Qué pueden hacer los venezolanos y cubanos tras el fin del 'parole' humanitario para no ser deportados
Medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades en sus países bajo un programa humanitario temporal del Gobierno de Joe Biden (el programa CHNV, por las siglas de los países) tendrán hasta el 24 de abril para regularizar su estatus migratorio o enfrentar la posibilidad de ser deportados.
Este plazo marca la esperada terminación del programa CHNV, bajo la autoridad legal existente conocida como “parole in place”, que el Gobierno del presidente Donald Trump canceló a finales de marzo por considerar que la administración Biden abusó de la libertad condicional humanitaria al extenderla a múltiples nacionalidades.
Más de 500.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos son beneficiarios de este parole humanitario que les permitía vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. El programa requería que tuvieran un patrocinador en el país, se sometieran a exámenes de detección y verificación, y completaran su esquema de vacunación.
Tras su cancelación, los migrantes que no tengan otra base legal para permanecer en Estados Unidos deberán salir del país antes del 24 de abril, 30 días después de la publicación del aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) en el Registro Federal. Si no abandonan el país, podrían ser objeto de deportación por parte de las autoridades de inmigración.
¿Qué opciones tienen los migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos afectados por la terminación de este parole humanitario? Dos abogadas de inmigración lo explican.
Solicitar asilo o acogerse a otro tipo de permisos
El DHS aseguró en su aviso que aquellos migrantes que no hayan solicitado un ajuste en su estatus migratorio para permanecer legalmente en el país serán objeto de deportación.
Elizabeth Uribe, abogada de inmigración en Uribe & Uribe APLC, explicó a CNN que entre las opciones que tienen las más de 500.000 personas afectadas se encuentra el haber presentado una solicitud de asilo antes de haber cumplido un año en el país.
“Estamos ante una administración distinta que está tomando decisiones muy diferentes a cómo se han hecho las cosas históricamente, pero yo tengo fe. Soy positiva de que vayan a respetar esas aplicaciones y que si alguien ya tiene (una solicitud de asilo) pendiente o algo distinto, que vayan a permitir a las personas quedarse en el país para poder presentar esas defensas”, señala Uribe.
El asilo es una opción para personas de todas las nacionalidades, pero no todos califican. Es importante, recuerda Uribe, que cada quien consulte a un abogado de inmigración que pueda ayudar a entender su caso y evaluar si existe alguna otra alternativa que le permita regularizar tu estatus.
Los venezolanos y haitianos son elegibles para el Estatus de Protección Temporal, señala Cindy Blandón, abogada de inmigración. Sin embargo, este permiso humanitario para personas que ya están en Estados Unidos, también podría ser cancelado próximamente por el Gobierno de Trump.
Para los cubanos, dice Blandón, existe un proceso separado y único que les proporciona un camino directo hacia el estatus permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1996. Son elegibles si han cumplido un año en el país, sin embargo, la abogada recomienda solicitar asilo pues hacerlo por la vía de la residencia es más complejo.
“Si todavía no tienen el año y el día y el Gobierno federal trata de detenerlos, los va a tratar de poner en un proceso de deportación expedita para que no puedan aplicar a esa residencia”, señaló la abogada en una entrevista con CNN.
Los más afectados pueden ser los nicaragüenses, que no tienen las mismas opciones.
Otra posibilidad para los migrantes de estas cuatro nacionalidades podría ser que otra persona presente una solicitud en su nombre, ya sea un familiar o un empleador.
¿Cómo saber si uno está ante un riesgo de deportación acelerada?
El DHS advierte en su aviso que podría utilizar la deportación acelerada, un proceso que no les permite a los inmigrantes presentar su caso ante un juez de inmigración, para deportar a los beneficiarios del permiso de permanencia temporal CHNV que hayan estado en Estados Unidos por menos de 2 años.
Uribe explica que el proceso de la deportación acelerada se da en casos específicos como aquellos en los que la persona entró de manera ilegal y tiene menos de dos años en el país.
Sin embargo, la abogada señala que el Gobierno de Trump está utilizando otro tipo de tácticas para animar a los inmigrantes a “autodeportarse” o a ponerlos en procesos de remoción que les dificulten presentar sus casos ante un juez de inmigración.
“Creo que vamos a ver más de eso, especialmente en estos casos, que la administración diga ‘mira mejor salte por tu propia cuenta’. Es posible también que vayan a decidir a poner a estas personas en removal proceedings a tener ver al juez de inmigración y podrían no tener una alternativa para poder presentar alguna defensa”.
Blandón, por su parte, advierte a los que aún no presentan una solicitud de asilo que piensen sus opciones “dos veces” y se abstengan de hacerlo por ganar tiempo.
“Lo que hemos visto es que las últimas aplicaciones de asilo se están programando rápido en menos de dos o tres meses y lo están haciendo simplemente para tratar de denegar los casos y deportar a estas personas de forma expedita”.
Este parole humanitario comenzó en octubre de 2022 y estaba enfocado únicamente en migrantes venezolanos, pero luego se extendió a personas de Nicaragua, Cuba y Haití.
Desde el día que tomó posesión, Trump amenazó con el fin de estos programas humanitarios implementados durante el Gobierno de Biden en línea con su dura política de inmigración, que contempla medidas más estrictas en la frontera y una deportación masiva de aquellas personas que no tienen un estatus legal.
“Nada está garantizado y bajo esta administración yo diría que los oficiales están examinando más estrictamente todas las solicitudes de inmigración”, dice Uribe, y asegura también que esto no debería de desalentar a los inmigrantes a buscar asesoría para explorar sus posibilidades de permanecer en el país legalmente.
Con información de Priscilla Alvarez, Krecyte Villarreal y Fernando del Rincón
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