Las víctimas de la austeridad, primer capítulo del libro La Austeridad Mata

El 16 de septiembre de 2021, el niño Ricardo Vargas grabó un video para pedir lo que más necesitaba en ese momento: atención médica. Tenía 10 años cumplidos y los estragos de la quimioterapia para combatir la leucemia que le habían detectado cuatro años antes lo tenían con la cabeza a rape, pero con una entereza absoluta. El pequeño, de tez morena y cara regordeta, habló 39 segundos con una voz perfectamente clara y con la esperanza de ser escuchado. 

“Soy Ricardo Vargas Zárate, paciente del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Tengo leucemia. Llevo mi tratamiento en el hospital desde el 2018 y hemos padecido la falta de quimioterapias y medicamentos hasta el día de hoy, señor presidente, pero esto es demasiado al despedir a nuestros médicos y enfermeras que nos atienden. Muchos de nosotros que estamos luchando contra esta terrible enfermedad, podemos morir por falta de nuestras quimioterapias y por falta de nuestros médicos”.

Por fortuna, ya había pasado la etapa más crítica de la pandemia de covid-19, cuando el personal sanitario era llamado «héroe». En ese momento, el Gobierno federal estaba realizando la transición al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) —creado en 2019 y desaparecido en 2023—, pero con muy poca claridad sobre la regularización del personal en la nueva institución.

Los problemas administrativos y falta de recursos se tradujeron en despidos. En este caso, 17 médicos y 30 enfermeras quedaron fuera del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, el más grande en el estado para población infantil. Se trató de otro golpe en contra de los pacientes, ya que desde el 2019 padecieron el desabasto de medicinas, y la familia de Ricardo y él mismo, lo sufrieron en carne propia.

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En 2018, Ricardo fue tratado por dengue. Semanas después, los dolores en las piernas se presentaron de nuevo. Terminó en el hospital. Esta vez le hicieron más estudios. Al ver los primeros resultados, los médicos decidieron internarlo de inmediato en el hospital de Salina Cruz, de donde era originario. Una semana después fue trasladado a la ciudad de Oaxaca, al Hospital de la Niñez Oaxaqueña para practicarle un estudio de médula y confirmar la sospecha de cáncer que habían tenido los primeros doctores. Recibió el tratamiento inicial, pero en marzo de 2019 comenzaron las carencias, recuerda Elizabeth Zárate, de 45 años, madre de Ricardo.

“A partir de marzo empecé yo a batallar, porque ya la atención la teníamos, la doctora nos daba nuestra consulta, nos daban nuestra receta e íbamos a farmacia y lo que había, nos daban y lo que no, teníamos que buscarlo y comprarlo. Las quimioterapias eran arriba de 3000 o 5000 pesos, dependiendo la quimio que le estaba tocando a tu hijo en esta etapa. En mayo tuvimos que pedir metotrexato en Guatemala porque aquí no había.

Ese era el medicamento producido únicamente por Laboratorios Pisa, cuya línea de producción fue interrumpida por instrucción de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en 2019, y que el Gobierno federal tuvo complicaciones para adquirir con otros proveedores, como mencioné en el capítulo anterior. 

Se trató del primero de varios obstáculos que enfrentó Elizabeth, pero no era la única. Al estar en la misma situación, casi de forma natural, entre 30 y 50 padres y madres comenzaron a organizarse para conseguir medicinas incluso en Centroamérica. Si lograban juntar varios pedidos, el costo de importación se dividiría entre todos, y en consecuencia, el precio ya no sería tan alto. 

Luego se unieron a la organización Con Causa, que se constituyó como asociación civil para buscar donativos de dinero y de medicinas con el fin de solventar los tratamientos de los pequeños. La emergencia era tal que también recibieron el apoyo del personal de salud que comenzó a dar entrevistas a medios locales para denunciar el desabasto porque «era demasiado», cuenta Elizabeth.

“Empezamos a ver a niños que ya se nos estaban yendo. Hubo un momento que decían «falleció fulano, falleció mengano», y pues como papás nos entró el miedo de «cómo le vamos a hacer si no completamos con el esquema de medicamento». Y ahí las doctoras nos apoyaron, empezó la primera reunión con los compañeros, la licencia de Elena [directora de la organización Con Causa], que también estaba en tratamiento su nene. Ellos se pusieron al frente de nosotros y nos dijeron «vamos a citar a los periodistas, vamos a citar a fulano, a mengano, que vengan a ver la realidad de qué es lo que estamos viviendo».”

Así ocurrió, por eso es que comenzaron a presentarse las primeras protestas en el estado, desde 2019, igual que ocurría en otros lugares como Guadalajara o Quintana Roo, e incluso, la Ciudad de México, aún sin coordinarse a nivel nacional. 

