En los últimos 42 años, la inversión estatal en educación en la Argentina creció de forma desigual, según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación. Los recursos destinados al nivel superior (universidades e institutos) aumentaron un 226%, mientras que la inversión en educación básica (niveles inicial, primario y secundario) creció un 163%. Esta diferencia de 63 puntos porcentuales se intensificó a partir de la Ley de Financiamiento Educativo de 2006, que estableció como objetivo destinar el 6% del PBI a la educación, aunque solo se cumplió en tres ocasiones.

Un análisis del Observatorio de Argentinos por la Educación, realizado por Alejandro Morduchowicz, Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman, analiza la evolución del financiamiento educativo en la Argentina desde 1980 hasta 2022. Durante este período, el Estado incrementó de manera sostenida la inversión en educación, tanto en valores reales como en términos de porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, esta suba no fue equitativa entre los distintos niveles educativos. “Lo novedoso de este informe –consideró Sáenz Guillén en diálogo con LA NACION– es que trabajamos con una serie histórica que abarca los últimos 42 años basada en los datos del Ministerio de Economía, y no del Ministerio de Educación, que suele ser la fuente habitual. Esto nos permite una visión más completa, ya que abarca todos los períodos históricos mostrando una evolución más profunda del financiamiento educativo”.

El estudio, titulado “Evolución del financiamiento educativo”, muestra que la inversión destinada a la educación superior creció un 226%, mientras que la inversión en educación básica aumentó un 163%, generando una diferencia de 63 puntos porcentuales en favor del nivel superior. Esta disparidad se profundizó especialmente a partir de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006, que estableció la obligación de destinar el 6% del PBI a la educación. No obstante, esta meta solo se cumplió en tres años: 2009, 2013 y 2015.

“La Ley de Financiamiento Educativo fue un paso importante, pero desde su sanción en 2006, solo se alcanzó el 6% del PBI en 2015. Para saldar la deuda acumulada, necesitaríamos destinar el doble, un 12% del PBI, en un solo año. Este desfase evidencia la dificultad para cumplir con el marco normativo”, destacó Sáenz Guillén, analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación.

El crecimiento de la inversión en educación ha sido impulsado principalmente por las provincias, que actualmente ejecutan el 78% del gasto educativo, en comparación con el 22% aportado por la Nación. Esta distribución es muy diferente a la que se registraba en 1980, cuando las provincias solo se hacían cargo del 55% del financiamiento educativo, mientras que la Nación aportaba el 45% restante. Este cambio en la distribución del financiamiento se consolidó en 1992, con la Ley de Transferencia de Servicios Educativos, que entregó la administración de las escuelas a las provincias.

“Aproximadamente, tres de cada cuatro pesos que se destinan a la educación provienen de las provincias, mientras que la Nación se ocupa principalmente del nivel superior. Esto genera una clara distinción en cómo se distribuyen los recursos”, continuó Sáenz Guillén. “Las provincias cargan con la mayor responsabilidad de financiar la educación básica, lo que puede agudizar las desigualdades entre las distintas regiones del país”, indicó.

En ese sentido, el informe destaca que, a pesar del crecimiento sostenido en la inversión educativa, la descentralización del sistema profundizó las desigualdades entre las provincias. Según Morduchowicz, “el financiamiento educativo en la Argentina ha sido inestable, lo que dificulta la planificación de políticas educativas a largo plazo. Las provincias asumieron una mayor responsabilidad en el financiamiento, pero no todas cuentan con los recursos suficientes para garantizar una educación de calidad”.

El análisis también muestra que la inversión en educación superior creció de manera más acelerada que en la educación básica. Mientras que en 1980 solo el 16% de los jóvenes accedía a la educación superior, hoy ese porcentaje supera el 50%. Este crecimiento en la matrícula universitaria fue uno de los factores que impulsó el aumento de la inversión en el nivel superior. Sin embargo, los especialistas advierten que esta mayor asignación de recursos no fue acompañada por mejoras sustanciales en la educación básica, lo que genera una brecha entre ambos niveles.

Sáenz Guillén añadió: “Es en la educación básica donde más se necesita reforzar los recursos, especialmente si tenemos en cuenta que solo uno de cada dos niños de tercer grado puede comprender un texto básico”.

Juan Ignacio Doberti, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), destaca que “este informe refleja dos problemas claves: la creciente responsabilidad de las provincias en el financiamiento educativo y la disparidad en la asignación de recursos entre la educación básica y superior. Las provincias, en general, tienen menos capacidad para recaudar fondos y enfrentar los desafíos que implica gestionar la educación básica, lo que genera inequidades territoriales”. Doberti también advierte que la mayor inversión en el nivel superior responde en parte al aumento de la matrícula, pero plantea dudas sobre la eficiencia en la utilización de estos recursos.

Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA-Conicet, coincide en que “los procesos de descentralización acentuaron las desigualdades en el acceso a una educación de calidad, especialmente en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria”. Para Curcio, el Estado nacional debería asumir un rol más activo en la redistribución de los recursos educativos, especialmente en las provincias más desfavorecidas. Además, considera que las universidades públicas tienen un rol clave en la movilidad social, pero que este debe estar acompañado por un financiamiento adecuado y una planificación más eficiente.

Gasto por alumno

El informe también analiza la evolución del gasto por alumno en la educación básica. A partir de 2005, el gasto real por alumno comenzó a superar el crecimiento de la matrícula, lo que indica que el sistema educativo incrementó la inversión per cápita. Sin embargo, este aumento no resultó suficiente para cerrar la brecha entre las diferentes regiones del país, donde las provincias más pobres enfrentan mayores dificultades para sostener el crecimiento del sistema educativo.

“Desde Argentinos por la Educación lanzamos una campaña por la alfabetización inicial, logrando que 18 gobernadores y el presidente Javier Milei firmaran un compromiso por la alfabetización de los primeros años”, comentó Sáenz Guillén a LA NACION, destacando la importancia de invertir en la educación básica. “Este año se aprobaron 24 planes jurisdiccionales y un plan nacional de alfabetización. Esto es un ejemplo de las políticas concretas que se necesitan para abordar las desigualdades desde los primeros años de escolaridad. Sin un financiamiento adecuado, será difícil revertir las inequidades que observamos entre provincias”, añadió.

Entre los desafíos que plantea el informe, se encuentra la necesidad de reformar el sistema de financiamiento para lograr una distribución más equitativa de los recursos y asegurar una inversión estable a largo plazo.

A pesar de los avances desde 1980, los autores del informe subrayan que la inestabilidad económica y las dificultades fiscales de los últimos años limitaron la capacidad del Estado para cumplir con la meta del 6% del PBI destinada a la educación. La Ley de Financiamiento Educativo representó un paso importante, pero su implementación fue irregular, lo que pone en riesgo la posibilidad de mejorar la calidad educativa en el futuro.