La 4T y el cheque en blanco
He leído a distintos y distintas analistas y activistas manifestar que en las últimas elecciones votaron por la candidata oficialista a la presidencia y por (casi) todas las candidatas y candidatos de la Coalición Juntos Hacemos Historia (MORENA-PT-Verde), y entre las razones que aluden es la coincidencia ideológica de un proyecto progresista que vela por la reivindicación de derechos de las mayorías, abandonados durante décadas por el sistema económico predatorio y la esperanza de seguir reduciendo las desigualdades imperantes en el país.
Estas voces críticas rematan sus exposiciones declarando que su voto no significó un cheque en blanco para MORENA y aliados ni para el nuevo gobierno que encabezará la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, recientes actitudes y acciones de funcionarios del actual gobierno y de representantes y gobernantes electos, como lo sucedido en el Congreso con la reciente aprobación de la reforma judicial, hacen temer que, efectivamente, la autodenominada 4T piensa que lo que la población les ha dado, con una victoria tan amplia en la elección federal, es precisamente un cheque en blanco.
Pero ¿qué significaría exactamente este “cheque en blanco”? A grandes rasgos, se refiere a un ejercicio del poder a discreción, lo que se traduce en una toma de decisiones sin consultar a nadie, ausencia de transparencia en los procesos administrativos y en el uso de recursos monetarios, la evasión de responsabilidades y rendición de cuentas y, finalmente, que los y las funcionarias y representantes populares se piensen como el origen de la legitimidad de su propia autoridad, lo cual es incompatible en un contexto democrático.
Pero ¿acaso no es como ya estaba trabajando el presidente Andrés Manuel López Obrador? Definitivamente la popularidad y amplia legitimidad con la que cuenta el presidente, expresada en los altos niveles de aprobación, le brindan un amplio margen de acción por lo que ha sido capaz de meter en la agenda pública temas ásperos como intentos de reformas importantes, por ejemplo, la reubicación administrativa de la Guardia Nacional a la SEDENA, así como le permitió evadir el repudio público por los deficientes resultados en algunas áreas y los grandes pendientes de su gobierno, como la crisis de seguridad.
Pero no podemos decir que tenía un cheque en blanco y ni siquiera que él haya considerado contar con uno, ya que sabía que después de prácticamente 12 años de campaña (presidencial) y de haber participado en tres procesos electorales para finalmente alcanzar la presidencia, tenía la gran responsabilidad de responder a las demandas de su base de apoyo, principalmente de reducir la pobreza, a lo cual dio respuesta durante su gobierno en mayor o menor medida (o por lo menos existe la percepción de que así fue) y de ahí la enorme legitimidad que goza aún al final de su mandato y que ayuda a cimentar el régimen que continuará su sucesora.
Pero con las elecciones del pasado 2 de junio el panorama cambió: en primera instancia, la elección fungió como un plebiscito, una consulta popular donde lo que se sometió a consideración de la población fue la continuidad del actual régimen iniciado por López Obrador y que ahora seguirá con Sheinbaum a la cabeza. Ya nadie duda de la mencionada amplia legitimidad de López Obrador como el líder moral del movimiento autodenominado “cuarta transformación”.
Como resultado de ese proceso electoral hoy tenemos a una oposición disminuida a un nivel de debilidad e incapacidad de competencia que hacía años no se veía (justamente, desde la hegemonía priísta de partido único), lo que en un juego de suma cero todo poder perdido por la oposición fue exitosamente absorbido por el oficialismo (sin olvidar que en cierto grado se fortaleció Movimiento Ciudadano, partido al que, sin embargo, en ningún escenario le alcanzaban los votos para representar una verdadera competencia).
Este escenario político, de un régimen hegemónico como señalan algunos, es previsible tenga continuidad durante la siguiente década, por lo que MORENA mantendrá la presidencia sin ningún riesgo real de perderla. Esto se traduce en este momento en una posición política segura, donde las tentaciones autoritarias siempre presentes comiencen a surgir, y gobernantes y representantes populares sientan que nada les ata a sus electores, por lo que podrán abocarse a sus proyectos políticos-empresariales personales y de sus camarillas políticas. De ahí que puedan pensar que cuentan con un cheque en blanco.
Frente a este posible escenario, ¿qué puede hacer la población? El primer coto de resistencia se encuentra en los colectivos sociales organizados, aquellos que se encuentran en digna resistencia desde hace décadas en contra de las desigualdades impuestas por el sistema de explotación, y que han sido continuamente despojados del fruto de su trabajo. Aún frente a las acciones del presidente López Obrador para confrontar la profunda desigualdad en el país, aún hay largo camino por recorrer y quienes siempre han hecho frente a estas desigualdades no dejarán de hacerlo y de exigir al gobierno (pronto encabezado por Sheinbaum) tomar las medidas necesarias por atender de manera efectiva e inmediata estas demandas.
También hay organizaciones que nacieron de forma más reciente y que responden a las coyunturas actuales, como los grupos contra el cambio climático o los que buscan la reducción de la jornada laboral, cuyo activismo será importante para no permitir que gobernantes y legisladores/as dejen a un lado temas de tal relevancia e impacto en la vida diaria de la población.
Para la transparencia y la rendición de cuentas desde la academia y la investigación serán importantes los trabajos dedicados a evaluar el impacto de las políticas públicas con metodologías probadas, datos de calidad y resultados confiables que nos den elementos necesarios para saber si las tomadoras/es de decisiones van por la ruta correcta y hacerles saber cuando no es así. Para hacer frente a las narrativas oficiales y dominantes del “todo va bien” se requerirá contar información veraz y objetiva.
Por último, el periodismo de investigación seguirá con un papel preponderante para la rendición de cuentas. Como ha sucedido en el pasado con casos como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, los Panama Papers, o las investigaciones realizadas en Animal Político, como La Estafa Maestra, Matar en México, No fuimos Dinamarca, o Votar entre balas, estas investigaciones seguirán sacando a la luz los negocios y crímenes que se esconden detrás de los acuerdos políticos públicos, para impedir que la política sea por completo esa caja negra cuyo interior es un misterio para la mayor parte de la población.
En una democracia representativa como la nuestra, una vez que elegimos a nuestros/as representantes y gobernantes, deseablemente éstos dejan de responder a intereses particulares y pasan a ser representantes de la nación. El resto de la población nos quedamos con la confianza de que, efectivamente, van a velar por los intereses colectivos y a procurar el bien común, pero eso no significa que nos quedemos como espectadores, como simples asistentes al teatro de la política. Podemos ser personas activas y exigir más de nuestras/os gobernantes y representantes. Nuestra participación y capacidad de acción no se reduce a las urnas y será importante que lo recordemos o realmente les habremos dado un cheque en blanco.
* Gerardo López García (@gera_emp) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).