Todas las movilizaciones eran locales, por eso es que cuando Elizabeth vio las protestas en la cdmx supo que el problema que enfrentaban era mayor. «Si ellos están sin quimios, ¿qué podemos esperar nosotros?», dijo entonces. 

Lograron que Juan Carlos Márquez, entonces titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (sso) formara una mesa de diálogo para recibirlos. Ahí les pidieron hacer una lista de los medicamentos que faltaban y los niños que requerían el tratamiento.

“Nos dijo que no nos preocupáramos, que íbamos a tener en tiempo y forma nuestro medicamento. Le creímos, dijimos «no, pues sí nos los va a dar». Salimos, les comentamos a los compañeros, pero ¿qué pasó?, que después de dos meses no hubo nada. Pidieron nada más la lista, vieron cuánto salía cada medicamento, pero no lo surtieron”.

Tuvieron otra esperanza cuando se enteraron de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitaría Oaxaca. Creyeron que esa sería la oportunidad para que el mandatario volteara a ver su situación. 

De tal modo, alrededor de 30 padres y madres se apostaron frente al Palacio de Gobierno en la capital oaxaqueña con cartulinas para exigir los tratamientos para sus hijos. Estuvieron ahí desde las cinco de la mañana porque el presidente daría su habitual conferencia matutina en el estado, como lo hace cada vez que sale de la Ciudad de México. 

Mientras esperaban gritaron con todas sus fuerzas, con la esperanza de que se escuchara al interior del recinto. Así lo recuerda Elizabeth:

“¡Escúchenos! Somos madres que necesitamos ser escuchadas. Estamos luchando por nuestros pequeños, venimos a pedir medicamentos porque tienen derecho a la salud. Muchos niños se nos están yendo, escúchenos, presidente; así como cuando usted pidió el voto a cualquiera lo saludaba, lo besaba, así hágalo ahorita con nosotras y escúchenos.

Esperaron ahí hasta que terminó la conferencia, pero el mandatario salió por otra puerta y no pudieron verlo. 

Asimismo, otros padres de familia se organizaron para congregarse en el punto siguiente donde estaría el presidente, en Cuilápam. Esta vez lograron el cometido. «Sí me escuchó, dice que va a hacer algo, dijo que iba a atendernos», les contaron esperanzados al resto del grupo en aquel entonces, pero no fue así”.

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En ese tiempo, Elizabeth afrontaba cuatro jornadas: como madre, llevando y trayendo a Ricardo del hospital; como activista, organizándose con otros padres para conseguir medicinas y participar en protestas; como madre de otras dos niñas, una en primaria y la otra que tuvo que dejar sus estudios de preparatoria para cuidar a la pequeña y porque el dinero no alcanzaba para solventar los gastos escolares. La única entrada económica había sido la de su esposo, quien trabajaba como obrero. 

Por eso también se convirtió en emprendedora, no como una actividad lúdica o de «empoderamiento», sino para salvar la vida de Ricardo. Hacía llaveros y pulseras; llevaba para vender volovanes (pan) y queso de Salina Cruz al hospital; compraba blusas tradicionales en 120 pesos y las vendía en 200 pesos a las enfermeras; vendió todo lo que pudo de su casa, y pedía prestado.

“Seguíamos nosotros como pudiéramos, trabajándole, buscándole, ahorrándole. Había días que ni sabías si habías desayunado o ya nada más cenaba porque decía uno «no me alcanza y tienes que ahorrar porque mañana te van a dar otra receta»; y no nos la iban a surtir. No teníamos ni paracetamol en esa farmacia del hospital”.

Al ver así a su madre, cuando salían con una receta sin surtir, Ricardo le llegó a decir una frase que Elizabeth jamás olvidará y que le quiebra la voz cada vez que la pronuncia:

«Mamá, ya ríndete. Mamá, ya ríndete. Si ya no hay, ya vámonos». Pero, yo le decía, «no, mijo, lo voy a conseguir. Yo no me voy a rendir, yo quiero verte crecer, vas a salir, vas a ver que lo vamos a lograr».

Cada semana de los siguientes tres años fue la misma angustia para conseguir el dinero a tiempo o las donaciones de medicamento para que el tratamiento no se interrumpiera o al menos no se retrasara tanto. «Si no lo hubiéramos comprado nosotros, nuestros hijos no lo hubieran tenido, porque del hospital, nunca», lamenta.

