Acciones dispersas entre autoridades y falta de recursos frenan la estrategia para reducir el embarazo entre adolescentes

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Embarazo adolescente
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La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) está aún lejos de alcanzar su objetivo de erradicar, para 2030, el embarazo entre mujeres de 10 a 14 años, y reducirlo en 50% entre mujeres de 15 a 19 años.

Así lo advierte un estudio que se presentará este martes, según el cual, aunque durante el tiempo de operación de la estrategia de gobierno la tasa de fecundidad en adolescentes se ha reducido de 74.3 nacimientos por cada mil adolescentes en 2015 a 67.7 en 2021, estos números aún se encuentran distantes de la meta fijada para 2030 de 37.2 nacimientos por cada mil adolescentes.

La falta de coordinación en la implementación de la estrategia, la falta de recursos económicos, infraestructura y personal necesario, así como acciones dispersas que no corresponden al enfoque de derechos sexuales y reproductivos, se ubican entre los principales obstáculos para la estrategia, de acuerdo con el estudio Embarazo temprano en México, publicado por la Red de Estudios sobre Desigualdades de El Colegio de México (elcolmex). 

Además, el embarazo en la adolescencia se sigue asociando de manera dominante con las mujeres, sin incluir el tema de paternidades ni reportar acciones específicas para involucrar a los hombres en la corresponsabilidad de cuidado y crianza de hijas e hijos. 

El análisis del Colmex muestra deficiencias en la coordinación intergubernamental, en particular, la vinculación entre gobiernos estatales y municipales, así como las capacidades burocráticas para atender el embarazo adolescente como problema público.

“(La estrategia) se ha propuesto metas muy ambiciosas para 2030 que no parece factible alcanzar en sus condiciones actuales”, señala. 

Cada día, alrededor de mil adolescentes mexicanas de entre 12 y 19 años se vuelven madres, un poco más de la mitad sin planearlo o desearlo. 

La pandemia de COVID-19 profundizó esta tendencia: entre 2020 y 2021 ocurrieron poco más de 29 mil nacimientos adicionales a los proyectados y hubo un aumento de 30% de los embarazos adolescentes no intencionados, según estimaciones del Consejo Nacional de Población en México (Conapo). 

Las tasas de fecundidad adolescente de todas las entidades federativas son elevadas si se comparan con las del resto del mundo. Las “muy altas” se registran en dos de los estados más pobres del país: Chiapas, con una tasa de 96.13 por cada mil adolescentes, y Guerrero, con una tasa de 82.80.  

Las entidades con tasas de fecundidad “altas” son aquellas que registran 66 o más nacimientos por cada mil adolescentes. Entre ellas están Zacatecas, Durango, Tlaxcala, Chihuahua, Aguascalientes, Puebla, Michoacán, Coahuila, Tabasco, Guerrero y Chiapas.

En contraste, las tasas más “bajas” están en la Ciudad de México (53.71) y Baja California Sur (49.97). Baja California, Nayarit, Estado de México, Yucatán, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí también tienen una “baja” tasa, con 59 nacimientos por cada mil adolescentes.

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Los hallazgos  

La Enapea, coordinada por el Conapo, comenzó en 2015 y se ajustó en una segunda fase en 2021 para reforzar los trabajos entre los tres niveles de gobierno y priorizar los esfuerzos en la detección temprana del abuso sexual, el embarazo forzado y la educación integral en escuelas y espacios comunitarios. 

Los instrumentos principales son educación sexual, salud reproductiva y prevención de la violencia de género.

La fase II de la estrategia vincula el problema del embarazo temprano con la necesidad de reconocer la agenda de las infancias y adolescencias, y propone acercar e involucrar a la población objetivo. El problema ya se concibe como un tema social donde el contexto explica en buena medida la frecuencia de los embarazos adolescentes.

Para el Colmex, el embarazo temprano se relaciona con las desigualdades sociales y es más frecuente que se embaracen las adolescentes con acceso limitado a la educación sexual, las de hogares con ingresos bajos, las indígenas y las que residen en zonas con niveles altos de violencia.

