300 denuncias por violencia de género, un feminicidio y amenazas contra estudiante mantienen en paro a la UAQ

Este viernes se cumplió una semana del paro de actividades en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), motivado por el descontento de la comunidad estudiantil ante la falta de atención a los casos de violencia de género dentro de los planteles.

De acuerdo con información compartida por estudiantes a través de redes sociales, la decisión de iniciar el paro se dio luego de que se conociera el caso de una estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien denunció a otro alumno por acoso y amenazas, ante lo cual la administración central de la UAQ propuso como medida el cambio de turno, lo que no impidió que el presunto agresor continuara buscando acercarse a la denunciante.

Ante esta situación, distintas facultades de la UAQ protestaron para que se atienda este y alrededor de 300 casos que se encuentran pendientes de resolver por parte de las instancias encargadas de velar porque en el plantel se erradique la violencia de género.

A estas exigencias, se sumó la indignación de la comunidad por el caso de un alumno de Psicología de la UAQ, quien en septiembre pasado fue detenido por el feminicidio que presuntamente cometió contra una menor de edad, quien era su pareja.

Protocolo sin capacidad de sanción

En entrevista con Animal Político, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, Marcela Ávila-Eggleton, explicó que el principal problema en la atención de la violencia de género dentro de la universidad se debe a que el protocolo de atención a estos casos “no tiene capacidad de sanción”.

“Hace aproximadamente tres años se creó una instancia en la UAQ para atender por primera vez los casos de violencia de género, a partir de una primera propuesta que se generó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Después se concretó el protocolo y una unidad de atención, pero este, desde mi punto de vista, no tiene un enfoque de derechos humanos ni nada. Actualmente unos 300 casos rezagados, que se han ido desahogando… pero no se tiene capacidad de sanción”, reconoció.

De acuerdo con este documento, la UAQ contempla la resolución de quejas a partir de “prácticas restaurativas” como acuerdos entre las partes, que los agresores acudan a un “grupo de encuentro de crecimiento para hombres”, y que haya acciones de formación y sensibilización en los campus universitarios, además de “procesos sancionatorios” de competencia laboral, académica y administrativa que no se especifican de manera clara.

Cuando los actos cometidos son identificados como delitos, según el Código Penal de Querétaro, la universidad ofrece acompañamiento y/o canalización para que las víctimas puedan presentar sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

En el caso de la estudiante que denunció acoso y amenazas, Ávila-Eggleton explicó que el caso fue atendido en un primer momento por la unidad de atención a la violencia de género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sin embargo, se recomendó a la alumna que presentara su queja en la administración central, debido a que en la instancia de su carrera, la máxima sanción que podía aplicarse era la suspensión por 5 días del agresor, lo que generaría riesgos a futuro para la afectada.

Fue así como la queja se presentó ante la administración central, misma que determinó como medida cautelar que la denunciante sería cambiada de turno para no toparse con el estudiante al que denunció. Esta decisión fue considerada como insuficiente desde la Facultad de Ciencias Políticas, luego de que la joven les notificara que el agresor continuaba buscándola por medios digitales, por lo que, de manera autónoma, la escuela dirigida por Ávila-Eggleton decidió poner a dos trabajadores administrativos a custodiar a la estudiante.

Aún con estas medidas, la denunciante notificó a la dirección de la facultad que el presunto agresor continuaba intentando comunicarse con ella, buscándola en su salón y enviando mensajes a sus conocidas para intentar entablar comunicación, por lo que se determinó que, para garantizar su seguridad, la joven continuaría tomando clases, pero de manera virtual.

“Como te podrás imaginar, esto era una bomba de tiempo que iba a explotar en cualquier momento, porque hay organizaciones y colectivas de estudiantes que alegan que nunca se hace nada, aunque se les exige denunciar, porque los proceso tardan muchísimo tiempo en resolverse y no hay sanciones”, agregó.

Tras la decisión de la comunidad estudiantil de iniciar un paro de actividades, el Colegio de Directoras y Directores, e incluso la rectora de la UAQ se pronunciaron a favor de respetar los acuerdos de las alumnas y alumnos, e iniciaron mesas de diálogo que continúan hasta el día de hoy. Este sábado, se prevé que se entregue un pliego petitorio.

Querétaro, estado con mayor violencia escolar contra mujeres

Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, en México, 3 de cada 10 mujeres han experimentado al menos un episodio de violencia psicológica, física o sexual en el ámbito escolar, aunque solo se denuncian ante autoridades el 9% de los casos.

En el periodo de cinco años, de 2016 a 2021, las agresiones contra mujeres estudiantes mayores de 15 años crecieron un 7%, al pasar de 25.3% a 32.3%, de acuerdo con la información recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Querétaro es el estado en el que mayor número de mujeres (40.3%) reportó haber vivido al menos un episodio de violencia en el ámbito escolar, seguido por Colima (36.3%) y la Ciudad de México (36%).

El INEGI señala que 208 mil 145 mujeres de Querétaro dijeron haber vivido al menos una situación de violencia psicológica en el entorno escolar, 219 mil 590 reportaron incidentes de violencia física, y 213 mil 552 de violencia sexual a lo largo de su vida.

En el periodo de octubre de 2020 al mismo mes de 2021, fueron 25 mil 449 las que reportaron incidentes de violencia psicológica, 11 mil 363 las que fueron agredidas físicamente, y 26 mil 629 señalaron haber sido violentadas sexualmente.

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