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Elizabeth intentó ver al presidente una segunda vez, pero solo lo logró hasta la tercera ocasión, en una visita de 2020 a la Capitanía de Puerto en Salina Cruz, el pueblo donde siempre han vivido. Esperó ahí desde las siete de la mañana bajo el sol y seis horas después, vio aparecer la camioneta del presidente. 

Algunos padres se colocaron frente al vehículo para impedirle el paso, mientras ella se acercó a la ventanilla y tuvo al mandatario a unos centímetros de distancia. En ese momento, toda la desesperación contenida de los últimos dos años y el dolor le dieron el valor para hablarle; para gritar, y sacar toda la frustración acumulada. Así fue el diálogo, según recuerda Elizabeth:

“Hay muchos niños que lo necesitan y se lo digo aquí de frente, aquí tengo mis compañeros, todos hemos padecido, no tenemos medicamentos, no tenemos quimioterapia y los niños se nos están muriendo por falta de medicamento, no es posible, señor presidente, que usted no nos escuche, no nos voltea a ver, qué tan duro tiene su corazón.

“Me respondió que nos iba a atender, que le diéramos todo lo que traíamos, propuestas y lo que queríamos, con una muchacha de su equipo; pero yo le dije: ya no creo en ustedes. Usted escúcheme porque yo le di mi voto a usted, no a ellos, a usted y a usted le exijo como autoridad y como gobierno de mi país que voltee a vernos porque ya tiene años que estamos en esto y no ha ido al Hospital de la Niñez, camine por ahí, presidente. Nosotros ya no vamos a dejar papeles, porque los papeles se los lleva el viento, sino su palabra de usted, es lo que queremos, ¡que usted vaya, camine!, no deje que lo engañen. Y ahí tiene a otro culpable [Alejandro Murat, entonces gobernador de Oaxaca y quien lo acompañaba en la camioneta], el que se ha gastado todo y en otra cosa y no ha puesto nada en salud”.

El presidente, según recuerda Elizabeth, le respondió: «no, mija, todo se está solucionando, poco a poco». Pero ella replicó:

“Pues no creo porque, mire, ya llevamos dos años y nada que vemos una respuesta de usted; seguimos en las mismas, ya cambiaron un director del hospital, ya van con el segundo y qué han hecho, no han hecho nada, seguimos en las mismas”.

Cuando le pregunto a Elizabeth, cuál fue la sensación que tuvo al tener al presidente cerca y decirle lo que tanto había aguantado, y cómo había notado al presidente al escucharla, esto recuerda:

“Estaba muy seguro que todo se iba a solucionar y que ya había dado su palabra que a Salud no le iba a faltar nada, casi afirmando. A la vez lo sentí como que estaba de este lado y a la vez que estaba hipócritamente, porque como que le hablabas y haz de cuenta que te ignoraba, porque él decía «no, es que todo ya está y se está viendo, no se preocupen, mamitas. No se preocupen, van a tener su tratamiento en tiempo y forma, pero es poco a poco, porque saben que ahorita se está haciendo lo del Insabi, pero de que van a tener sus medicamentos, los van a tener»”.

Al terminar el encuentro, uno de los reporteros que registró la manifestación se acercó a Elizabeth para decirle que habían tenido suerte de ver al mandatario y que las escuchara, pero ella también tenía respuesta para eso. «No le veo suerte, porque hasta que yo vea que sí nos va a dar medicamento es que voy a decir que sí tuve suerte, pero mientras no, yo le dije todo lo que tenía que decirle».

Por desgracia, ella tuvo razón, ya que después de esa protesta, de nuevo «pasaron los meses, pasaron los años y yo no vi ni una vez al presidente que caminara por el hospital en ese tiempo porque yo estuve en el hospital cuatro años y nunca vi un cambio». En los siguientes días, cuando los periodistas preguntaron al presidente sobre estas protestas por desabasto, este aseguró lo siguiente:

“Estamos resolviendo el problema del abasto de medicamentos. Se hizo un acuerdo con la onu, ya se compraron todos los medicamentos y estamos distribuyéndolos. Antes, los que tenían el negocio de la venta de los medicamentos al gobierno eran 10 empresas monopólicas que le vendían al gobierno 100000 millones de pesos al año, que ni siquiera eran laboratorios o empresas farmacéuticas, sino lo que tenían eran influencias y se dedicaban a distribuir los medicamentos, a esas empresas las enfrentamos durante todo este tiempo con campañas en los medios. Fueron capaces hasta de movilizar a padres, a niños, para ver si cedíamos y dábamos marcha atrás a nuestro plan de comprar los medicamentos en el extranjero, porque estaba prohibido, no se podían comprar medicamentos en otros países porque era controlar todo el mercado, apoyar a estas 10 grandes corporaciones para que se tuviesen que comprar los medicamentos en México, para mantener esta corrupción en el país. Entonces, ya estamos rompiendo ese monopolio y yo espero que pronto no falten todos los medicamentos”. 

