Agencia de bienestar infantil gana batalla de custodia contra ex ombudsman... por ahora

Una ex activista en defensa de los menores del estado que enfureció a sus jefes con su estilo enérgico en nombre de los niños maltratados y los padres de acogida enfrenta la pérdida de la custodia de su propio hijo adoptivo después que un juez de Tallahassee dijo que su negativa a permitir que regresara a su casa sin el apoyo adecuado equivalía a abandono.

Al término de una audiencia de varias horas de duración, el juez de circuito de León Anthony Miller dictaminó que los administradores del Departamento de Niños y Familias (DCF) tenían razón al asumir la custodia legal del hijo adoptivo de Heather y Evan Rosenberg, de 12 años, que ha pasado los últimos 18 meses en un centro de tratamiento psiquiátrico del Condado Brevard.

Pero el juez también concedió a los Rosenberg lo que equivalió a un aplazamiento: tiempo para recoger al niño y traerlo de vuelta a casa.

Durante ocho años, Heather Rosenberg fue ombudsman del menor en el DCF, y los registros muestran que la dependencia se resistió a su lucha, a veces agresiva, para mejorar la vida de los niños bajo el cuidado del estado, como lo habían sido sus propios tres hijos antes de ser adoptados. Los tres pequeños tienen importantes necesidades especiales, dos de ellos, que son hermanos, como consecuencia del elevado consumo de alcohol de su madre biológica durante el embarazo.

Los Rosenberg alegaron que no podían devolver al niño de 12 años a su casa, aunque sus médicos insistieron en que estaba listo para ser dado de alta sin una intervención intensiva en su comportamiento. Testimonios presentados en la audiencia demostraron que el niño, cuyo nombre no se ha revelado para proteger su intimidad, podía ser explosivo y que con frecuencia había sido necesario inmovilizarlo físicamente para protegerlo a él y a los demás.

Pero los administradores del DCF declararon que los responsables del centro Devereux Advanced Behavioral Health llegaron a la conclusión de que los padres podían tratar al niño de forma segura con la ayuda de asistentes conductuales disponibles por teléfono o con una computadora. Al negarse a aceptar que el niño volviera a su casa, según el DCF, los Rosenberg no dejaron otra opción al estado que solicitar la custodia.

Un caso difícil

Cuando la audiencia terminó después de las 8 p.m. del miércoles, Miller dijo que la disputa sobre el niño estaba entre “los casos más difíciles” que ha escuchado mientras presidía las reclamaciones de bienestar infantil. “Con el corazón encogido tomo esta decisión”, dijo el juez, calificando a los Rosenberg de “concienzudos y cariñosos” con su hijo.

“Este no es el típico caso de un niño abandonado o dejado a un lado de la carretera”, dijo Miller a su computadora, ya que la audiencia se había celebrado a través de Zoom. “Son casos difíciles”, añadió. En última instancia, la falta de voluntad de los Rosenberg para aceptar al niño de nuevo en su casa no dejó a Miller otra opción que conceder la solicitud de custodia del DCF, dijo.

Aun así, los Rosenberg están buscando, y es probable que consigan, un aplazamiento de la decisión dolorosa de ser declarados formalmente incapaces. Esta decisión pudiera tener graves consecuencias para la pareja: el empleo de Evan Rosenberg como consultor de gestión de emergencias requiere un expediente limpio, al igual que el trabajo voluntario de Heather Rosenberg con los Boy Scouts of America.

Cuando la audiencia estaba a punto de terminar, el abogado de la pareja, Alan Mishael, de Miami, anunció que estaban dispuestos a viajar de inmediato al Condado Brevard para recuperar al niño. Preguntó si Miller estaría dispuesto a aplazar la firma de una orden que concediera la custodia al estado si la disputa podía resolverse rápidamente. El juez accedió.

A lo largo de una década como padres de acogida, Heather y Evan Rosenberg ayudaron a criar a 17 niños que habían sido acogidos por el estado. Adoptaron a tres de ellos, incluido el niño de 12 años en el centro de la disputa por la custodia, y a su hermana biológica. Sus esfuerzos en favor de los niños y padres de acogida llamaron la atención de los administradores del DCF, que la nombraron primera ombudsman del menor del estado, cargo que dejó el año pasado.

