Villa Mascardi: la Justicia ordenó restituir siete de los predios usurpados por un violento grupo Mapuche

Luego de que las fuerzas de seguridad federales procedieran al desalojo de los campos usurpados en Villa Mascardi, Río Negro, por un violento grupo Mapuche, la Justicia dispuso que las parcelas ocupadas ilegalmente desde hace cinco años vuelvan a manos de sus dueños.

La decisión la tomó la jueza Silvana Domínguez, que ordenó la restitución de siete predios que pertenecen a diferentes familias y también a la Administración de Parques Nacionales (APN). Todos ellos habían sido usurpados, saqueados y bandalizados por el grupo Mapuche conocido como “Lof Lafken Winkul Mapu”.

Sin embargo, la restitución no será total, ya que, la magistrada ordenó “mantener el espacio ‘rewe’, considerado sagrado por las comunidades que reclaman su posesión” y que se encuentra dentro de uno de los predios usurpados.

El fallo de la jueza se basa en lo planteado por la fiscalía en los días previos que había sugerido la restitución de las tierras. Incluso, la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, defendió los desalojos y dio a conocer en un escrito los fundamentos de ese operativo. Además, expuso detalles poco conocidos del grupo que se identifica como mapuche y protagonizó las tomas y ataques en la zona, así como de los obstáculos que interpusieron para derribar las negociaciones.

Consultado por LA NACION, Diego Frutos, propietario de uno de los predios restituidos, contó: “La devolución de nuestras propiedades la tomamos con mucha prudencia, incertidumbre y desconfianza a la vez, ya que, nada dice sobre quién se hará cargo de los daños que nos produjeron la machi y su banda de terroristas encapuchados. Es una decisión acertada y sujeta a derecho y habiendo cesado el estado de usurpación es lo que corresponde. De todos modos, cabe aclarar que es una Resolución que debió haberse tomado hace más de cuatro años. Se podrían haber evitado un sinnúmero de delitos colaterales cuyas pérdidas hoy son irreparables en muchos de los casos”.

Al ser consultado por el “rewe”, frutos dijo: “A nuestro criterio, entendemos que la jueza adopta una decisión prematura como para sacarse rápidamente la causa de encima. Debió profundizar el análisis de la cuestión y tener en cuenta las públicas declaraciones de la verdadera Comunidad Mapuche registrada y asentada hace más de 100 años en Villa Mascardi, quienes acreditan que el único y verdadero “rewe” se encuentra en las tierras de su jurisdicción. Por otra parte, mantener el tótem citado llevará a una situación de conflicto permanente, ya que, tendremos a los encapuchados merodeando por nuestros lugares con las consecuencias que todos ya sabemos sucederán”.

“La idea es volver a nuestros lugares, pero hay que tener presente que todo lo usurpado ha sido destruido, con lo cual nos llevará años su reconstrucción”, contó Frutos que ante la pregunta de si creen que los usurpadores respetarán la resolución respondió: “Seguramente no. Siempre actuaron en forma anónima y violenta, desoyeron todo tipo de decisiones judiciales y amenazaron públicamente con volver a ocupar el territorio. Si las Fuerzas de Seguridad se retiran, lo van a hacer con mayor violencia, salvajismo e impunidad. Consideramos que el conflicto solamente podrá terminar cuando el Estado encuentre, detenga y enjuicie a todos los delincuentes de la Lof Lafken Winkul Mapu ”.

Qué dijo la Fiscal

En una columna publicada en El Cordillerano, que se basó en su resolución, Etchepare señala que el reclamo del grupo de personas autodenominadas Lof Lafken Winkul Mapu “no se origina en la ocupación tradicional y pública de las tierras”, como sucede con otras comunidades de la región, muchas de ellas reconocidas oficialmente y asentadas pacíficamente, “sino en una visión que tuvo en 2017 una niña de por entonces 16 años, que se autoproclamó machi, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche”.

Se refirió así a la machi Betiana Colhuan Nahuel, detenida en el operativo del martes 4 de octubre y casada con Matías Santana, más conocido como “el mapuche de los binoculares”, que tras la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut afirmó que había visto cómo la Gendarmería se llevaba al joven tatuador, desviando una investigación que concluiría cuando Maldonado fue hallado ahogado en el río. LA NACION reveló cómo Colhuan, pese a desconocer al Estado, percibe cinco planes de la Anses.

“En esa oportunidad la joven soñó que sus antepasados le indicaban que allí debían asentarse”, continuó la fiscal, para marcar un detalle no menor de esta comunidad: “No canalizó sus reclamos por las vías de derecho, no se inscribió ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni pidió ser relevada”, como permite la ley 26160.

“El INAI expresamente informó en diversas oportunidades que no tiene registro ni petición alguna vinculada con este grupo de personas”, continuó la fiscal, para destacar otro punto singular: que varios de los integrantes de la nueva comunidad ya se habían inscrito en 2012 pero como miembros de otra comunidad, la “Lof Colhuan-Nahuel”, que reclamó “su ancestralidad en otras tierras que sí le fueron reconocidas, en el barrio Virgen Misionera”. Se trata de un barrio ubicado en el ejido urbano de Bariloche, a la altura del kilómetro 7 de la avenida Pioneros. Un ambiente mucho menos singular los once lotes tomados frente al lago Mascardi.

“Con el tiempo, los integrantes de este grupo decidieron mutar su reclamo hacia otras tierras pero esta vez por las vías de hecho. En concreto, han pretendido hacer propios -por la fuerza y la violencia- diversos predios en Villa Mascardi, sin ninguna prueba de su ancestralidad en el lugar, sin seguir las vías que el Estado de Derecho prevé para estos supuestos y sin reconocer los límites que la administración de justicia ha intentado infructuosamente imponer durante estos años”, afirma la fiscal.

Tras recordar que la fiscalía solicitó “en reiteradas oportunidades” el desalojo, y hacer un racconto de cómo el grupo fue sumando propiedades en base a ataques e incendios, la fiscal recuerda que el quiebre se dio luego del ataque del grupo con tiros, piedras y fuego al puesto de Gendarmería que custodiaba una de las cabañas incendiadas.

“Es importante destacar que, a lo largo de todos estos años, jueces, fiscales federales y provinciales, empleados judiciales y del MPF, guardaparques, policías federales, policías de seguridad aeroportuaria, gendarmes, policías de Río Negro, peritos, directivos de Parques Nacionales, veedores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y hasta la propia gobernadora de la provincia han sido directamente atacados al intentar acercarse a los predios a cumplir con distintas medidas ordenadas en las causas judiciales”.