Yahoo Noticias “Nadie vigila las construcciones”: las historias de Claudia y Ricardo exhiben casos de posible corrupción inmobiliaria en la CDMX
Claudia Deschamps Guadarrama, una joven de 29 años, murió el 2 de abril de 2022 dentro de su departamento ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, junto con su novio, Gustavo, por una intoxicación causada por monóxido de carbono. Los dictámenes arrojaron que había un problema de instalación con los aparatos de consumo.
En otro caso, la propiedad de Ricardo Guerrero, situada en Benito Juárez, sufrió daños estructurales por una torre de departamentos construida en la zona. Luego de una batalla de siete años, en los que ha enfrentado enfermedades e invertido recursos, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México determinó que la alcaldía debe reconstruir su casa.
Las historias de Claudia y Ricardo son distintas pero las unen posibles actos de corrupción inmobiliaria. También, que en ambos casos un patrón se repite: la omisión de las alcaldías.
Para Arturo Aparicio, integrante del colectivo Claudia Cortés, que se dedica a monitorear el tema del desarrollo urbano en la capital, prácticamente el 100% de los proyectos de construcción en la CDMX tiene alguna violación a las normas.
“Eso es alarmante. A veces, esas violaciones son menores, porque es una violación de un procedimiento o a una cuestión de forma, pero en muchas ocasiones estas violaciones a esos aspectos de forma ocultan otras violaciones a cuestiones de fondo, como riesgos”, dijo.
Derivado de la atención a posibles víctimas de corrupción inmobiliaria, el gobierno de Claudia Sheinbaum detectó que entre 2008 y 2022 se construyeron 264 pisos excedentes en 130 inmuebles solo en Benito Juárez. A la fecha, varios exfuncionarios de la demarcación ya han sido detenidos por posibles actos corruptos con empresarios del sector; el caso más reciente es el del exdelegado Christian Von Roehrich.
Para Aparicio —abogado de profesión—, la corrupción inmobiliaria es como un monstruo de mil cabezas, porque “cortas una y sale otra” y hay colusión entre funcionarios públicos, sector privado y Poder Judicial, mientras los ciudadanos siempre son los más perjudicados.
Negligencia inmobiliaria apaga la vida de Claudia
La mamá de Claudia se había quedado de ver con su hija el 2 de abril de 2022. Al ver que no llegaba ni respondía llamadas, decidió ir a buscarla a su departamento en Alpes Residencial, un conjunto inmobiliario de 280 departamentos de la inmobiliaria HGB Desarrollos de la Promotora Higa, en la alcaldía Álvaro Obregón.
El guardia de seguridad le confirmó que había llegado la noche anterior y tendría que estar ahí. Al aproximarse a la puerta, percibió un olor a gas. Entró con la llave de seguridad que tenía para cualquier emergencia. Encontró a su hija en la cama junto con su novio, Gustavo, según relató Dolores Meza, abogada del despacho Sánchez Reyes Retana y Asociados y asesora jurídica de la familia de Claudia.
Tras la impresión, llamó a emergencias. Llegaron elementos de seguridad, bomberos y agentes del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Álvaro Obregón, quienes abrieron una carpeta de investigación, ordenaron diligencias y la realización de necropsias. Aunado a ello, se practicó un dictamen en instalaciones hidrosanitarias y de gas.
Las necropsias determinaron que la causa de la muerte de la pareja fue intoxicación por monóxido de carbono. Mientras, el dictamen pericial en instalaciones hidrosanitarias reveló que la instalación de gas natural no presentó fuga, sino que la chimenea para el desalojo de humos al exterior del calentador y aparatos de consumo no estaba bien instalada.
“(Esto) origina que parte de estos humos se quede dentro del departamento, considerando que, al utilizar gas natural, estos aparatos de consumo producen por el fenómeno de la combustión monóxido de carbono, un gas altamente tóxico”, indicó el dictamen.
Además, el cuarto de servicio donde estaban los aparatos de consumo es un lugar cerrado que no tiene ventilación natural permanente, lo que favorece la concentración de humos.
Esto permitió concluir que “la instalación de dichos aparatos de consumo no cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2010”.
Ante esto y para conocer en quién recae la responsabilidad, el MP solicitó a la alcaldía la manifestación de obra del edificio, los planos de las instalaciones hidráulicas del departamento, la autorización para el uso y ocupación de la construcción y el aviso de terminación de obra, pero la respuesta fue una negativa.
“Le informo, después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en controles y archivos correspondientes, no se encontró antecedente de manifestación de construcción, licencia de construcción especial, aviso de terminación de obra, autorización de uso y ocupación y/o trámite alguno del inmueble en cuestión, por lo anterior, al no contar con expediente no es posible remitir la información solicitada”, respondió la demarcación.