Los problemas de desarrollo y comportamiento del hijo mediano, consecuencia del consumo de sustancias por parte de su madre antes de nacer, resultaron especialmente desalentadores. La propietaria de un grupo terapéutico de Tallahassee declaró que el niño había sido expulsado de la escuela, retirado de un campamento de verano, necesitaba frecuentes sujeciones y a veces se comportaba de forma inapropiada con las chicas.

Cuando las hospitalizaciones psiquiátricas y otras intervenciones fracasaron, los Rosenberg recurrieron a Devereux, con la ayuda de financiación estatal. El niño permaneció allí hasta que los administradores declararon que estaba listo para ser dado de alta en julio, aunque su salida se retrasó varias veces mientras la pareja buscaba asistencia conductual en casa, una petición que el DCF no pudo conceder.

Puede ser extremadamente difícil acceder al análisis conductual aplicado, una forma de psicología conductual terapéutica que suele ser eficaz con niños que padecen autismo u otros trastornos del comportamiento, debido a la escasa financiación y a las largas listas de espera, y no se pudo encontrar en ninguna parte en Tallahassee, según testificó Heather Rosenberg. Sin ella, dijo, ni el niño ni sus hermanos estarían a salvo.

Ayuda a domicilio, un tema clave

El hijo mayor de los Rosenberg, que mide aproximadamente seis pies una pulgada y es corpulento, también tiene un temperamento explosivo, dijo, y era una amenaza para el niño de 12 años si se le provocaba.

Al final, el conflicto entre Rosenberg y sus ex jefes se redujo a si los apoyos conductuales disponibles a través de la telesalud eran suficientes para mantener a salvo a la familia. Los médicos de Devereux y el DCF dijeron que sí. Los Rosenberg dijeron que los consejos por teléfono no servirían de mucho si su hijo estuviera haciendo daño a un hermano o a ellos mismos.

En los últimos días, el DCF identificó a un proveedor de análisis del comportamiento capaz de trabajar con la familia en su casa. Pero aún quedaban algunos obstáculos logísticos antes de que un ayudante de comportamiento pudiera empezar a trabajar en la casa, y los Rosenberg pedían el tiempo suficiente para conseguir la ayuda necesaria.

“Necesita un lugar donde vivir”, dijo el abogado del DCF, Nick Dolce, refiriéndose al niño en los comentarios finales de la audiencia. “Eso debería ser con sus padres”.

Los Rosenberg tienen “derecho” a insistir en que el niño reciba los servicios adecuados, añadió Dolce, “pero en última instancia [el niño] tiene que tener una casa a donde ir, tiene que tener un hogar... El departamento está atrapado con un niño que ha sido abandonado. Tenemos que tomar algún tipo de medida para que [el niño] tenga un techo”.

Decisión ‘vengativa’ del DCF

Mishael, el abogado de los Rosenberg, calificó las acciones del Departamento de “vengativas”, en particular la decisión del DCF de remitir a la pareja a la Policía del Condado León para su procesamiento penal. Un juez jubilado de bienestar infantil de Miami dijo al Herald que tales procesamientos eran extremadamente raros, y el estado de la investigación por delito grave sigue sin estar claro. Los Rosenberg no han sido acusados.

De hecho, durante la audiencia del miércoles, el director comunitario del DCF en el Panhandle, Terrence Watts, reconoció que las decisiones en el caso estaban siendo tomadas por el “liderazgo” de la agencia. Anteriormente, el abogado de la agencia dijo que el caso estaba siendo manejado “a niveles muy por encima del mío”.

Mishael sugirió que el DCF podía haber inscrito a la familia en servicios voluntarios diseñados para evitar un cambio de custodia –una práctica común, incluso con padres maltratadores–, pero en lugar de eso eligió causar estragos en sus vidas.

“Son padres modelo, dadas las necesidades excepcionales de este niño”, dijo Mishael. Y añadió: “El Departamento señaló a esta pareja para un castigo reglamentario, todo porque acudieron al departamento y dijeron ‘amamos a nuestros hijos y queremos que estén seguros’”.

Miller estuvo de acuerdo con el DCF en que la agencia había cumplido con su carga de hacer “esfuerzos razonables” para ayudar a la familia, y evitar tomar al niño bajo custodia.