12 años después, un caso de abuso de la fuerza, asesinato y encubrimiento de la Patrulla Fronteriza de EU llegará a la CIDH

Tras 12 años de búsqueda de justicia, el asesinato de Anastasio Hernández Rojas a manos de la Patrulla Fronteriza de EU es el primero que involucra a ese cuerpo policiaco que llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el próximo 4 de noviembre. 

El 28 de mayo de 2010, cuando regresaba a su lugar de residencia en San Diego, EU, Hernández Rojas fue detenido y agredido por agentes de la Patrulla Fronteriza, lo que posteriormente le provocó la muerte.

La demanda del caso 14.042 describe que los agentes detuvieron a Hernández Rojas para llevarlo a un centro de detención, donde le patearon una herida previa en el tobillo. 

Después, le negaron atención médica y la posibilidad de levantar una queja. Luego de decidir deportarlo, lo llevaron a un área de aseguramiento donde otros agentes lo golpearon, patearon, arrastraron, amarraron y presionaron con sus rodillas su cuello y su cuerpo.

La autopsia confirmó que le ocasionaron heridas graves mientras estaba en custodia, cinco costillas rotas y hemorragias internas. Falleció después de sufrir un paro cardiaco y daño cerebral. Su muerte fue dictaminada como homicidio. 

Para su viuda y madre de sus cinco hijos, María Puga, estos han sido 12 largos años de lucha con el apoyo de organizaciones y la comunidad de San Diego, quienes desde que se dio a conocer el caso —mediante la divulgación de un video— no dejaron de tenerlo presente. 

“Para mi familia y para mí fue algo muy impactante, un dolor muy grande; te llenas de coraje, de dolor, y ese dolor se convierte en fuerza para luchar por la justicia”, dice María. 

Lo más difícil es explicar a sus cinco hijos y tratar de contestarles preguntas de las que ni ella misma conoce la respuesta. “‘¿Por qué mataron a mi papá, a mi papito?’ Hasta la fecha, no he encontrado respuesta, ni yo se las he podido dar porque no sé por qué”, lamenta.

Después de estos 12 años, la audiencia próxima representa una última esperanza de encontrar justicia, para que el gobierno estadounidense reconozca la culpabilidad de sus agentes en el asesinato.

“Es lo que yo espero, porque cuando ellos reconozcan que son culpables, tiene que haber algún castigo, cambios en las políticas, respondernos como debe ser”, sostiene. 

Te puede interesar: Migrantes venezolanos denuncian deportaciones exprés en la frontera sur de México: “Te ponen a caminar para regresarte”

Un contexto de incidentes fatales 

Roxana Altholz, coodirectora de la Clínica Legal Internacional de Derechos Humanos de UC Berkeley y abogada en el caso, explica que este suceso debe verse a la luz de un sistema entero que propicia la violencia y la impunidad en las comunidades fronterizas en EU. 

Anastasio es una de las 245 personas que han muerto en encuentros con la Patrulla Fronteriza en los últimos 12 años, específica. Se trata de la fuerza policiaca más grande de EU, con 60 mil agentes, de los que 20 mil están desplegados en la frontera.

“Tiene los peores estándares de uso de la fuerza y sistemas de rendición de cuentas inexistentes. Eso no es por coincidencia, sino por diseño… Durante su historia de casi 100 años han matado a cientos, y no hay ningún agente que haya sido procesado y condenado por un asesinato cometido en la frontera. Esa es la dimensión de injusticia que está enfrentando la familia de Anastasio”, señala Altholz.

FOTO: Facebook de Justicia para Anastasio Hernández Rojas

La Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, que desde 2011 agrupa a 60 organizaciones de San Diego, California, a Brownsville, Texas, tiene un registro de más de 245 incidentes fatales que involucran a la Patrulla Fronteriza desde 2010. 

De acuerdo con su análisis, 61 de estas muertes fueron causadas por uso excesivo de la fuerza: disparos, asfixia, golpes y químicos. Otras 88 respondieron a colisiones de vehículos, de las cuales 77 ocurrieron durante persecuciones iniciadas por esa fuerza policial.

Otras 53 están relacionadas con la falta de atención médica, mientras las personas estaban en custodia o después de algún incidente con agentes; 15 muertes fueron homicidios cometidos por agentes fuera de servicio, los únicos en los que han existido cargos o sentencias. De 30 más se desconocen las causas, aunque en cuatro se presumió suicidio y ahogamiento. 

La coalición advierte que, mientras el gobierno estadounidense continúe destinando cada vez más recursos a la Patrulla Fronteriza sin supervisión y responsabilidad apropiada, las comunidades de la frontera siguen siendo afectadas en negocios, derechos humanos, medio ambiente y relaciones internacionales. 