De este modo, el embarazo temprano puede profundizar desigualdades sociales preexistentes y crear nuevas.

Sin embargo, la evaluación del Colmex identificó que la población objetivo todavía no está participando en la implementación: es decir, las personas adolescentes y sus familias todavía no se involucran de manera activa en las actividades del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). 

El análisis del Colmex detectó una deficiencia: los gobiernos de las entidades parten de una percepción distinta de la gravedad del problema del embarazo temprano.

Para el estudio, se revisaron los informes de los grupos estatales para identificar tendencias generales y prácticas destacadas en las 32 entidades, y se investigó a detalle la implementación de la estrategia en Baja California, Michoacán, Querétaro y Tabasco. 

Entre los hallazgos se encuentra que todas las entidades reportan que planifican estrategias de prevención y atención con una perspectiva de derechos. Sin embargo, los informes estatales no distinguen entre derechos sexuales y reproductivos. 

En México, solo 19 entidades reconocen el embarazo adolescente como un problema de responsabilidad colectiva, que involucra a gobiernos, organizaciones sociales, comunidades y familias. El resto de los estados asume el problema como individual.

El embarazo en la adolescencia se sigue asociando de manera dominante con las mujeres; solo siete entidades incluyeron el tema de paternidades y reportaron acciones específicas para involucrar a los hombres en la corresponsabilidad de cuidado y crianza de hijas e hijos. 

Trece estados desarrollan acciones específicas para adolescentes varones que, en general, trabajaron con una perspectiva de nuevas masculinidades: Baja California, Chiapas, Chihuahua, CDMX, Colima, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

De acuerdo con el estudio, en las entidades con tasas bajas de fecundidad adolescente, los grupos estatales dedican más atención a los derechos sexuales y reproductivos o a la atención a la salud, en contraste con lo que ocurre en entidades con tasas medias y altas, en donde predomina el tema de atención a la violencia.

En cuanto a la atención del embarazo temprano, en los estados con tasas de fecundidad adolescente más baja, las acciones de atención se han acotado principalmente a las becas de permanencia escolar y a la prestación de servicios de salud.

Los gobiernos estatales tienden a dirigir las acciones a la población adolescente de manera general sin atender en específico a las poblaciones con mayores riesgos de embarazos durante la adolescencia, violencia sexual o matrimonios forzados. 

Coordinación y monitoreo 

El análisis del Colmex también resalta la ausencia de mecanismos de coordinación entre gobiernos estatales y municipales. 

Además, el personal involucrado en la implementación de la Enapea es insuficiente.

Otro de los hallazgos es que con los cambios de administración hay una elevada rotación del personal responsable de la Enapea. En ocasiones, el nuevo personal asignado no cuenta con la formación o la experiencia necesarias, por lo que se genera una nueva curva de aprendizaje que implica una necesidad constante de capacitación sobre la estrategia y su funcionamiento.

Los retos de coordinación también se identifican tanto en las acciones intergubernamentales como en las intersectoriales. Las y los funcionarios entrevistados enfatizaron que necesitan más acompañamiento del gobierno federal pues, en ocasiones, la relación se limita a preparar el informe anual. 

Otro desafío vinculado a la coordinación intersectorial se deriva de la escasa vinculación entre la Enapea y otras normativas o políticas relacionadas como la interrupción legal del embarazo o la Ley Olimpia.

Además, está la necesidad de reforzar los sistemas de indicadores para mejorar el monitoreo de la implementación de la estrategia, principalmente a nivel municipal. 

Aunque también se reconocieron algunas buenas prácticas, el estudio recomienda diseñar metas que los grupos estatales puedan cumplir de manera escalonada, incluir a la población objetivo en los procesos de toma de decisiones, ampliar la comunicación entre los grupos estatales y las fiscalías para dar seguimiento a los casos de violencias contra la niñez y adolescencia, crear memorias institucionales que recuperen y fomenten las buenas prácticas en la implementación de la estrategia, así como fortalecer el monitoreo.

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