A 9 años del caso Narvarte: familiares, amigos y organizaciones exigen a la Fiscalía ponerle un fin a la impunidad

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A 9 años de los asesinatos de la activista Nadia Vera, la modelo Mile Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz y el fotoperiodista Rubén Espinosa ocurridos en un edificio de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, el caso continúa en la impunidad.

Familiares, amigos y organizaciones se reunieron afuera de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, para exigir “verdad, memoria y justicia”.

Patricia Espinosa, hermana de Rubén, señaló que desde que ocurrieron los asesinatos, las autoridades han querido hacer creer que el crimen no tuvo nada que ver con su labor periodística, pese a que huyó de Veracruz por amenazas derivadas de su trabajo.

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En 2015, la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía, detuvo a tres personas y aseguró que el multifeminicidio y homicidio estaban relacionados con presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, los familiares de las víctimas rechazaron esta versión.

“Rodolfo Ríos, en ese entonces procurador, insistió que el asesinato y multifeminicidio habían sido por cuestiones de robo y drogas, pero nada por la labor periodística, hoy les podemos decir que ese testimonio fue falso, que no fue por robo ni por droga. Han argumentado todos estos años que todas las líneas de investigación siguen abiertas”, indicó Patricia Espinosa en conferencia de prensa.

Caso Narvarte: Familiares y amigos exigen justicia a las afueras de la Fiscalía de CDMX tras 9 años sin resolución
Caso Narvarte: Familiares y amigos exigen justicia a las afueras de la Fiscalía de CDMX tras 9 años sin resolución| Foto: Sharenii Guzmán

 

Sin embargo, ni la labor periodística ni el tema Veracruz han sido investigados. La familia de Rubén ha señalado a lo largo de estos años que el fotoperiperiodista tenía amenazas y era perseguido por el gobierno de Javier Duarte derivado de su trabajo, es por ello que su hermana insiste en que las autoridades deben agotar esta línea.

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Recordó que Ernestina Godoy se comprometió a resolver el caso en un año, no obstante no ocurrió y agregó que con Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía, no se han reunido para darle seguimiento.

Patricia Espinosa exigió a la Fiscalía resolver el caso, así como a detener a dos personas involucradas que aún continúan libres. “Necesitamos a los autores materiales, necesitamos saber qué pasó en ese edificio el 31 de julio de 2015”.

En tanto, integrantes de la organización Artículo 19 también acudieron a la conferencia y protesta, en donde leyeron un comunicado que se suma a la exigencia de justicia.

Fiscalía General de Justicia de CDMX tras la manifestación por los 9 años del multihomicidio en la Narvarte
Fiscalía General de Justicia de CDMX tras la manifestación por los 9 años del multihomicidio en la Narvarte| Foto: Sharenii Guzmán

 

“Hoy recordamos el 31 de julio de 2015, cuando 3 personas ingresaron al departamento 401 de Luz Saviñón 1909, en la Colonia Narvarte, donde torturaron y asesinaron a nuestros familiares y seres queridos”.

Artículo 19 reiteró también que, a pesar de la falta de interés de la entonces Procuraduría de la Ciudad de México, los hechos fueron parte de un operativo coordinado por al menos otras dos personas que acompañaron de cerca los hechos y por medio de una red de comunicación con por lo menos 10 personas involucradas.

Familiares y amigos de las victimas del multihomicidio en la Narvarte se reúnen afuera de la Fiscalía de CDMX a 9 años del crimen
Familiares y amigos de las victimas del multihomicidio en la Narvarte se reúnen afuera de la Fiscalía de CDMX a 9 años del crimen| Foto: Sharenii Guzmán

 

“Son ya 9 años en donde familiares y sus representaciones hemos tenido que llevar una carga continua, presentando las evidencias a las autoridades, generando un memorial para que no se olvide el hecho, insistiendo en que las autoridades cumplan con su labor de agotar todas las líneas de investigación y de dar con todos los responsables materiales e intelectuales del crimen”.

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La ONG señaló que desde el año pasado, impusieron nuevas denuncias en contra de personas servidoras públicas debido a las omisiones y filtración de información del caso desde sus inicios, mismas que no han avanzado en el camino a la justicia. “Así, se sigue respaldando la hipótesis de que, en su momento, se protegió a personas involucradas en los hechos de aquel 31 de julio del 2015”.