La violencia azota a Baja California; empresarios y sociedad exigen seguridad e inteligencia policial

La violencia e inseguridad se han intensificado en los últimos meses en Baja California, estado fronterizo de México, por lo que familias, estudiantes, comerciantes, empresarios, jóvenes trabajadores y otros sectores de la sociedad civil se han unido para exigir que las autoridades implementen medidas de vigilancia, seguridad e inteligencia más vigorosas y eficaces.

El pasado miércoles 17 de julio, centenares de empresarios y otras personas realizaron una protesta en Tijuana denominada “Vigilia por la seguridad”, cuyo propósito fue que patrones y representantes de los gremios más importantes de la economía de todos los municipios se unieran para levantar la voz en contra de la delincuencia.

Al mismo tiempo, empresarios, organizaciones civiles, comités de vecinos y grupos ciudadanos hicieron lo mismo en municipios como Playas de Rosarito, Mexicali, Ensenada y Tecate.

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Piden esclarecer asesinato de la presidenta de Canainpesca

Carlos Jaramillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, en la vigilia hizo un llamado a las autoridades “para que tomen medidas contundentes; más allá de coordinaciones, son acciones”. En tanto, los manifestantes, reunidos en la Glorieta de Cuauhtémoc, vestidos de negro, guardaron un minuto de silencio por las personas asesinadas durante 2024, cifra que solo en Tijuana esta semana rebasó las mil muertes, y colocaron veladoras en el monumento dedicado al tlatoani azteca.

Uno de los momentos más sensibles de la manifestación fue cuando se recordó el nombre de Minerva Pérez Castro, la empresaria asesinada semanas después de que denunció que grupos delincuenciales cobran “derecho de piso” en el puerto de Ensenada, Baja California.

A Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola de Ensenada, la asesinaron la tarde del 8 de julio cuando salía de sus oficinas ubicadas en la colonia El Sauzal. De manera extraoficial se informó que se trató de un ataque directo con al menos 36 tiros.

Horas antes de la emboscada, Minerva Pérez había estado en Tijuana, en un evento empresarial, donde habló con reporteros y reiteró el cobro de piso del que es víctima el sector pesquero en Ensenada, así como del incremento de la pesca ilegal.

“El sector empresarial y la sociedad en general se encuentran conmovidos por el acto cobarde en el que perdió la vida la líder empresarial que insistió en denunciar actos delictivos que venían afectando su sector”, se lee en un posicionamiento emitido por los Consejos Coordinadores Empresariales de Baja California.

A pesar de las inversiones y esfuerzos en materia de seguridad —según la postura de estos organismos de empresarios—, el asesinato de Pérez Castro pone en evidencia la vulnerabilidad del Estado de derecho y la falta de respeto de los delincuentes hacia la ciudadanía y la autoridad.

“Se hace un llamado a las autoridades de los tres niveles para esclarecer los hechos, llevar a cabo una investigación exhaustiva que llegue hasta las últimas consecuencias y que los responsables de este hecho sean castigados con todo el peso de la ley”, exigieron en el comunicado.

Según el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), durante la actual administración estatal, y de acuerdo con números oficiales, los delitos en la entidad se han incrementado en 15 por ciento. Particularmente, los homicidios han aumentado 10 por ciento, por lo que “de poco o nada han servido los miles de millones de pesos gastados o invertidos”.

En un artículo que refleja la postura del CCSPBC frente al crimen y la delincuencia se anota que, “sin lugar a dudas, las autoridades de los tres órdenes de gobierno están rebasadas por la delincuencia: atentados a periodistas, turistas, empresarios y policías; vivimos en un estado donde la impunidad llega a más de 95 por ciento”.

En ese sentido, el Consejo denuncia que “la falta de capacidad o el contubernio de algunas autoridades de seguridad pública es evidente, pues no se podría entender la actividad criminal y los altos niveles de violencia sin alguno de estos dos elementos, los cuales sin duda deterioran nuestra imagen como estado y como país”.

La falta de planes, estrategias, ausencia de autoridades federales y coordinación entre los tres órdenes de gobierno es evidente, añade el CCSPBC, y agrega que los recientes asesinatos sin duda tendrán un serio impacto en la economía y, particularmente, en la imagen y percepción de inseguridad del estado: “Corresponde a las autoridades no solo esclarecer este crimen, sino regresar a los bajacalifornianos la paz que nos merecemos… Es hora de revisar la estrategia y realizar los cambios que sean necesarios”.

Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana exige resultados

Por su lado, esta semana el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana, Edgardo Flores Campbell, lamentó que la situación de inseguridad que se vive en la entidad prive a la ciudadanía de realizar actividades recreativas y dijo que a la fecha no se ven resultados claros por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Baja California para replantear la estrategia de seguridad.

“Lo que sí vemos es un desentendimiento de la autoridad, una falta de coordinación elemental que se requiere, no hay un alineamiento de esfuerzos institucionales para ir por los objetivos criminales generadores de violencia”, añadió Flores Campbell, quien también es miembro del consejo editorial de Newsweek en Español.

En una reunión con presidentes de cámaras empresariales, colegios, consejos de seguridad y medios de comunicación sostuvo que se requieren mayores labores de inteligencia, análisis, procesamiento y diseminación de información, así como trabajar con operaciones encubiertas.

Asimismo, comentó que “la autoridad debe contar con información suficiente para ubicar a los jefes de grupos criminales, quiénes son, dónde operan, qué giros tienen en términos de tráfico de personas, de drogas, de enervantes, pues terminamos los tijuanenses pagando el plato roto, a nuestra suerte y con la carga de la inseguridad y la fenomenología delincuencial propia de una ciudad fronteriza; si no actúan en consecuencia, va a estar igual o peor que el tema del secuestro en 2008”.

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Por otra parte, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública tijuanense indicó que es necesario revisar el presupuesto en materia de seguridad, ya que en Baja California se tienen asignados más de 8,000 millones de pesos, pero no se tiene clara la manera en que se han invertido, por lo que se deberá pugnar por un combate a la opacidad y una eficiente rendición de cuentas.

De igual manera, Edgardo Flores mencionó que, a pesar de las reuniones que ha habido con la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, y en su momento con la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, no se han visto los resultados que se necesitan. Ante este escenario, a los funcionarios que no puedan resolver la problemática de inseguridad les pidió que renuncien a sus cargos: “Si la vara les queda muy alta y no le tienen amor a la ciudad, que se vayan”.

“La creciente percepción de inseguridad en Tijuana es motivo de preocupación para los residentes de la ciudad, quienes señalan la impunidad y la falta de consecuencias por delitos como factores agravantes. Es más que evidente que, aunado a la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, están superadas las capacidades institucionales por la delincuencia”, subrayó.

Además de las varias cámaras y confederaciones empresariales que operan en Baja California, a las exigencias de seguridad se han sumado organizaciones y asociaciones civiles como comités vecinales de seguridad de fraccionamientos y colonias de la ciudad, Grupo Madrugadores, Unidos por Tijuana, Clubes Rotarios, Index, Asociación de Maquiladoras, Industriales de Mesa de Otay, Grupo 21, Club Rotario Tijuana, Colegio de Abogados Laboristas de Baja California, Asociación de Comerciantes de la Av. Revolución, Acción por los Derechos Fundamentales y Grupo Minarete.

Flores Campbell, en uso de la voz durante la concentración de la “Vigilia por la seguridad”, emplazó al cabildo de la ciudad a que se pongan a trabajar y dejen de pelear: “El ser regidor o síndico no es beca producto de nuestras contribuciones, llevan posponiendo cinco sesiones de cabildo, anteponiendo el chantaje e interés partidista sobre el interés de la ciudadanía y la agenda de seguridad. Ya se van y dejan la ciudad hecha un cuchitril, llena de baches, grafiti, basura, sin alumbrado público, sin poda de árboles. 

“No olvidemos que el cabildo en pleno es la autoridad máxima dentro de la jurisdicción del territorio municipal y este define los destinos de la ciudad y el ejercicio presupuestal en materia de seguridad, nos dejan mucho que desear y esperamos construir una agenda propositiva con el nuevo alcalde y su cabildo”, añadió.

Finalmente, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana anunció que el acuerdo a seguir entre todos los sectores congregados es que se asumirán, bajo las atribuciones del Comité Ciudadano que preside, como un observatorio ciudadano bajo una rigurosa y permanente perspectiva evaluativa de la gestión de las autoridades en materia de seguridad.