En la aislada Guam, el aborto es legal y casi imposible de conseguir

Vista aérea de Tamuning, Guam, el territorio estadounidense situado en el océano Pacífico occidental, el 27 de abril de 2023. (Noriko Hayashi/The New York Times)
Vista aérea de Tamuning, Guam, el territorio estadounidense situado en el océano Pacífico occidental, el 27 de abril de 2023. (Noriko Hayashi/The New York Times)

HAGATNA, Guam — Durante décadas, en la Clínica de Control del Embarazo, situada en un edificio color arena a la vuelta de la esquina de un boliche, se practicaron la mayoría de los abortos en Guam, un pequeño territorio estadounidense a 2574 kilómetros al sur de Japón.

Pero el médico que la dirigía se retiró hace siete años y ahora la clínica yace en el abandono. Una vieja mesa de exploración médica se encuentra cerca de un tocador con un grifo desajustado y una carta de Edmund A. Griley está pegada a la puerta principal: “Mi último día de consulta es el 18 de noviembre de 2016”, escribió. “Les recomiendo empezar a buscar un nuevo médico lo antes posible”.

Griley ya murió y su clínica desierta es una polvorienta instantánea del pasado de Guam y, según algunos, de su futuro.

Aunque el aborto es legal en Guam hasta las 13 semanas de embarazo y después de eso en ciertos casos, el último médico que realizó abortos se fue de Guam en 2018. La clínica de abortos más cercana en suelo estadounidense está en Hawái, a ocho horas de vuelo. Y un caso judicial pendiente pronto podría cortar el acceso a las píldoras abortivas, la última forma en que la mayoría de las mujeres de Guam pueden obtener abortos legales.

Mientras los activistas antiabortistas de todo el país aprovechan el impulso de la anulación del caso Roe contra Wade, el caso de Guam, una mancha de tierra en el Pacífico, llama la atención.

Fuerzas pertenecientes a ambos bandos del debate sobre el aborto dicen que la isla de 154.000 personas está en vías de convertirse en el ejemplo más evidente de cómo sería la vida si el aborto estuviera prohibido casi en su totalidad. Más de una decena de estados han prohibido la mayoría de los abortos, lo cual ha obligado a las mujeres que desean interrumpir su embarazo a viajar a otros lugares, en ocasiones con un gran costo y riesgo para su salud. Pero ninguno está tan aislado como Guam.

Baile en Chamorro Village en Hagatna, la capital de Guam, el 26 de abril de 2023. (Noriko Hayashi/The New York Times)
Baile en Chamorro Village en Hagatna, la capital de Guam, el 26 de abril de 2023. (Noriko Hayashi/The New York Times)

“Guam es la prueba de fuego”, declaró el procurador general del territorio, Douglas Moylan, un republicano que se opone al aborto. “Si las fuerzas antiabortistas se impusieran en algún lugar de Estados Unidos, yo diría que Guam sería uno de ellos”.

Hay dos médicos con licencia en Guam, que pueden practicar abortos y ambos residen en Hawái, donde atienden a las pacientes a través de videollamadas y recetan píldoras abortivas. Esto podría cambiar si el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos restablece una ley territorial que obligaría a las mujeres a ver a un médico en persona para obtener las píldoras.

En Guam, hay una vena antiabortista, sumada a otros intentos de restringir todavía más el procedimiento. Moylan está luchando en un tribunal federal para intentar revivir una ley de 1990 que prohibía casi todos los abortos, pero que fue bloqueada por un juez federal. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa aprobó el año pasado un proyecto de ley que prohibiría la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo. Fue vetada por la gobernadora Lou Leon Guerrero, demócrata, enfermera y primera gobernadora de la isla.

Recordó que, cuando era estudiante en California, antes de la sentencia Roe contra Wade, atendía a mujeres que sufrían “hemorragias porque o bien se habían provocado ellas mismas el aborto o habían acudido a clínicas de abortos clandestinas y no se lo habían hecho bien”.

Como directora de la Asociación de Enfermeras de Guam, Leon Guerrero testificó en contra de la prohibición de 1990, que habría convertido en un delito realizar, practicarse o buscar hacerse un aborto, a excepción de algunas emergencias médicas, o alentar a las mujeres a practicarse abortos. Un tribunal federal decidió que la ley era inconstitucional y le impidió al gobierno territorial aplicarla, pero sigue vigente.

“Todo lo que está ocurriendo afecta a Guam y a nuestras mujeres, porque estamos mucho más aislados en términos de acceso a la atención sanitaria”, afirmó la gobernadora.

‘La esperanza aumenta’

La ley de Guam que obliga a las mujeres que deseen abortar a recibir información obligatoria de un médico —y solo en persona— fue bloqueada por orden judicial mientras prosigue un recurso judicial. Los dos médicos de Hawái argumentan en su demanda que, si se levanta la medida cautelar, les resultaría prácticamente imposible asistir a las mujeres de Guam a través de la telemedicina.

Eso sería una victoria, en lo que respecta a los funcionarios católicos de la isla. En una entrevista en la cancillería de la arquidiócesis de Agana, donde el papa Juan Pablo II pasó la noche en 1981, el padre Romeo Convocar, administrador apostólico, dijo que las píldoras abortivas obtenidas por telemedicina son ahora una de sus mayores preocupaciones.

El verano pasado, previendo que la Corte Suprema de Estados Unidos pronto revocaría la decisión Roe contra Wade, la arquidiócesis distribuyó una carta pastoral para que se leyera en voz alta en sus dos docenas de iglesias: “Aumenta la esperanza en todo nuestro país de que la plaga del aborto se reducirá de manera significativa”.

‘Con gusto voy a prisión’

Los defensores del derecho al aborto temen lo que ocurrirá en Guam —que tiene altos índices de violaciones y mortalidad materna— si el acceso a las píldoras abortivas se impide en la práctica. Por ejemplo, la demanda presentada por los médicos hawaianos argumenta que las mujeres de Guam se enfrentarían a mayores riesgos médicos, así como a enormes cargas financieras y logísticas (según los datos del censo, los ingresos anuales promedio de los hogares, excluyendo a las familias de militares, fue de 58.000 dólares en 2019 o alrededor de un 20 por ciento por debajo del promedio nacional).

Famalao’an Rights, una organización sin fines de lucro de derechos reproductivos fundada en 2019, intensificó su organización en 2022 cuando la propuesta de prohibición de seis semanas estaba cobrando impulso. El informe de 2200 páginas de una comisión legislativa sobre el proyecto de ley estuvo plagado de angustiosos correos electrónicos y cartas manuscritas de la ciudadanía, en su mayoría en contra de la prohibición.

Luego llegó la decisión de Dobbs y sus consecuencias. “Parecía que estábamos en la cima de la colina, tan cerca de la línea de meta, y, entonces, la línea de meta se movió”, dijo Kiana Joy Yabut, una de las líderes del grupo.

La decisión de Dobbs fue desalentadora para los activistas, que se preparan para más proyectos de ley contra el aborto y para ayudar a las mujeres a abortar, aunque eso signifique infringir la ley.

“Con gusto iría a prisión”, dijo Yabut.

c.2023 The New York Times Company