“Veo la cicatriz y quiero morir”: La UE debate la esterilización forzada a mujeres con discapacidad

“Si no puedes cuidar de ti misma, ¿cómo vas a cuidar de otra persona?”, es lo que Rosario Ruiz, de 53 años, había escuchado siempre en casa.

Con un 67% de discapacidad intelectual, sus padres no la veían capaz de ser independiente, mucho menos de formar una familia.

“Puedes pasarle tu discapacidad al niño en los genes”, le repetían.

Cuando cumplió los 20 años, se enamoró de Antonio en el centro ocupacional de día al que asistía en Sevilla, en el sur de España. Decidieron que querían tener hijos así que se reunieron con los padres de Rosario para darles la noticia.

Ellos se negaron a aceptarlo y hablaron con su médico de cabecera que sugirió que la esterilizaran.

En España era legal la esterilización forzada de personas con discapacidad hasta hace tan solo dos años. La ley, que permitía esterilizar sin el consentimiento de la persona con discapacidad “siempre que se tratase de supuestos excepcionales”, fue derogada a finales de 2020.

Sin embargo, la práctica sigue siendo legal en gran parte de la Unión Europea. Solo 9 países la criminalizan a pesar de contravenir el Convenio de Estambul y el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Portugal, Hungría y República Checa son los únicos tres Estados miembros que permiten la esterilización a menores.

¿Qué han hecho con mi vida? ¿soy una inútil? ¿todos sirven para ser padres menos yo?

A Rosario le hicieron la ligadura de trompas en el Hospital Vírgen del Rocío, en Sevilla, cuando ya era mayor de edad. Sin embargo, la llevaron sin contarle qué operación iban a hacerle. “Me dijeron que si no iba me separarían de Antonio y me internarían en un centro hasta que me muriese”.

Al día siguiente fue cuando vio la cicatriz en su vientre. “Me pregunté: ¿qué han hecho con mi vida? ¿soy una inútil? ¿todos sirven para ser padres menos yo? Desde entonces me encuentro vacía todos los días de mi vida”, señala.

Cuenta que el “poquito cariño” que tenía a sus padres se murió cuando le operaron. “Yo no tengo una conversación como una hija con un padre. Yo no confío más, ni quiero confiar”, añade.

Hace tres años, consiguió por vía judicial librarse de la incapacitación que permitía a sus padres decidir sobre absolutamente todos los aspectos de su vida. Sin embargo, aún no es completamente libre.

Durante la semana vive con su padre, de 80 años, para poder cuidar de él. La misma persona que no la veía capaz de hacerse cargo de nadie.

Europa acaricia la ilegalización

La ausencia de una legislación común en Europa deja la decisión de ilegalizar la práctica en manos de cada uno de los Estados miembros. Tan solo Suecia, Irlanda, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Eslovenia, Polonia y España la criminalizan, siendo este el último país europeo en hacerlo.

Malta está a punto de sumarse a la lista al anunciar el Gobierno un plan para modificar la actual ley que permite la esterilización forzada.

“Es una forma de dominación muy cruel, tanto de la sexualidad como de la reproducción”, explica a Euronews la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop.

La llave para acabar con ella está en manos de las instituciones europeas. El próximo mes de julio el Parlamento Europeo debatirá su ilegalización de manera vinculante para todos los Estados miembros, una decisión que después tendrá que sopesar el Consejo Europeo.

Lucía Riera / Laura Llach
María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada del Grupo de la Izquierda. - Lucía Riera / Laura Llach

Todo el espectro político está de acuerdo, pero la base legal de la Nueva Directiva Europea sobre la lucha contra la Violencia contra las mujeres genera conflicto. Rodríguez Palop indica que es muy estrecha porque se basa en el eurodelito de la explotación sexual. “Estamos intentando ampliar los tipos penales, ampliar el concepto de agresión e incorporar una relación entre la explotación sexual y la explotación reproductiva”.

A esto se le suma la oposición de algunos Estados miembros, como “República

Checa, Eslovaquia o Hungría”, pero también “los que no suelen ser los sospechosos habituales de ir en contra de los derechos humanos, como Francia, Bélgica o Portugal”, añade.

La eurodiputada ve la esterilización forzada como un caso de eugenesia “muy claro” y señala que “hay eugenesia también en el siglo 21”.

