El golpe a los pobres que está trayendo la 4T de AMLO

FOTO ARCHIVO: ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images)

La renuncia de primer nivel en el gabinete ampliado de Andrés Manuel López Obrador fue la de German Martínez que se desempeñaba como Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El documento que Germán Martínez entregó al Consejo Técnico del IMSS contiene sus razones para dejar el cargo, al final remata con su renuncia, pero el contenido es la denuncia de que en el IMSS se lleva a cabo la “injerencia perniciosa” de algunos funcionarios de la Secretaria de Hacienda, lo que a su juicio “pone en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y de prestación de servicios del Instituto.”

Durante su gestión Germán Martínez se esforzó en el combate a la corrupción al interior del IMSS, problema que se manifestó en el proceso de adquisición de medicinas y en la falsificación de recetas.

El presidente López Obrador manifestó que la renuncia de Germán Martínez no significaba un rompimiento con él y señaló que, “afortunadamente hay muy buenos funcionarios públicos en el país que saben ajustarse a lo que determina la Secretaría de Hacienda.”

Fue designado por el presidente López Obrador como nuevo Director General del IMSS Zoé Robledo, un funcionario de toda su confianza, que seguramente se ajustará a los dictados de la Secretaría de Hacienda y que se desempeñaba en la Secretaria de Gobernación como subsecretario.

La renuncia-denuncia de Germán Martínez puso en evidencia que entre los que rodean al presidente López Obrador no existe acuerdo absoluto en los procedimientos que sigue para instrumentar sus prioridades, entre las que destaca atender “primero a los pobres” pero que, en la experiencia de Martínez al frente del IMSS, cuando se recorta el presupuesto al Instituto lo que se hace es sacrificar a los derechohabientes, entre los que se encuentran muchos pobres.

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En el documento que Germán Martínez se denuncia la forma en la que está siendo estrangulada la institución mediante el manejo de los recursos financieros que le corresponden por ley, y está siendo desmantelada al llevar al desempleo a los cientos de “trabajadores de confianza”, muchos de ellos encargados de realizar trabajo especializado, que no llevan a cabo los trabajadores sindicalizados.

El señalamiento es relevante porque la estrategia de “austeridad”, “ahorro” o supuesto “combate a la corrupción”, se lleva a la práctica en las demás instituciones del sector público, lo que implica que se está fraguando un clima adverso en el entornó presidencial que se va a expresar paulatinamente con manifestaciones de desacuerdo con el secretario de Hacienda y su equipo de colaboradores.

En la práctica el presidente López Obrador está mandando al diablo a las instituciones que recibió de los gobiernos anteriores y se encuentra en el proceso de modelarlas según su muy particular visión de la administración pública, que desde luego inicia con tener al frente de las dependencias a incondicionales que acaten sin cuestionar sus instrucciones-ocurrencias.

Andrés Manuel López Obrador llegó al poder mediante la concertación de alianzas con políticos con visiones ideológicas y compromisos diferentes a los del entonces candidato, que ahora, como lo puso en evidencia Germán Martínez, cuando inicia el sexenio y el estilo personal de gobernar del presidente genera controversias, habría la posibilidad de otras rupturas, cuando los márgenes de maniobra de sus aliados, para realizar sus propósitos se vuelvan estrechos, como sucedió al exdirector del IMSS.

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Lo dicho por Germán Martínez es revelador de los límites financieros en los que se encuentra el gobierno para cumplir el cúmulo de promesas que López Obrador hizo durante su campaña de más de doce años.

Es evidente que la estrategia presidencial para contar con los recursos para cumplir sus compromisos es el combate a la corrupción que, según él, transita por la administración pública a través del personal de confianza y honorarios que por décadas sirvió al gobierno y por medio de la centralización en la Secretaria de Hacienda del gasto público que se lleva a cabo a través de la Oficialía Mayor, encargada de realizar las compras que antes realizaban las dependencias federales, como el IMSS, ISSTE, PEMEX, CFE y otras.

Es difícil no estar de acuerdo con la frase “Por el bien de todos, primero los pobres” el punto es que en el país hay registrados por el INEGI más de 50 millones de pobres de los cuales, aproximadamente 12 millones, están en pobreza extrema. El rezago es añejo y es estructural, el problema es que en el proceso de su solución se podrían estar generando más pobres.

Sabemos que los pobres son los que, por necesidad, trabajan para la delincuencia organizada a veces produciendo drogas, otras en su trasiego o como halcones en los poblados donde dominan. La denuncia de Germán Martínez se puede hacer extensiva al resto de la administración pública Federal.