Yahoo Noticias Agentes de la Guardia Nacional de la extinta Policía Federal denuncian hostigamiento laboral pese a protección judicial
Elementos de la Guardia Nacional (GN), adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), intentaron desarmar a sus compañeros procedentes de la extinta Policía Federal e impedirles laborar en la comandancia Ixtlán del Río, Nayarit, luego de que los han intentado despedir sin justificación desde hace años.
Dieciocho federales afectados, pertenecientes a la Guardia Nacional, denunciaron a la corporación por hostigamiento laboral y amenazas, pues cuentan con una suspensión definitiva y algunas sentencias a su favor que los protege contra cambios de área, eliminación de sus prestaciones e incluso de ser despedidos, recursos tramitados y admitidos por diversos juzgados federales.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (2023) del INEGI, al cierre de 2022 un total de 104 mil 207 personas estaban adscritas o asignadas a la Guardia Nacional, de las que 17 mil 419 eran miembros de la extinta Policía Federal. Al 28 de julio de 2023, Nayarit contaba solo con 936 efectivos de GN, según datos de la Sedena.
“Nosotros hemos sido objeto de hostigamiento durante años. Incluso, en algún momento, durante estos dos años y medio, ya nos han suspendido el sueldo a varios, por meses e incluso a algunos por un año. Todo eso obviamente afecta a nuestras familias, porque es nuestro sustento, nuestra quincena. Queremos que se respeten nuestros derechos laborales. No exigimos más que continuar trabajando, estar en el área que nos corresponde que es carreteras”, dice el inspector Carlos Benavides, de la comandancia de la GN en Ixtlán del Río, en entrevista con Animal Político.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes 29 de abril de 2024, cuando un subinspector de la Guardia Nacional (GN), identificado como Noel Florial Castellanos, arribó a la comandancia de Ixtlán del Río rodeado de una veintena de guardias nacionales para pedirle a sus compañeros civiles entregar sus armas y retirarse del lugar.
“El personal de la Guardia Nacional ya no los está considerando a ustedes dentro de esa relación de carteras y simplemente ya no pueden laborar aquí”, se escucha decir al subinspector Florial en un video grabado durante los hechos, mientras que personal de la comandancia como el inspector Benavides interviene para explicarle al militar que cuentan con suspensiones que los protege de ser despedidos o removidos.
“Después de ese evento no se han presentado otra vez. Nosotros hemos estado trabajando, estamos saliendo a nuestro turno normal, obviamente con el temor de que vuelva a ocurrir y que en nuestro servicio o en el camino nos aborden y nos quieran presionar, pero estamos trabajando porque al final de cuentas debemos cubrir y tener la capacidad para dar la seguridad en nuestro tramo de jurisdicción”, explica Benavides, quien informa que por estos hechos ya presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Animal Político buscó a la Guardia Nacional para conocer los motivos de la orden de desarme de sus integrantes en Ixtlán del Río, pero no respondieron a la solicitud.
El origen de la Guardia Nacional y lo ocurrido con la Policía Federal
El 30 de junio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador fundó formalmente la Guardia Nacional, una corporación policial que nació con la intención de combatir la delincuencia y los altos índices de violencia que azotaban al país, con ayuda de integrantes de la extinta Policía Federal, elementos de la Sedena y la Marina, así como diversos civiles que quisieran integrarse a las filas de esta corporación.
Sin embargo, todo cambió cuando el mandatario federal promovió una reforma para pasar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, decisión con la que de manera interna comenzaron a ofrecerles a los elementos de la “otrora Policía Federal” -expresión que los militares usan de manera despectiva para referirse a sus compañeros civiles– la oportunidad de que realizaran sus “retiros voluntarios” de la corporación a cambio de compensaciones económicas.
Precisamente, debido a que cientos de miembros de la extinta Policía Federal se rehusaron al retiro, la Guardia Nacional comenzó a cambiarlos de adscripción (estado) y colocarlos en diversas áreas que no correspondían a sus funciones, como quitarlos de cuidar carreteras para ponerlos a hacer trabajos administrativos, razón por la cual muchos de ellos comenzaron a interponer, de manera individual y colectiva, diversas demandas de amparo en contra de las decisiones de sus superiores.
Debido a diversas resoluciones a su favor fue que los elementos pudieron seguir laborando en sus áreas de trabajo hasta que el Gobierno Federal implementó el inicio de una División de Servicios Especiales para desplegar a diversos elementos de la Guardia Nacional a diversas tareas de seguridad en el país como el cuidado de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el resguardo del Tren Maya, entre otras.
