17 países europeos piden un "cambio de paradigma" para deportar a los solicitantes de asilo

Un grupo de 17 países europeos ha pedido un "cambio de paradigma" en la política migratoria para garantizar que los solicitantes de asilo cuyas solicitudes hayan sido denegadas sean devueltos a sus países de origen de forma efectiva y rápida.

Este nuevo enfoque, afirman, debería conllevar "consecuencias" para quienes reciben una orden de devolución pero nunca abandonan el continente. "Las personas sin derecho a quedarse deben rendir cuentas. Una nueva base jurídica debe definir claramente sus obligaciones y deberes", escriben los países en un documento informal visto por 'Euronews'.

"La no cooperación debe tener consecuencias y ser sancionada". Y los Gobiernos, prosiguen, "deben estar facultados" para llevar a cabo las deportaciones "respetando plenamente los derechos fundamentales".

El documento fue liderado por Austria y los Países Bajos y respaldado por Croacia, la República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Eslovaquia y Suecia. Noruega, Suiza y Liechtenstein, tres Estados no miembros de la UE que forman parte del espacio Schengen, también han prestado su firma.

El grupo pide a la Comisión Europea que trate el asunto "con celeridad" y presente un "marco de vanguardia que responda a los retos y acontecimientos reales", basándose en los debates de una reunión del grupo de trabajo celebrada en junio.

En las conclusiones de esa reunión se propusieron varias ideas para hacer frente a la baja tasa de deportaciones efectivas del bloque, que se mantiene en torno al 30% sin cambios significativos. Las ideas incluían utilizar las políticas comerciales y de visados como "palanca" para obligar a los países de origen a acoger a sus nacionales una vez rechazadas sus solicitudes de asilo, dado que la falta de cooperación en ese sentido se ha citado como una de las principales razones de la baja tasa de retorno.

17 países de todas las regiones de Europa suscriben el documento oficioso

En la reunión de junio también se propuso el establecimiento de una "decisión común europea de retorno" para abordar otro problema recurrente: los Estados miembros a veces no reconocen las órdenes de retorno emitidas por otro Estado miembro.

Sin embargo, estas propuestas concretas no se mencionan en el nuevo documento oficioso, que sirve sobre todo como llamamiento a la Comisión y muestra de un fuerte apoyo político: el grupo de 17 miembros abarca todas las regiones de Europa, desde Escandinavia hasta el Mediterráneo, y Gobiernos desde la derecha dura hasta el centro-izquierda.

El llamamiento conjunto se produce mientras los ministros de Interior se reúnen el jueves en Luxemburgo, la primera reunión de este tipo desde que Alemania reintrodujo controles en todas sus fronteras terrestres, Hungría amenazó con instrumentalizar a los inmigrantes irregulares contra Bélgica y Países Bajos pidió una cláusula de exclusión voluntaria de las normas de asilo de la UE. La migración también debería figurar en el orden del día de una cumbre de dos días de líderes de la UE que se celebrará la próxima semana.

La rápida sucesión de acontecimientos ha suscitado serias dudas sobre la viabilidad del espacio Schengen y el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la revisión legislativa que el bloque completó en mayo. El Nuevo Pacto prevé disposiciones para cerrar la brecha entre los procedimientos de asilo y de retorno, pero, como refleja el documento oficioso, los Estados miembros quieren una legislación separada para tratar la cuestión de las deportaciones.

Una propuesta para reformar la Directiva de Retorno de 2008 lleva estancada en el Parlamento Europeo desde 2019. Para el grupo de 17 países, ahora se necesita un texto completamente nuevo.

En las directrices para su segundo mandato, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido un "nuevo enfoque común en materia de retorno, con un nuevo marco legislativo para acelerar y simplificar el proceso, garantizar que los retornos se produzcan de forma digna, digitalizar la gestión de los casos y garantizar que las decisiones de retorno sean reconocidas mutuamente en toda Europa".