Acoso escolar y cultura del odio tienen larga vida; víctimas dudan en buscar ayuda

Los efectos problemáticos causados por la discriminación, el racismo y la intimidación escolar (incluso en las redes sociales) durante un periodo en el que los crímenes de odio y la discriminación contra las minorías en el estado están en aumento pueden tener un impacto que dure años y sea difícil de superar.

Según expertos en derechos civiles y trabajadores de justicia juvenil comunitaria, la intimidación escolar alimenta una cultura de odio con muchos afectados reacios a compartir su experiencia o a buscar ayuda.

Hablaron del tema de la intimidación escolar durante una sesión informativa nacional organizada recientemente por zoom por Ethnic Media Services.

“Algunas formas de intimidación son, de hecho, actos de odio. Y algunos actos de odio son delitos. Mientras que otros son infracciones de otras leyes de derechos civiles, algunos podrían ser legales pero, sin embargo, increíblemente dañinos”, dijo Becky Monroe, subdirectora de iniciativas estratégicas y asuntos externos del Departamento de Derechos Civiles de California.

Monroe dijo que los asuntos de derechos civiles deben reconocerse “en el centro de este debate en torno a la intimidación. Todos ellos exigen nuestra atención, ya se trate de actos de odio dirigidos contra jóvenes o contra adultos. Pero ninguno más que cuando los niños son blanco del odio”.

Monroe dijo que la ley federal exige que las escuelas proporcionen a todos los estudiantes un entorno de aprendizaje seguro, solidario e inclusivo, libre de discriminación y acoso.

“Las escuelas tienen la obligación legal de garantizar que a los estudiantes no se les nieguen oportunidades, no se les trate de forma diferente, no se les discrimine ni se les acose por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión o discapacidad”, dijo Monroe.

Monroe afirmó que la discriminación ilegal y otros actos de odio provocan daños reales no solo a los estudiantes, sino también a comunidades enteras.

Este año, las juntas escolares de todo el país –y en varios distritos escolares de California– han introducido legislaciones anti-LGBTQ+.

El procurador general del Estado, Rob Bonta, ha prometido proteger a todos los estudiantes LGBTQ+ de los ataques de las legislaturas estatales a las juntas escolares que amenazan con aislar, discriminar y perjudicar a los jóvenes transgénero y de género no conforme en todo el país y en California.

Los distritos escolares de Chino Valley, Rocklin y Orange están implementando políticas que obligan al personal a notificar también a los padres si un alumno solicita acceso a programas y actividades escolares segregados por sexo, o a baños o vestuarios que no coincidan con el sexo biológico o el género del alumno.

A principios de septiembre, un juez estatal dejó en suspenso la política del distrito escolar de Chino Valley de informar a los padres de los alumnos transgénero.

En junio, Bonta publicó el reporte 2022 sobre delitos de odio, el cual mostró un aumento del 20.2% en las denuncias de delitos motivados por el odio en California, así como un fuerte aumento de los incidentes de odio contra habitantes LGBTQ+, junto con afroamericanos y judíos. Los eventos de crímenes de odio relacionados con la orientación sexual aumentaron en un 29%.

Monroe dijo que según los datos del Trevor Proyect, los estudiantes que se sienten apoyados y seguros en la escuela son mucho menos propensos a experimentar pensamientos suicidas y participar en comportamientos de daño autoinglingido.

Anahí Santos, coordinadora de bienestar juvenil de One Community Action, que trabaja en preparatorias de Santa María, en la Costa Central, dijo que la intimidación también puede venir de “nuestra propia comunidad”.

Como mixteca del estado de Oaxaca en México, que tiene una población predominantemente indígena, Santos dijo que “lo que vemos aquí es que los latinos están intimidando a la gente que es indígena, a los jóvenes que son indígenas”.

Santos ha observado que, en la Costa Central y el Valle Central, los jóvenes que emigraron de Oaxaca o Guerrero intimidan a los recién llegados de la misma ciudad o estado que ellos.

Santos dijo que One Community Action trabaja con las escuelas preparatorias para proporcionar apoyo social y emocional a los estudiantes, muchos de los cuales no tienen acceso a terapia o atención médica.

Santos dijo que hay un esfuerzo de campaña en Oxnard llamado ‘No me llames oaxaquita’, ya que a muchas personas con piel morena en la costa central se les llama así de manera despectiva, una forma de intimidación que se burla de las personas.

Esa es la realidad con la que se encuentran muchos estudiantes indígenas latinos, dijo Santos.

“Realmente es como si nuestra propia comunidad se hiciera daño a sí misma”, dijo Santos.

Santos dijo que One Community Action aboga por clases de estudios étnicos para que la gente pueda aprender y entender lo que es la vida como una persona morena o afrodescendiente.

“Hay mucho colorismo y racismo arraigado en la propia cultura latina”, dijo Santos.

Cuando el racismo golpea con microagresiones. Jóvenes latinas cuentan su experiencia