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Por ese entonces, Ricardo se sentía recuperado. Iba a la escuela y jugaba futbol como cualquier otro niño de nueve años. Estaba por concluir el tratamiento de tres años contra la leucemia, pero en lugar de recibir la noticia de que solo estaría en un estatus de «vigilancia», les confirmaron que el cáncer había regresado. 

Fue la peor noticia que pudieron haber recibido, debido a que estaba muy ilusionado por dejar de ser medicado y, por lo tanto, su familia ya no padecería la angustia de conseguir las medicinas. Pero ese diagnóstico significaba volver a empezar con las 160 aplicaciones de quimioterapias para la leucemia. 

Un día antes de recibir la quimioterapia número 21 del nuevo tratamiento, en noviembre de 2021, Ricardo comenzó a sentir dolor en el estómago desde la madrugada del sábado, pero intentó ignorarlo hasta la mañana del día siguiente. Elizabeth, preocupada, llamó a la doctora que lo atendía en el hospital de Oaxaca, y a quien verían el lunes, y le explicó los síntomas. Ella le indicó que debía llevarlo a urgencias del centro de salud más cercano. 

Así lo hizo. En Salina Cruz existe el Hospital General de Especialidades, donde se ofrecen servicios de medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia, traumatología, cirugía y división de medicina crítica, de modo que lo llevó directamente a urgencias, pero después de unos minutos, nadie la atendía. En cuanto vio pasar a una doctora, le pidió que revisara al niño, pero ella le dijo que no atendería a ningún otro paciente. No le importó la súplica de la madre. Solo se dio la media vuelta. 

Más tarde, lo intentó con otro médico. Para entonces, el niño estaba tan desganado que parecía desmayado. El doctor la escuchó, pero le respondió: «Mira, te voy a ser sincero: no hay pediatras, en el hospital no hay pediatra que lo pueda ver». 

Elizabeth le explicó que se trataba de un paciente oncológico para ver si eso convencía al doctor de atenderlo, pero fue justamente lo contrario. El médico le respondió que por tratarse de un especialista en oncología con mayor razón no encontraría a ninguno. Para convencerla de la situación del hospital, le dijo: 

—Imagínate que acaba de entrar una muchacha a parto y no hay luz en el quirófano, la están atendiendo con la luz de celulares.

—Pero ¿cómo no me lo van a atender, doctor? No me diga eso. De aquí a Oaxaca es mucho —respondió ella. 

La distancia entre Salina Cruz y Oaxaca es de aproximadamente cinco horas y media en transporte público, pero si no atendían ahí a su hijo, no le quedaba otra opción que emprender camino hacia Oaxaca. Tomó un taxi y en el camino habló con Elena García, la directora de la fundación Con Causa, quien consiguió que una ambulancia les diera alcance rumbo a Tlacolula, cuando el taxi había avanzado tres horas. Finalmente llegaron al Hospital de la Niñez Oaxaqueña por la noche, donde fue atendido. 

Ricardo y Elizabeth pasaron una madrugada crítica. Él fue intubado porque no podía respirar por sí mismo. Ella, con la angustia de haber entregado a su hijo apenas con pulso.

A la mañana siguiente, su esposo Javier la alcanzó y recibieron el diagnóstico del doctor: «Él está ahorita con los equipos, pero yo como papá, sé que es algo fuerte para ustedes, pero, pues… ustedes decidan si quieren que él siga luchando, pero también está sufriendo, y ahora sí, decidan, porque solo sigue respirando con los aparatos». 

Dos meses después del video, Ricardo falleció un lunes de noviembre a los 10 años por un choque séptico, según quedó asentado como causa de muerte. 

Por un tiempo, Elizabeth se recriminó por no haber conseguido la ambulancia antes. 

En marzo, cuando realizamos esta entrevista, seguía reviviendo esas horas pensando en que debió haber hecho las cosas de otra forma, y para explicarlo, recuerda la conversación que tuvo con Elena, tras el fallecimiento de Ricardo. 

—Me bloqueé, me bloqueé. Yo que había peleado, que había ido por medicamentos, no sé por qué en este momento me bloqueé. 

—No te sientas culpable porque hiciste mucho, te moviste —dijo Elena. 

—Sí, sí, pero me faltó más, me faltó más porque es mi hijo. Te hubiera hablado a ti, hubiera hablado a otras compañeras, a ver qué hacíamos con una avioneta o algo porque él ya iba mal. 

