que “la oficina del vicealcalde fue una de las que descubrió la filtración”, a diferencia de la oficina de la alcaldesa. Afirma que Fraga “sí se aprovechó de ese acceso”.

Según la declaración del técnico de IT, Mónica Hasbun, jefa de gabinete de la concejal Digna Cabral, fue quien descubrió el problema de TI. Hasbun pidió entonces a Bailly que verificara si ella también tenía acceso, y así fue.

‘Represalias sin fundamento’

Troitino, la jefe de gabinete de la alcaldesa, presentó el 3 de mayo una queja contra Porras ante la Comisión de Ética, alegando que el informe de IT también había revelado que Porras y su ex asistente ejecutiva María Rodríguez parecían haber accedido a documentos relacionados con la práctica de derecho de inmigración de Porras en sus computadoras del ayuntamiento.

Porras explicó a El Nuevo Herald que todo su trabajo como concejala, incluido el asesoramiento jurídico, siempre ha sido gratuito y comunitario, lo que, según ella, no constituye una infracción de ética.

“La denuncia no tiene mérito. Es solo para desviar la atención del verdadero problema del acceso indebido por parte de la jefa de personal de la alcaldesa, que es una infracción de ética”, dijo Porras.

Rodríguez dijo que la concejala la maltrató durante su año como jefa de gabinete y que Porras le hizo rellenar documentos legales que luego Porras firmaba, como si ella hubiera hecho el trabajo.

“Ella solo firmaba los documentos”, dijo Rodríguez. Renunció en diciembre.

Rodríguez dijo que cree que Porras ofrece asesoramiento jurídico para ganar votos.

“Quería ganarse la confianza de la comunidad venezolana ofreciendo asesoramiento y clínicas de inmigración. Pretendía asegurarse el voto venezolano para su reelección” en 2026.

Rodríguez aclaró que no cobraba por el asesoramiento sobre inmigración, pero dijo que la mayor parte de su trabajo en la ciudad se refería a servicios jurídicos, no a asuntos oficiales de la ciudad.

Porras respondió que ella “nunca ha usado recursos de la ciudad para beneficio personal o de mi empleador”. Cree que las acusaciones contra ella son una represalia por su denuncia contra la jefa de gabinete de la alcaldesa por “acceso indebido” a sus archivos privados.

Fraga ha negado que su jefa de gabinete accediera a los archivos de Porras. “Mi oficina no tuvo conocimiento del incidente hasta que un técnico de TI le pidió [a Troitino] que usara su computadora para verificar si el problema se había resuelto”. La alcaldesa declaró que fue el técnico quien dio clic en los archivos, no Troitino.

¿Cuáles son las implicaciones de las denuncias?

José Smith, ex abogado municipal de las ciudades de Miami Beach y North Miami Beach, que actualmente es magistrado especial de North Miami, descartó la idea de que los incidentes relacionados con los archivos de Porras y Pineyro constituyan una infracción de la Ley Sunshine.

“Es una infracción de la Ley Sunshine cuando dos o más concejales se comunican entre sí y acuerdan votar sobre algo”, dijo Smith. “Ver documentos no es una infracción de la Ley Sunshine. A menudo vemos publicaciones en las redes sociales en las que los políticos hacen públicas sus agendas. Solo se convierte en una infracción si otro miembro de su gobierno comenta esas publicaciones, ya sea a favor o en contra”.

En cuanto a las denuncias sobre la filtración de datos, Smith dijo que si la computadora pertenece a la ciudad, cualquier persona autorizada dentro del gobierno pudiera tener acceso a su contenido.

“No existe ningún privilegio legal”, dijo. “Muy pocas cosas de las computadoras de la ciudad son confidenciales”.

Sin embargo, tanto la Fiscalía Estatal como la Comisión de Ética se encargan ahora de analizar la evidencia, mientras que la ciudad está llevando a cabo una auditoría forense externa de sus sistemas de TI para comprender lo ocurrido.

Fraga, Porras y Pineyro se postularon juntos en 2022. Dos años después, esa alianza se está fragmentando, dejando a Fraga en una posición débil, enfrentándose a tres votos en contra en la mayoría de sus propuestas en la junta de cinco miembros.

Fraga ha dicho en repetidas ocasiones que los ataques contra ella y su personal tienen una motivación política, derivada del hecho de que es un año electoral en Doral con tres escaños abiertos: el suyo, el de Pineyro y el de Puig-Corve. El vicealcalde no se postulará a la reelección, creando una vacante que pudiera traer a un concejal alineado con la alcaldesa o mantener el actual estado de polarización en la cámara.