La abogada Dolores Meza consideró preocupante que en los archivos de la alcaldía presuntamente no haya ningún documento que acredite que esa construcción fue hecha con los permisos correspondientes.
Agregó que la inmobiliaria está en calidad de imputada en la carpeta de investigación; incluso, los representantes ya fueron citados y comparecieron, pero ha pasado más de un año y la familia de Claudia aún no obtiene justicia.
“También es alarmante que ya se está construyendo la segunda torre de Alpes Residencial e incluso los departamentos ya están en preventa”, dijo.
La batalla de Ricardo contra el Goliat inmobiliario
La casa de Ricardo comenzó a presentar afectaciones por la construcción contigua de una torre de siete niveles, la cual no tenía separación entre los muros de colindancia. En sus muros aparecieron grietas, se descuadraron las ventanas y la casa comenzó a inclinarse. En 2016, interpuso una denuncia por daño patrimonial en la alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con el Reglamento de Construcciones de la ciudad, que se creó después del temblor de 1985, “toda edificación debe separarse de sus linderos con los predios vecinos o entre cuerpos en el mismo predio según se indica en las normas”.
A su vez, las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones indican: “Toda edificación deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos una distancia no menor de 50 mm”. Es decir, entre cada predio debe de haber una separación mínima; el cálculo dependerá de la altura y del peso.
En paralelo a la denuncia que presentó, Ricardo inició su propia investigación. Por transparencia, solicitó información a la alcaldía y se percató de que, a pesar de que no tenía toda la documentación, se expidió la autorización tanto para la obra como para la ocupación.
En agosto de 2017, un mes antes del sismo del 19 de septiembre, la Contraloría Interna de la alcaldía informó a Ricardo y a su familia que no había ninguna irregularidad con el desarrollo inmobiliario y que el hecho de que no había separación entre los inmuebles era porque se debía a un asentamiento.
Sin embargo, con el temblor, las afectaciones a su casa se hicieron mucho más evidentes y con el resultado de dos peritajes pudo demostrar que la casa tenía daños estructurales ocasionados por la falta de separación.
El primer peritaje fue privado, de un arquitecto perito del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, y el segundo, de un ingeniero civil de la Fiscalía General de Justicia local. Mientras, la conclusión de la alcaldía fue derivada de una visita del área de Protección Civil.
En 2019, Ricardo volvió a interponer una denuncia en la alcaldía y esta contestó de nuevo que todo en relación a ese edificio estaba en orden; por ello, acudió a la Contraloría General de la ciudad, pero ahí tampoco procedió.
Al mismo tiempo presentó dos denuncias: una en contra del constructor y Director Responsable de Obra (DRO), ante la fiscalía capitalina, y otra en la Fiscalía de Servidores Públicos en contra de 15 funcionarios. También, interpuso un recurso en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Ricardo abrió todas las vías legales y en 2022, después de un segundo amparo, el juez determinó que la alcaldía Benito Juárez fue responsable de haber autorizado una edificación que no respetó las normas de construcción, que establecen que haya cierta separación en las colindancias; por ello, ordenó a los magistrados del Tribunal Administrativo que dictaran una sentencia en donde se reconocía la omisión de las autoridades y los peritajes presentados por Ricardo.
“¿Qué implica esto? Que la alcaldía va a tener que pagar la demolición de la casa, la reconstrucción y todos los daños y perjuicios que se hayan generado de este asunto. El problema es que esto todo eso se va a pagar con recursos públicos, ellos no lo van a pagar”, explicó Ricardo.
En mayo de 2022 fue que el juez de amparo ordenó al Tribunal Administrativo que dictara la nueva sentencia. Lo hizo hasta noviembre y fue hasta enero de 2023 que notificaron a Ricardo. No obstante, por cuestiones administrativas no se ha cumplimentado la reparación del daño.
Ricardo también se ha enfrentado a la indolencia de las autoridades en la fiscalía local. Refirió que en una ocasión le perdieron la carpeta de investigación, y una vez encontrada, ya no estaban las dos terceras partes del contenido.
“Nadie vigila las construcciones, también deberían existir unas bitácoras de construcción de cada edificación; si las piden no existen y la alcaldía también debería solicitarlas, es obligatorio y no las entregan, se les permite a los constructores que hagan lo que quieran, que construyan con la calidad que sea, no hay quien vigile, no hay quien sancione”, reclamó.
Luego de las largas visitas al Ministerio Público, donde se percató de que había varios casos como el suyo, y de que son una constante las construcciones que no respetaron la separación de colindancias, Ricardo comenzó a registrar en un mapa todas las edificaciones en la alcaldía Benito Juárez con esta particularidad. Hasta el momento, lleva más de mil casos.