Una de las cosas que la dejó un poco más tranquila fue la explicación que le dio la doctora que lo había atendido por años. «No te sientas culpable. Ellos [los doctores de Salina Cruz] deberían de haberle dado los primeros auxilios, lo hubieran canalizado, nos hubieran dicho “viene así”», pero eso no pasó.

Elizabeth sabe que, hasta el último momento, le negaron el derecho a la salud: 

“A mi nene que le negaron el servicio médico y ojalá que esa doctora nunca le pase con un hijo, ojalá que nunca le nieguen el derecho de atención médica porque es muy difícil pasar esa situación”.

Después de dos años y cuatro meses, confirman que el dolor por haber perdido al más pequeño de la familia nunca podrá ser superado. No obstante, una manera de honrarlo —dice Elizabeth— es que ella sigue siendo parte de la fundación Con Causa, ayudando a más padres que, como ella, siguen haciendo todo lo posible por conseguir medicamentos para sus hijos. 

Celebra como nadie cuando un niño es declarado sobreviviente de cáncer, y entiende como ninguna otra, cuando una madre entierra a su hijo. 

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Yessica murió esperando un traslado

Yessica Barroso tenía 59 años cuando le diagnosticaron cáncer de endometrio. Tenía la costumbre de realizarse los chequeos ginecológicos anuales en consultorios particulares, para evitar las consultas con demasiado tiempo de espera en el IMSS, donde era derechohabiente. En su última revisión, la médico le mandó a hacer más análisis, incluyendo una biopsia que confirmó el padecimiento.

Le recomendó acudir al IMSS porque hacer el tratamiento de manera privada sería muy costoso. Y así lo hizo, ahí comenzó el peregrinar. Primero tuvo que sacar cita con el médico familiar en la clínica que le correspondía en Xalapa, Veracruz, donde vivía. Este la mandó a la clínica de ginecoobstetricia, pero de ahí la enviaron al Hospital General 11 del imss para que fuera atendida por un oncólogo cirujano. 

En la revisión, el especialista determinó que requería la extirpación del tumor alojado en el endometrio. Era agosto de 2023. Comenzaron las citas para los estudios preoperatorios, pero en los dos meses posteriores en que no le daban fecha, su hijo Axel, de 23 años y estudiante de Derecho, presionó a toda autoridad con la que cruzó palabra. «Me peleé y le exigí a todos los funcionarios por la gravedad del asunto. Sabemos que un cáncer, si no se atiende, se va de volada». Solo así logró que la programaran para cirugía el 15 de diciembre. 

Llegada la fecha, Axel y Yessica se presentaron en el hospital, pero en la recepción les dijeron que no estaba en la lista de pacientes programados. Al hablar con el jefe de cirugía, este les mostró la documentación donde indicaba que le habían adelantado la cirugía tres días, pero ella no asistió. 

Detectaron que el error fue cometido por una de las funcionarias de trabajo social que no llamó a la paciente para avisarle del cambio, aunque ella argumentara que sí lo había hecho. 

Con esa negligencia, Axel tuvo más elementos para exigir la fecha de cirugía en lo que quedaba del año, porque ya le habían dicho que solo había espacio hasta febrero de 2024. Así pues, logró que le dieran fecha para una semana después;  pero, para entonces, el tumor ya estaba adherido a la vejiga. 

El cirujano solo pudo quitar una trompa de Falopio y el endometrio.

Quisieron ganar tiempo y en febrero comenzó con las quimioterapias en un servicio médico privado, gracias a la colecta que organizaron sus amigas del trabajo, porque las citas con la oncóloga del IMSS habían sido cada mes o mes y medio. Axel supo tiempo después que solo había una especialista en todo el hospital que atendía pacientes oncológicos de todo el estado. 

Sin embargo, días después Yessica presentó malestar en los pulmones y luego en los riñones. Al llevarla a urgencias, la doctora de guardia le dijo que tenía una uropatía obstructiva, es decir, había algo que le obstruía los riñones, de modo que requería ser atendida por un especialista, pero «en Xalapa no hay urólogo». 

Por eso tendría que ser trasladada a Veracruz, la capital del estado. «Mi mamá todavía estaba en sus cinco sentidos. Mal por el medicamento, pero consciente», recuerda Axel. Pasaron dos días sin ser trasladada. El argumento era que seguían practicándole estudios de protocolo, aunque la doctora terminó reconociendo que estaban rebasados. «Hacemos lo posible con lo que tenemos, y a veces con lo que nos dejan». 

Al cuarto día, Axel decidió comenzar las protestas, porque una falla renal significaba una urgencia y su madre empeoraba al paso de las horas. Se puso en contacto con medios locales y pegó cartulinas en las rejas del hospital que rezaban: «La 4T mata». «IMSS corrupción y negligencia». «El IMSS saca muertos», las cuales fueron retiradas por personal de vigilancia del hospital minutos después. 

