Aspirantes morenistas a consejeros apoyan sus candidaturas en críticas al actual INE

Críticas al actual Instituto Nacional Electoral, ideas para implementar el plan B y nuevas reformas coincidentes con la propuesta original de reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrador figuran en la documentación que entregaron para registrarse como aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, las y los aspirantes mejor calificados en el examen aplicado por el Comité Técnico de Evaluación.

Los dos perfiles cercanos a Morena que encabezan las listas de mujeres y hombres —Bertha Alcalde Luján y Jaime Castañeda— entregaron en sus expedientes de registro ensayos y textos de exposición de motivos en los que confirmaron su afinidad con la visión que tienen López Obrador y Morena sobre el sistema electoral.

Bertha Alcalde Luján propuso recortar el gasto del INE, una de las principales demandas de López Obrador hacia el órgano electoral; mientras que Jaime Castañeda calificó como preocupante el debate en torno al órgano autónomo, que podría derivar en una “nueva crisis de legitimidad”.

Alcalde Luján replicó una de las principales quejas de López Obrador contra el INE: el gasto oneroso.

En la exposición de motivos y en el ensayo “La función estatal del INE y los retos que enfrenta de cara al futuro”, la hermana de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, planteó bajar los costos de operación de los órganos públicos locales electorales al considerar que duplican las funciones con los institutos estatales, incluyendo la reducción de la nómina en la estructura base, como en la de funcionarios de oficinas centrales, “que ganan más que el primer mandatario”.

“Con las reformas electorales de 2007 y 2014, el INE adquirió importantes atribuciones relacionadas con las elecciones estatales y municipales, como lo es el nombramiento de los miembros de los OPLES, la fiscalización de los partidos políticos y candidatos, la capacitación de los funcionarios electorales y la determinación de la geografía electoral; no obstante, el modelo sigue construido sobre la base de un doble nivel de autoridades que llevan a cabo las labores electorales, lo que tiene como consecuencia la duplicidad de funciones”, expuso.

Además de la implementación del voto electrónico en las elecciones de 2024, la aspirante delineó la necesidad de emitir identificaciones oficiales digitales debido a que actualmente cada cédula cuesta 280 pesos. 

En este apartado, la aspirante propuso la colaboración entre la Secretaría de Gobernación con el INE para “aprovechar las bases de datos con las que cuenta el INE para conformar el Registro Nacional de Ciudadanos”, que permita trazar una ruta de transición del Registro Federal de Electores al Registro Nacional de Ciudadanos. 

“De esta forma el Instituto dejará de cargar con el costo y las tareas en esta materia, lo que significaría una reducción significativa de sus gastos”, consideró.

Alcalde Luján, quien ocupó diversos cargos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante el periodo de Alfonso Durazo, consideró necesario replantear la fórmula de financiamiento a partidos políticos establecida en el artículo 41 Constitucional para disminuirlo.

“Hay que considerar que el excesivo financiamiento público, además de generar impacto al erario y descontento popular, fomenta la burocratización de los partidos políticos y permite mantener y crear organizaciones partidarias sin proyectos políticos claros que las respalden”, criticó.

En las conclusiones del ensayo, Alcalde Luján adelantó que estas propuestas no serán suficientes para generar ahorros, por lo que previó estudiar el funcionamiento de la Unidad de Fiscalización y del Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado, “que son también muy onerosos”.

Algunos de estos planteamientos presentados por la encargada de la Delegación de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Chihuahua también forman parte del “plan B” que impulsó López Obrador y que fue impugnado ante el Poder Judicial.

Ven crisis de legitimidad

En la carta de exposición de motivos, documento requerido en el proceso de selección, Jaime Castañeda consideró como preocupante el debate entorno al órgano electoral, que podría derivar en una “nueva crisis de legitimidad”, “en donde sus decisiones se han cuestionado por incidir algunas veces en ellas cuestiones políticas y no jurídicas”.

Y, para propiciar legitimidad, el exasesor de Morena ante el Consejo General del INE planteó que, en caso de ser electo consejero electoral, se apegaría estrictamente a los principios que rigen la función electoral.

En tanto, en el ensayo titulado “La facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral: contribuciones y desaciertos con la vida democrática nacional”, el también exdirector General de Análisis y Prospectiva de la Secretaría de Bienestar en el sexenio de López Obrador, planteó delimitar la facultad reglamentaria que posee el INE, a la que calificó como una de sus facultades más “controversiales e, inclusive, controvertidas” debido a que su amplitud ha dejado aportes a la democracia, pero en otras ocasiones ha generado conflicto con otros poderes.

Durante el proceso de revocación de mandato, ejemplificó, el INE empleó dicha facultad para ir en contra del Poder Legislativo, al emitir lineamientos que obligaban a la ciudadana que deseara iniciar un proceso revocatorio a utilizar únicamente una aplicación móvil para recabar las firmas, aún cuando la Ley también refería el uso de papel.

En las conclusiones, cuestionó dicha facultad a través de las siguientes preguntas: “Si la facultad reglamentaria del INE no es absoluta, ¿por qué puede emitir normas generales y abstractas que regulen preceptos constitucionales, fuera de lo que las propias Leyes secundarias ya regulan?, e ¿imponer límites a la facultad reglamentaria justifica o podría representar frenar avances, como los que hasta estos días le ha dado a nuestra democracia?”.

Revisión de perfiles

Actualmente el Comité Técnico de Evaluación, encargado del desarrollo del proceso, evalúa los perfiles de cada una de las 203 personas que pasaron a la tercera fase, asignando puntajes a las y los aspirantes con base en la documentación entregada.

Además, en el micrositio dedicado a este proceso en el portal de la Cámara de Diputados, el Comité abrió un espacio para comentarios de la ciudadanía que, de acuerdo con la convocatoria, serán considerados en la definición de la idoneidad de los perfiles.   

El jueves 16 de marzo se publicará el nuevo listado con los nombres de los 100 aspirantes que obtengan los puntajes más altos y que, por tanto, pasarán a la etapa de las entrevistas presenciales, que se realizarán del 17 al 22 de marzo en la Cámara de Diputados. 

El próximo 3 de abril el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, así como los consejeros Ciro Murayama Rendón y José Roberto Ruiz Saldaña, y la consejera Adriana Favela Herrera, concluyen sus periodo de 9 años en funciones.