El de Anastasio es el primer caso de violencia policiaca perpetrada por la Patrulla Fronteriza que llega a una instancia internacional. Tras la presentación de la denuncia en 2016, el caso fue admitido en 2020 por la CIDH, por lo que este 4 de noviembre las abogadas presentarán pruebas documentales, testimoniales y alegatos orales para ayudar a determinar la responsabilidad de EU. 

Una historia de impunidad 

Durante la próxima audiencia no deberán discutirse únicamente las responsabilidades en el asesinato, sino también en la impunidad que ha prevalecido en el caso a lo largo de los años, precisa Altholz. 

En 2015, el Departamento de Justicia decidió cerrar la investigación del caso sin cargos contra los agentes. Las abogadas aseguran que desde un inicio estuvo manipulada, con evidencias ocultas, destruidas o alteradas. 

“Ese resultado era lo que venía desde el momento que empiezan a golpear brutalmente a Anastasio. Mientras lo golpeaban, suben a donde estaban cientos de testigos grabando, agarran sus cámaras, sus teléfonos y borran las imágenes y los videos, y es solo porque algunos deciden esconder sus teléfonos que hoy en día tenemos videos de lo que ocurrió a Anastasio”, relata Altholz.

La abogada subraya que lo ocurrido es tortura, y las grabaciones y testigos oculares pueden demostrarlo. Tratar de ocultarlos, remarca, fue solo uno de los muchos pasos que dio la Patrulla Fronteriza para asegurar que la muerte de Anastasio no resultara en justicia.

Por ello, en el litigio se demanda al gobierno estadounidense, no a individuos. Sin embargo, existe la expectativa de que como medida de reparación se reabra la investigación penal para que se juzgue y castigue a los agentes responsables del asesinato y la obstrucción de justicia. 

Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego y también abogada en el caso, añade que durante la revisión de los documentos y registros de la investigación policiaca pudieron constatar que los agentes corrieron a los testigos del incidente, no conservaron su información, borraron videos en celulares, destruyeron otros de las cámaras del gobierno que capturaron el incidente y alteraron documentos gubernamentales sobre el incidente.

De esa manera comenzaron a entender que lo mismo sucedió en varios casos similares mediante los Critical Incident Teams de la Patrulla Fronteriza, que funcionaban en realidad como equipos de encubrimiento. En el caso de Anastasio y otros seguían el mismo patrón: destruir evidencia y obstruir investigaciones. 

“Siempre estuvieron presentes en las autopsias, en las entrevistas con los agentes, en todos los lugares donde no deben haber estado… También nos ayudó información que nos dio un exoficial de la patrulla para conectar los puntos”, explica Guerrero. 

Al conocer esa operación, la notificaron al Congreso de EU, que ni siquiera sabía que existían e inició una investigación. 

La Patrulla Fronteriza anunció en mayo que eliminaría los Critical Incident Teams, tras las críticas que recibieron por su rol de secrecía en los incidentes con personas muertas o heridas que involucraban a agentes. La propia corporación definía a esos equipos como aquellos que conducían investigaciones para la “mitigación de responsabilidad civil”.

Aunado a ello, hoy existe un agravamiento en el sentido de que cada vez las personas migrantes tienen menos derechos, dice Altholz. “Un migrante debería tener el mismo derecho a la vida, a la integridad personal, que cualquier otra persona, y lo que todo mundo ha presenciado es que se están desconociendo los derechos fundamentales de estas personas que son las más vulnerables de nuestra sociedad”. 

Los asesinatos son uno de los ejemplos más extremos de la violencia, pero resulta igualmente importante, de acuerdo con la abogada, poner atención en la violencia cotidiana que viven muchos migrantes y que genera abusos. 

Ante el momento clave que enfrenta el caso, una preocupación más de las abogadas y de María Puga es que EU haya pedido que la audiencia se cierre al público y se convierta en una reunión privada, lo cual, además de inédito, contravendría los estándares de la CIDH.

“Asesinan a una persona en público y ahora quieren hacerlo a puerta cerrada; queremos que respondan en público, no a puerta cerrada”, exige la viuda de Anastasio.  

Para ella, justicia sería que se reabriera el caso, que los agentes aceptaran su culpabilidad y que pidieran perdón a su familia: “Queremos cambios en las políticas para que otras familias no sufran lo que nosotros estamos sufriendo, no pasen por estos tragos amargos, este dolor y esta angustia”.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

El cargo 12 años después, un caso de abuso de la fuerza, asesinato y encubrimiento de la Patrulla Fronteriza de EU llegará a la CIDH apareció primero en Animal Político.