«En ese momento, mi mamá se empezó a intoxicar porque los riñones no le funcionaban. Dejó de orinar, y empezó a delirar, a querer que solo yo estuviera con ella». Aún con la presión, nunca fue trasladada. 

El quinto día, Yessica falleció por un paro respiratorio. 

La causa de muerte, según el acta de defunción, fue una falla renal de tres días, «eso quiere decir que la falla renal le ocurrió estando internada», insiste Axel. También estaba el derrame pleural de siete días (líquido en los pulmones) y adenocarcinoma de endometrio de siete meses. 

El 14 de marzo, el día de su muerte, tenía programada otra tomografía y una semana después, sería la primera quimioterapia en el IMSS. 

Ese día, tal y como su madre le enseñó, Axel siguió luchando. Dio un mensaje a los medios de comunicación entre lágrimas. 

“Entiendo la situación en la que se encuentran los hospitales, en la que atienden los médicos, pero de nuevo es un llamado a las autoridades administrativas, no al personal operativo, porque ellos son los encargados de gestionar los recursos, de asignar los presupuestos para que los familiares de cada uno de nosotros reciban una atención digna y una atención oportuna. Hago esta declaración para que quede un antecedente, para que la gente se empodere, que la gente sepa luchar por lo que le toca y que nunca se den por vencidos”.

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Ocho meses sin quimioterapia

A Bertha, originaria de Mexicali, le diagnosticaron cáncer de colon a los 73 años. Al poco tiempo, la operaron en el IMSS para extirpar el tumor. Este se encontraba alojado en una parte delicada y no pudieron quitarlo totalmente, pero le dijeron que lo podrían atacar con radioterapias. 

Sin embargo, en el Seguro no le podían realizar este procedimiento, de modo que la remitieron a Tijuana, cuenta Norma, su hija, quien pidió que no citara sus nombres reales, por lo que han sido cambiados, ya que es trabajadora del IMSS y teme ser despedida al exponer su caso. 

Después de las radioterapias, debía someterse a un tratamiento de quimios, pero «le empezaron a decir que no había medicina, que su medicamento no estaba. Y sí, empecé a ver que los pacientes también decían “no hay, no hay para mi quimioterapia”. Había mucha gente que se quejaba». 

Luego de cuatro meses de estar esperando, una compañera le dijo que había una asociación de abogados que tramitaban amparos para obtener las medicinas que no les daban en los hospitales. Con esa esperanza, acudieron a Justicia vs. Cáncer e interpusieron el recurso. 

Aunque el juez falló a su favor, la clínica no le entregó el medicamento bajo el mismo argumento: no tenían y no podían conseguirlo. 

Mientras tanto, le habían practicado una colostomía. Se trata de una abertura en el abdomen para crear un conducto del intestino grueso hacia el exterior y drenar las heces en una bolsa. Sin embargo, cuenta Norma, su madre había empeorado.

“En ese lapso, el cáncer ya había avanzado. Avanzó mientras no le dieron la medicina. Mi mamá empezó a alucinar y gritaba toda la noche, yo no podía dormir tampoco. [Norma intenta seguir narrando, pero no aguanta el llanto al recordar]. En su desesperación se le zafaba la bolsita; y también eran gastos porque esas bolsitas no te las da el seguro, costaban 100 pesos cada una y usaba tres diarias”.

A los siete meses sufrió una caída y se fracturó la cadera. Nuevamente interpusieron un amparo porque Norma ya sabía de casos en los que hubo pacientes esperando fecha para cirugía durante un mes. 

La intervinieron y le pusieron una prótesis. Durante su recuperación, según le informaron a su hija, la quimioterapia ya había llegado, pero no se la podían aplicar porque primero la intervención tenía que cicatrizar. 

Bertha murió en agosto de 2023 a causa del cáncer. Pasó ocho meses esperando tratamiento. 

Norma se quedó sola criando a su bebé y llorando la muerte de su madre. Las carencias no solo las experimentó como la hija de una usuaria, sino también como trabajadora del Instituto.

“La gente se queja y muchas personas que trabajan allí reciben los gritos y desesperación de la gente, pero ellos no pueden realmente hacer nada. A veces los doctores dicen que ya no quieren trabajar en el Seguro porque dicen que cualquier cosa que pase pues les van a quitar su cédula. 