Lucía Riera/ Laura Llach
Carmen, una joven de 31 años que fue esterilizada a la fuerza, muestra un cartel en el que ha escrito la palabra rencor. - Lucía Riera/ Laura Llach

Suplicar para tener hijos

El sueño de Carmen, cuyo nombre ha sido modificado, siempre fue ser madre. Sin embargo, la suya ya tenía una decisión tomada: hacerle una ligadura de trompas para evitar que tuviera “muchos hijos”.

Como Rosario, Carmen tiene un 67% de discapacidad intelectual y con 20 años su madre la llevó al hospital sin decirle lo que iba a pasar. No lo supo hasta que el médico se lo explicó, pero para entonces ya era demasiado tarde, se encontraba en la camilla de quirófano.

“Yo lloraba y les decía que no quería dormirme. Que, por favor, me dejasen tener un solo hijo. Intenté resistirme para no dormirme, pero notaba la anestesia cada vez más fuerte”, cuenta la joven de 31 años.

“Cuando firmé los papeles veía borroso, porque ya estaba bajo los efectos de la anestesia. Firmé sin consentir, porque al preguntar qué estaba haciendo, solo me respondía que lo firmase”, añade.

Poco importó su negativa. Al estar incapacitada, su madre que era su tutora legal, tenía la última palabra. A partir de ese momento, su relación con ella cambió por completo.

“Siento rencor hacia mi madre, porque me ha quitado parte de mí. Es muy doloroso sentir que te han quitado lo que más querías en este mundo, sin que tú pudieses decidir”, cuenta.

Diez años después, su madre sigue justificando la operación asegurando que lo hizo por su bien, “pero yo, cada vez que veo la cicatriz, me entran ganas de morirme”, dice la joven.

Lucía Riera/ Laura Llach
Rosario y Carmen pasean juntas por la plaza de España de Sevilla. - Lucía Riera/ Laura Llach

Los Gobiernos hacen la vista gorda

El número total de esterilizaciones forzadas realizadas en Europa sigue siendo una incógnita, ya que el tema siempre ha sido tabú. No hay cifras oficiales, ni recuentos que puedan arrojar luz.

Portugal es el primer país que, tras pasar el trámite parlamentario, ha decidido realizar un estudio sobre la violencia contra las personas con discapacidad en el que se incluirán las cifras de esterilizaciones forzadas.

A pesar de la falta de datos, las organizaciones tienen claro que es un abuso que sufren en su mayoría las mujeres.

“A lo largo de mis veinte años de carrera solo he conocido un caso de esterilización a un hombre con discapacidad intelectual, aunque no estoy seguro de que llegase a realizarse. Sin embargo, me faltan dedos en la mano para contar el número de mujeres esterilizadas”, señala Rubén Parrillo, director del centro de día para personas con discapacidad ATUREM.

Los pocos datos disponibles, no reflejan la realidad, según las organizaciones, ya que hay que sumar todas las que se han hecho al margen de la ley y que son muy difíciles de cuantificar.

“Es muy complicado que las mujeres con discapacidad denuncien”, señala Isabel Caballero, coordinadora de CERMI Mujeres, asociación que defiende los derechos de las personas con discapacidad.

“Muchas no son conscientes, o han sido convencidas por su entorno familiar. Cuando ha sido tu propia madre o padre la persona que ha abierto ese proceso de esterilización, es muy difícil volverse en contra”, añade.

A la organización española han llegado casos de mujeres obligadas a abortar a las que, en la misma operación, se les practicaba una ligadura de trompas sin su consentimiento.

Otras, como una chica sorda que, al decidir quedarse embarazada acudió al ginecólogo y fue ahí cuando descubrió que tenía hecha una ligadura de trompas. “Ella no lo sabía. Luego recordó que, siendo más joven, su familia la había llevado al hospital para que le practicaran una operación”, cuenta Caballero.

El Foro Europeo de Discapacidad también ha tenido conocimiento de esterilizaciones forzadas realizadas mediante engaño.

“Es algo histórico, algo eugenésico y el Parlamento Europeo debería aprovechar ahora para prohibirlo”, señala Catherine Naughton, directora de la organización.

Desde la institución europea, María Eugenia Rodríguez Palop se pregunta: “¿Por qué no queremos a más gente con discapacidad?”

“¿Por qué queremos un mundo perfecto y por qué la perfección la representamos nosotros?”

Este reportaje fue producido con el apoyo de la organización Journalismfund Europe.