Los votantes del condado de Orange dicen ‘no’ al impuesto sobre las ventas de transporte, sí al control de alquileres

Los votantes del condado de Orange rechazaron un aumento del impuesto sobre las ventas de un centavo por dólar destinado a transformar las opciones de transporte.

Los defensores que se habían negado a discutir un “Plan B” para financiar miles de millones en proyectos de transporte ahora tendrán que redactar uno.

Con ocho de los 257 precintos del Condado de Orange aún sin contar, los votos negativos totalizaron el 58.5% de las boletas.

El alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, estaba en el Rosen Center Hotel, que estaba organizando una fiesta de vigilancia para su esposa, Val Demings, candidata demócrata al Senado de los Estados Unidos. Todavía no había hecho comentarios sobre los resultados. El alcalde esperaba que los votantes dieran luz verde al impuesto sobre las ventas, que consideraba crucial para construir una red de transporte transformadora.

Él y el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, quien copresidió el impulso para aprobar el impuesto, crearon una coalición diversa de apoyo, que incluye entidades comerciales, sindicatos, la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Orange y organizaciones sin fines de lucro. Los activistas del tránsito, la vivienda y el clima también respaldaron el impuesto.

Pero Brian Henley, quien lideró el grupo de oposición Axe the Tax, dijo que el impuesto adicional estaba condenado por “un momento terriblemente horrible”.

Dijo que la inflación, las tasas de interés más altas y el temor a una recesión nacional triunfaron sobre todo.

“Puedes organizar las mejores alianzas políticas, las cámaras de comercio, los sindicatos, los nueve metros completos, pero al final del día, cuando intentas aumentar los impuestos en una recesión, te enfrentas a un viento en contra, —dijo Henley—. “Los votantes están ansiosos por su dinero”.

Orlando Economic Partnership, una organización de desarrollo económico y comunitario conocida como OEP, donó $125,000 y brindó servicios de consultoría valorados en casi $200,000 en los últimos días de la campaña, según los registros de Move Orange County Forward.

El comité de acción política encabezado por Demings recaudó más de $1,5 millones para financiar la campaña.

Tenía la esperanza de que el impuesto ayudaría a terminar con los viajes largos, frustrantes y a veces peligrosos al mejorar las carreteras, brindar opciones de tránsito más confiables y eficientes y estimular la construcción de viviendas asequibles más cerca de los centros de transporte, todo lo cual requiere dinero público.

El aumento propuesto habría aumentado el impuesto sobre las ventas del condado de un mínimo de la región de 6.5% a 7.5%.

Habría recaudado un estimado de $600 millones al año y alrededor de $12 mil millones durante los 20 años de vigencia del impuesto.

En marzo, los comisionados del Condado de Orange recibieron una carpeta llena de 1,153 páginas de proyectos propuestos, informes, proyecciones y análisis de consultores para ayudarlos a persuadirlos de que el condado necesita el aumento del impuesto sobre las ventas para solucionar los déficits de transporte.

Hace diecinueve años, los votantes del condado de Orange rechazaron un aumento de medio centavo en el impuesto sobre las ventas para las necesidades de transporte.

La iniciativa de 2003, denominada Movilidad 2020, habría ayudado a pagar $8700 millones en mejoras de tránsito durante 20 años.

Alrededor del 54% de los votantes del condado dijeron que no.

Entendiendo el desafío, Demings se quedó perplejo ante su propuesta de aumento en cientos de reuniones públicas.

Durante muchos de esos foros, el alcalde pidió a su audiencia que indicaran levantando la mano si creían que el condado tiene un problema de tráfico. Casi todas las manos en cada multitud se dispararon. Luego le preguntaba a su audiencia cuántos de ellos estaban dispuestos a pagar por ello.

Muchas manos cayeron.

Control de los alquileres

Los votantes del condado respaldaron abrumadoramente una medida de estabilización de alquileres muy disputada con casi el 60% de los votantes diciendo que sí.

“Honestamente, creo que es un grito de ayuda”, dijo el obispo David Maldonado, un pastor pentecostal cuyos feligreses hicieron campaña junto con miembros del sindicato UNITE HERE, que representa a algunos trabajadores de Disney, y con la organización de justicia social Florida Rising.

La ordenanza destinada a limitar los aumentos de alquiler al 9,8% durante el próximo año no puede convertirse en ley a menos que el condado gane una apelación.

La comisionada del condado de Orange, Emily Bonilla, quien propuso el tope de alquiler que apareció en la boleta electoral como una “ordenanza de estabilización de alquiler” que necesitaba la aprobación de los votantes, golpeó a los grupos de propietarios que gastaron más de $ 1 millón tratando de persuadir a los votantes de que dijeran que no.

“La gente votó por sus mejores intereses y por la estabilización de rentas y no cayó en las mentiras y la manipulación de las corporaciones que han estado controlando el sistema con el dinero que le quitan a la gente trabajadora todos los días”, dijo en un mensaje de texto a el Orlando Centinela. “La gente votó para simplemente mantener un techo sobre sus cabezas”.

Llamó a la campaña fallida de los grupos de propietarios “un ejemplo perfecto de cómo las corporaciones ganan dinero a partir de personas con enormes ganancias obsesivas y lo llaman inflación, y luego toman ese dinero y lo gastan en campañas publicitarias y comerciales para tratar de hacer que la gente vote. como quieren.”

Bonilla dijo que el condado debería hacer “todo lo posible para ayudar a las personas con viviendas asequibles y en los tribunales”.

Tras una directiva de 2-1 de un panel de apelaciones, el juez de circuito Jeff Ashton ordenó a los funcionarios electorales que no certificaran los resultados de la votación sobre la ordenanza, que permaneció en la boleta a pesar de un fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito que declaró que el resumen de la boleta era engañoso.

Ashton había considerado que la medida tenía un terreno legal inestable en septiembre cuando dictaminó que podía permanecer en la boleta electoral.

“Hay un bien público en el proceso democrático y en permitir que el público ejerza su derecho a expresar su opinión sobre este tema, incluso si eso es todo lo que alguna vez será, una opinión”, escribió Ashton en una orden de nueve páginas rechazando una solicitud de orden judicial del grupo de propietarios.

La ley estatal requiere la aprobación de los votantes y la decisión de un electorado es válida solo después de que se certifiquen los resultados.

Florida Realtors y la Asociación de Apartamentos de Florida presentaron una demanda en el Tribunal de Circuito en agosto con la esperanza de evitar que los votantes aprobaran una ordenanza propuesta para imponer un tope del 9,8% por un año a los aumentos de alquiler para potencialmente 104.000 apartamentos en el Condado de Orange.

Esta historia fue publicada en el Orlando Sentinel y fue traducida por el periodista José Javier Pérez.