Urge la “Línea Niñ@” en la agenda electoral, para proteger a la niñez contra las violencias

Durante los últimos 15 años, la violencia ha escalado a niveles alarmantes afectando a niñas, niños y adolescentes de todas las edades y en todos los entornos en donde se encuentran. El hogar, la escuela y la comunidad han dejado de ser espacios seguros para convertirse en lugares en donde se les amenaza, agrede, abusa e, inclusive, priva de la libertad y de la vida.

Entre 2016 y 2023, periodo en el que se reúne esta información, se reportaron al 911 más de 5 millones 300 mil llamadas de emergencia de incidentes de violencia familiar. En ese mismo periodo de tiempo, se contabilizaron 1 millón 742 mil 669 presuntos delitos de violencia familiar, es decir, el 33 % de los casos, lo que refuerza el argumento de que los espacios seguros para niñas, niños y adolescentes se van reduciendo.

Los datos entre 2015 y 2023 es que más de 248 mil 942 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de diversos delitos, destacando las lesiones con el 55.1 % (137 mil 355 víctimas).

Esta tendencia lamentablemente ha continuado, a pesar de que en enero del 2021 se realizaron modificaciones a la legislación nacional, prohibiendo el castigo físico y las humillaciones como forma de crianza o disciplina. En este sentido, entre 2021 y 2023, de los 98 mil 992 delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el 55.9 % lo representaron las lesiones, destacando que en 32 mil 456 de los casos estas fueron infringidas con el propósito de causar un daño, es decir, con dolo.

Por su parte, los homicidios y feminicidios también representan una gran preocupación para nuestro país, considerando que entre 2015 y 2023 perdieron la vida de forma violenta, con dolo o a causa de accidentes, más de 23 mil 712 niñas, niños y adolescentes. Lo más preocupante es que en 9 mil 914 de los casos (el 41.8 %), estos ataques se realizaron con toda la intención de dañarles o de privarles de la vida, ya que se utilizaron armas blancas, armas de fuego y otros objetos para cometerlos.

Otros delitos que afectan de manera permanente la salud física y mental, el desarrollo integral y la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes son la corrupción de menores (15 mil 769); la trata de personas en sus modalidades de explotación sexual, trabajo forzoso, mendicidad, servidumbre o tráfico de órganos (2 mil 404); las extorsiones (1 mil 667); los secuestros (1 mil 084); el tráfico ilegal (474), entre otros, todos cometidos entre el 2015 y el 2023.

Adicionalmente, de las 181 mil 093 personas desaparecidas en este mismo periodo de tiempo, 68 mil 027 siguen sin ser localizadas y 10 mil 607 de estas son niñas, niños y adolescentes (15.6 %), destacando que el mayor peligro lo enfrentan quienes se encuentran entre los 12 y los 17 años de edad, con un riesgo mayor para las niñas y las adolescentes.

Todo lo anterior representa un gran retroceso en el reconocimiento de que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos humanos y, por lo tanto, deben de gozar de la máxima protección a cargo del Estado y la sociedad en su conjunto.

De hecho, existe la obligación legal para que las personas que tengan conocimiento de que una niña, niño o adolescente está siendo agredida o agredido de alguna forma, le presten auxilio y lo reporten de inmediato ante las autoridades correspondientes, incluso si solo existe la sospecha de agresión. Sin embargo, es importante reconocer que sigue habiendo un gran desconocimiento de cuáles son estas autoridades especializadas en la protección de niñas, niños y adolescentes o, simplemente se desconfía de su eficiencia y capacidades que, en muchos de los casos, terminan causando un daño adicional por su falta de diligencia y la revictimización que ocasionan con sus procedimientos.

Otro de los obstáculos para que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a la protección es la falta de mecanismos amigables y sencillos que les permitan pedir ayudar directamente. Muchas veces dependen de que sus padres, madres o personas a cargo de su cuidado reporten los incidentes, pero cuando estas personas o alguien del círculo cercano a ellas son las agresoras, difícilmente se harán .

Por todo lo anterior, resulta importantísimo que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a una línea telefónica, a una aplicación, a un chat o a una página Web que les permita informar en tiempo real cuando se sientan en peligro o hayan sufrido alguna amenaza o agresión directa o indirecta.

Esta opción dirigida a niñas, niños y adolescentes debe ser diferente a los otros mecanismos de reporte existentes, ya que el personal que entable comunicación directa con ellas y ellos, ya sea por escrito o de manera telefónica, debe conocer y tener las habilidades necesarias para llevar una conversación adaptada a las distintas etapas de desarrollo, y obtener información precisa o clave que permita identificar el nivel de riesgo o peligro, así como su ubicación en tiempo real. No será lo mismo hablar con una niña de 4 años de edad, que con un adolescente de 16 años.

Esta línea debe funcionar también para madres, padres y personas cuidadoras, como una herramienta que proporciona orientación en temas o dificultades cotidianas, para evitar que escalen a una forma de violencia. Por ejemplo, las personas podrían acceder a información acerca de la crianza con ternura o la atención a la salud mental a través de la aplicación de primeros auxilios psicológicos, así como a información para buscar apoyo psicosocial en momentos críticos.

Finalmente, será importante que, en este proceso electoral, las y los candidatos a puestos de elección popular en los tres niveles de gobierno, adopten esta y otras propuestas relacionadas con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, considerando que la intervención positiva en los primeros años de vida de las personas, se traduce en un futuro social más próspero, pacífico y respetuoso.

Las propias niñas, niños y adolescentes lo saben, como es el caso de Antonio*, un adolescente de 17 años de edad que vive en el estado de Guerrero y que está consciente desde sus propias palabras que “para detener la violencia en la comunidad hay que armar planes de convivencia entre la comunidad, para fomentar y hacer más consciente a la comunidad de este problema”.

Sin duda, la creación e implementación de lo que hemos llamado “Línea Niñ@” permitirá contribuir a que menos niñas, niños y adolescentes sufran daños irreversibles, desaparezcan o sean asesinados.

* José Lugo Rodríguez (@joseLUGO__) es coordinador general de Incidencia Política en Protección a la Niñez y Humanitario.