“He visto cómo han renunciado muchos, muchos médicos. Ya solo hay un oncólogo en la clínica, ¡uno, uno!, ¿y sabe por qué renuncian? Nadie quiere trabajar ahí porque dicen que ganan mejor en un consultorio particular, dicen: «para qué voy a trabajar toda mi vida aquí donde me dan exceso de trabajo y una paga baja y además no me voy a poder pensionar como lo hacían antes»; además siempre dicen que no hay presupuesto. 

“Ya no hay neurocirujano pediátrico, solo queda un ginecólogo. Y la gente es la perjudicada. Llegan y me dicen: «Señorita, tengo cáncer o tengo alguna enfermedad crónica y no me dan cita». Yo les digo, es que solo hay un médico y ya tiene 100 pacientes, ¿cómo le hago señora?, ¿qué hago?”

A partir del decreto de gratuidad en salud del 1.° de diciembre de 2020, los médicos tienen prohibido pedir medicamentos o insumos a los pacientes, aun cuando la institución no los tenga. De hacerlo, los podrían despedir. 

Norma cuenta que hace poco se dio el caso de un bebé que se encontraba en malas condiciones, y el hospital no tenía el medicamento para atenderlo, entonces el doctor le dijo a la mamá que lo comprara. Lo consiguió, le costó 1000 pesos. Más tarde fue a exigir que le reembolsaran el dinero, lo que metió en un problema al doctor. «Pero a veces hay que ver estos dos lados, ¿no? Si el médico no le hubiera pedido eso, él no hubiera incurrido en la falta del sistema de salud, pero a la vez no se hubiera salvado el bebé».

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Estas son solo algunas de las víctimas del sistema de salud en México. Sus historias retratan de cuerpo entero los servicios médicos deteriorados desde hace décadas y las afectaciones que provocó la política de austeridad de la administración obradorista. 

Ni antes ni ahora el sistema de salud ha sido eficaz, ni ha tenido los recursos suficientes. Aunque la recomendación de la oms es destinar al sector salud por lo menos el 6% del pib, el presupuesto no ha superado el 2.8% en una década. 

Peor aún: el dinero no siempre se usa correctamente. En sexenios anteriores ocurrieron actos de corrupción, como la inauguración de hospitales que nunca fueron equipados durante la administración de Enrique Peña Nieto o los desvíos de recursos del Seguro Popular por parte de los gobernadores en diferentes administraciones. También, los casos de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo, que gastaron 997 millones de pesos para supuestamente construir 10 hospitales en los municipios más pobres del Estado de México, los cuales continuaron en obra negra una década después, como reveló la periodista Itzel Escalona en Animal Político. 2 

A eso se suman las pocas acciones de prevención, la alta incidencia de enfermedades como la diabetes y los pocos recursos humanos: solo hay 5.2 profesionales de la salud por cada 1000 habitantes, trabajando por un salario de 10000 pesos en el sector público y con jornadas extenuantes. Además, existe una concentración de hospitales en zonas urbanas, lo cual deja desprotegidas a comunidades enteras. 

De ahí que México recibiera la pandemia de covid en 2019 con un sistema destrozado. Así enfrentó la mayor crisis de salud de la historia moderna que puso en jaque a todo el mundo.

A todo esto se agregan las decisiones de política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, que deterioraron aún más la atención, incluso antes de la pandemia y una vez superada. 

Su política de austeridad aplicada también en el sector salud provocó cambios en los procesos de compras hasta el último año de su sexenio que derivaron en retrasos en la distribución de medicinas, encarecimiento y desabasto. 

Sumado a la creación y desaparición de instituciones como el Insabi y el IMSS Bienestar, debido a lo tropezado de su puesta en marcha, que desequilibraron el funcionamiento institucional, afectando al personal sanitario en su práctica diaria y en el flujo de recursos, lo que, a su vez, repercutió en la atención hospitalaria. 

La decisión atinada fue considerar el acceso a la salud como un derecho. Así se estipuló en un decreto que obligó al Estado, desde diciembre de 2020, a proveer de manera gratuita servicios médicos y medicinas a quienes carecen de seguridad social. Pero esta acción no vino acompañada de un mayor presupuesto; de hecho, el gobierno de López Obrador ha destinado menos recursos a la atención médica de los más pobres. La inversión para quienes no tienen servicios como el IMSS, ISSSTE, Pemex o Fuerzas Armadas pasó de 1.28% del pib en 2016 a 0.83% del pib en 2024. Esto se ve reflejado en el gasto de apenas 4107 pesos por cada paciente del Insabi/ imss Bienestar, el más bajo entre todos los subsistemas de salud. El imss, por ejemplo, tuvo un gasto per cápita de 31985 pesos; y el issste, de 9259 pesos. 