“En fin, tareas obviamente que son propias de seguridad, pero pues no de nuestra especialización que siempre ha sido carreteras, entonces esta vez se ponen un poco más enérgicos y ordenan que desaparezcamos de lo que viene siendo la orden económica o fatiga que se emite día con día en la que se nombran los servicios del día siguiente […] pero por medio de los mandamientos judiciales que existen y que son los amparos que nos protegen, pues no nos pueden quitar, entonces como no les firmamos los cambios y no nos vamos nos mandan a este primer subinspector”, relata Benavides.
En los videos se observa que el inspector Florial Castellanos, en principio, comienza a hablar con sus compañeros de forma calmada, pidiéndoles que entregaran sus armas, pero poco a poco va subiendo el tono hasta asegurarles que ya no se les permitiría entrar a las oficinas.
“Ustedes hagan lo que a derechos les convenga, a lo mejor en algún momento también se ordene que ya se les restrinja el acceso al personal que ya no pertenece a esta institución”, sentencia en una de los videos el subinspector previo a salir de las oficinas.
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“Las armas obviamente están protegidas por estos amparos, porque los jueces están ordenando que las cosas se queden en el lugar en el que se encuentran. Si se viola esto obviamente ya estarían incurriendo en un desacato a una orden judicial, esto es un delito y se tendría que realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscal General de la República. No pueden llevárselas porque inclusive, aunque las armas son de la Sedena, aunque vinieran con un oficio de Sedena que se tiene que recoger, no se puede porque están bajo un mandamiento judicial que expresamente dice que se tienen que quedar aquí. Definitivamente no hay una forma en la que, de manera legal, se pudieran llevar esas armas”, señala.
Desde ese día, aseguran, ninguna autoridad de la Guardia Nacional ha regresado al lugar, pero dicen haber sido notificados de que en los próximos días acudirá personal de Asuntos Internos de la corporación y del Departamento Jurídico, aunque “no sabemos si con el fin de documentar lo ocurrido o en forma de presión para nosotros”.
“Pero deben saber que nosotros no somos personas indisciplinadas, nosotros simple y sencillamente peleamos por nuestros derechos laborales y por lo que nos corresponde. Si ellos determinan que nuestros cambios a diversas áreas para las cuales no estamos preparados, bueno, desde ahí creo que está mal la toma de decisiones”, señala Benavides.
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Guardia Nacional, una historia de maltrato y hostigamiento a los elementos de la Policía Federal
En 2019, para defender la creación de la Guardia Nacional, López Obrador aseguró en su iniciativa que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón inició una “estrategia fallida” en contra del crimen organizado, etapa en la que “la corrupción e impunidad promovidas por los vínculos entre criminales y autoridades llevó a una elevada infiltración desde las policías estatales, municipales y la Policía Federal hasta los más altos niveles en las estructuras gubernamentales”.
A partir de esta etapa, según el mandatario federal, México registró una de las mayores cifras de personas desaparecidas en el mundo y el mayor número absoluto de homicidios en el hemisferio occidental, además del “recrudecimiento, expansión y diversificación de la violencia criminal, cuyos efectos aún hoy en día afligen a las comunidades y poblaciones de gran parte” del país.
“Lo anterior llevó a que la Policía Federal tuviera una pérdida de confianza por parte de la población”, afirmó, al exponer que tan solo en 2020 “el 56.7% percibió a esta corporación policial como una institución corrupta”.
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Por esta razón, los elementos de la Guardia Nacional están seguros de que el motivo por el que los quieren dejar fuera es solo para no “ensuciar” a la corporación creada en la administración de López Obrador, quien insiste en que la extinta Policía Federal fue una institución corrupta al relacionarla incluso hoy en día con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, que está siendo juzgado en Estados Unidos por tener supuestos vínculos con el narcotráfico.
“Pero nosotros no estamos peleados con la institución, solo queremos trabajar, eso es todo. Somos gente preparada y capacitada para estar en el camino y eso es lo que queremos, solo seguir trabajando”, finaliza el inspector Benavides.
Para combatir toda esta situación, aparte de contar con la denuncia formal ante la FGR, los elementos de Ixtlán del Río cuentan con una queja interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya está al tanto de los hechos ocurridos el pasado lunes.