Los pobres continuaron con un servicio más precario; y aun teniendo seguridad social, los mexicanos están lejos de compararse con países de la ocde, cuyo gasto per cápita en atención sanitaria es de 67045 pesos. 

El resultado de esto no fue halagüeño, como demuestra el Health at a Glance 2023, un informe de la ocde publicado de forma anual desde 2001.3 

El estudio incluye indicadores que evalúan el modelo sanitario de cada país, a través del análisis de la eficacia de los programas de prevención que ha implementado, así como del tratamiento y la atención médica de las enfermedades. Uno de ellos es la «mortalidad evitable», entendida como las muertes que se podrían evitar con intervenciones eficaces de salud pública y prevención primaria, antes de que apareciera la enfermedad. 

La tasa de mortalidad evitable promedio de la ocde fue de 158 muertes por cada 100000 personas. En países como Italia, Islandia, Suiza o Suecia se registraron menos de 100. Fue México el que tuvo la mayor tasa entre todos los países evaluados: 435 por cada 100000 personas. Hubo 435 fallecimientos por cada 100 000 personas que pudieron haberse evitado con un debido tratamiento, sobre todo por enfermedades endócrinas y metabólicas. Se trató prácticamente del doble de fallecimientos, en comparación con 2018, cuando la tasa registrada fue de 220 muertes. Incluso, es un resultado peor que en Sudáfrica, que tuvo una tasa de 335, o que Perú, con 405. 

Otro indicador es la «mortalidad tratable», que se refiere a las causas de muerte que podrían evitarse principalmente mediante intervenciones sanitarias oportunas y eficaces en diferentes padecimientos, como cánceres, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras.

En este rubro, México presentó una tasa de 230 fallecimientos por cada 100000 habitantes, solo mejor que Sudáfrica, que tuvo 257; e incluso, alejado de Brasil, con 132. Este indicador también fue más alto que en 2018, cuando se registró una tasa de 167. 

Otro indicador sobre la calidad de la atención y sobrevivencia, dependiente de la calidad del sistema sanitario, es el índice de letalidad ante un infarto. En este se analiza el transporte oportuno de pacientes y las intervenciones médicas eficaces en los 30 días posteriores. México tiene el índice de letalidad más alto entre los países de la ocde, y registró un retroceso en dos años. En 2019, había 22 personas fallecidas por cada 100 que sufrían un infarto e ingresaban a un hospital; para 2021, la tasa aumentó a 23.7. Esto significa que solo uno de cada cuatro mexicanos mayor de 45 años sobreviviría a un infarto, de acuerdo con el informe Health at a Glance 2023. 

En tanto, las estadísticas nacionales demuestran que, si una persona requirió atención inmediata tuvo menor oportunidad de ser atendido en 2023, pues hubo 600000 atenciones menos en las áreas de urgencias que en 2019. 

En el gobierno de López Obrador hubo 1.8 millones de consultas menos para mujeres embarazadas, quienes no tuvieron seguimiento para detectar y tratar posibles padecimientos. A la par, las muertes maternas aumentaron de 35 mujeres fallecidas por cada 100000 partos de bebés vivos en 2018, a 38 en 2022. Y durante la pandemia, en 2021, la posibilidad de sobrevivencia fue aún menor: el índice fue de 59. 

Estos no son números. Detrás de cada indicador hay vidas humanas, pacientes que buscan atención y familias enteras que padecen tragedias cuando uno de sus integrantes enferma.

Aun si tomamos en cuenta el deteriorado sistema de salud durante sexenios anteriores, los datos oficiales demuestran que en México no solo no mejoró —como prometió el primer gobierno de izquierda—, sino que tuvo retrocesos. 

En 2018, había 20 millones de personas con carencia de acceso a los servicios de salud; en 2022, el número creció a 50.4 millones de personas: 4 de cada 10 mexicanos no estaba adscrito a ningún servicio de salud. Aunque no solo se trata de la afiliación, sino de la atención en hospitales que no tienen ni suturas. 

Otro indicador da cuenta de esto: mientras que en 2018 el 46% de la población solventó su necesidad de atención médica en lugares privados, en 2022 aumentó a 60%, de acuerdo con el Inegi. Es decir, la salud se privatizó mientras la presencia del Estado se redujo. ¿Cómo es que llegamos a esto, si supuestamente seríamos Dinamarca? Andrés Manuel López Obrador siempre prometió que «primero los pobres», pero esa promesa no se vio en el presupuesto, donde realmente se definen las prioridades de un gobierno. Al menos no lo fue a la hora de asegurarles un derecho tan básico como lo es el acceso a la salud.

En los siguientes capítulos encontrarás las cifras oficiales que lo sustentan.