¿Trump tiene la facultad de congelar el gasto público autorizado por el Congreso?

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One de camino a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 27 de enero de 2025. (Kenny Holston/The New York Times)
El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One de camino a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 27 de enero de 2025. (Kenny Holston/The New York Times)

WASHINGTON - El presidente Donald Trump se ha propuesto hacer todo lo posible para impedir que el gobierno desembolse los fondos autorizados por el Congreso para una serie de programas, lo cual podría limitar las facultades que tiene el poder legislativo para ejercer una mayor influencia en el gasto público.

Aunque la Casa Blanca presentó la medida como una suspensión temporal que le permitiría examinar el gasto para asegurarse de que no entra en conflicto con las prioridades de Trump en materia de políticas públicas, la medida desató el caos y la incertidumbre en amplios sectores del gobierno federal dentro y fuera del país.

También parece dar pie a una posible confrontación en la Corte Suprema sobre el poder que tiene un presidente para negarse a gastar el dinero asignado por el Congreso, una táctica que los legisladores redujeron de manera drástica durante la presidencia de Richard Nixon.

Ahora lo explicaremos con más detalle.

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¿Qué hizo Trump?

En su primera semana en el cargo, Trump prohibió el gasto en determinadas iniciativas con cuya misión no estaba de acuerdo, incluidos los programas relacionados con la “diversidad, equidad e inclusión” y el financiamiento a organizaciones no gubernamentales que, en su opinión, socavan el interés nacional. También ordenó congelar durante 90 días todo el gasto en asistencia extranjera para examinar si entraba en conflicto con sus prioridades, con la excepción de la ayuda militar a Israel y Egipto.

Esta suspensión pone en peligro una amplia franja de ayuda autorizada por el Congreso, como la asistencia militar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, la ayuda para pagar los salarios de una milicia dirigida por kurdos que custodia a los detenidos del Estado Islámico en el noreste de Siria y la distribución de medicamentos contra el VIH en África y los países en desarrollo.

Al comienzo de su segunda semana, Trump amplio la medida. El lunes, la Casa Blanca, en un memorándum, ordenó la suspensión temporal de “toda ayuda financiera federal”, lo cual incluye préstamos y subvenciones, también en territorio nacional. Aunque la Seguridad Social y Medicare estaban exentas, el memorándum decía que se aplicaría hasta a 3 billones de dólares en programas y actividades gubernamentales.

Si las suspensión se vuelve permanente para un programa que el Congreso aprobó, pero que no gusta a la Casa Blanca, podría desencadenar una lucha judicial sobre la constitucionalidad de una ley que prohíbe la “retención de fondos” unilateral por parte de los presidentes.

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¿Qué es la retención de fondos?

La retención de fondos es el acto de un presidente de retener o retrasar el gasto de fondos que el Congreso le asignó al gobierno federal para su desembolso.

Aunque suele suceder que el poder ejecutivo retenga parte del gasto autorizado y gaste menos de lo asignado en el presupuesto sin dejar de cumplir el objetivo del Congreso, la práctica se vuelve polémica cuando un presidente se niega a gastar el dinero que el Congreso ha destinado a un programa porque se opone a él.

En una ley de 1974, el Congreso, en esencia, prohíbe a los presidentes la retención unilateral y permanente de fondos. Pero durante la campaña presidencial, Trump publicó un video en el sitio web de su campaña en el que prometió restaurar la facultad de poder “exprimir a la inflada burocracia federal para obtener ahorros masivos”.

¿Qué significaría la retención de fondos para el poder presidencial?

Legalizar la retención permanente de fondos transferiría poder del Congreso a la presidencia.

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Los fundadores de Estados Unidos idearon la separación de poderes para evitar que cada rama acumulara demasiada autoridad y supusiera una amenaza para la libertad. Para ello es fundamental que el Congreso tenga el control de las decisiones relativas a los impuestos y el gasto, lo cual se conoce como “el poder de la cartera”.

En El federalista, James Madison escribió que este poder era el “arma más completa y eficaz” que podían esgrimir los legisladores electos.

Pero quienes están a favor de concentrar más poder en el poder ejecutivo argumentan que la Constitución otorga al presidente la autoridad para decidir no ejecutar determinadas disposiciones de gasto que el Congreso haya incluido en la ley. Dicen que la frase “el presidente velará por el fiel cumplimiento de las leyes” debe interpretarse de modo que así lo permita.

¿Qué significaría la retención de fondos para los recortes del gasto público?

La retención permanente de fondos facilitaría la contención del gasto federal.

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En una época de déficits presupuestarios persistentes y de deuda federal en aumento, quienes piensan que el gobierno gasta demasiado se han sentido frustrados por el historial del Congreso y han buscado formas de ampliar las facultades presidenciales para anular algunas de las decisiones de gasto de los legisladores.

Por ejemplo, en 1996, el Congreso aprobó una ley que permitía a los presidentes vetar partidas concretas de los proyectos de ley de gastos, en lugar de tener que aceptar o vetar todo el paquete legislativo. Pero la Corte Suprema anuló esa ley por considerarla inconstitucional.

La retención de fondos sería otra forma de hacer esencialmente lo mismo, si así lo permite la ley.

¿La ley permite la retención de fondos unilateral y permanente?

No según la ley federal vigente, con escasas excepciones.

Existen contados ejemplos de presidentes que retuvieron fondos para programas específicos que datan de principios del siglo XIX. Pero la práctica se hizo más común durante el siglo XX, en particular en relación con el enorme gasto en armamento durante la época de la Guerra Fría y las disputas entre los presidentes y el Congreso sobre qué comprar.

Esta práctica alcanzó su punto álgido con Nixon, quien retuvo miles de millones de dólares que los legisladores habían destinado a cuestiones como el gasto en carreteras y el control de la contaminación. En respuesta, el Congreso trató de restaurar su poder de la cartera en 1974 al promulgar la Ley de Control de Retención de Fondos.

La ley eliminaba la facultad de los presidentes de rescindir de forma unilateral y permanente las decisiones presupuestarias del Congreso. En su lugar, estableció un procedimiento limitado mediante el cual los presidentes podían someter a la aprobación del Congreso los recortes propuestos. A falta de dicha aprobación, era obligatorio ejercer el presupuesto.

Las normas son más laxas para los aplazamientos de gastos, o suspensiones temporales de fondos que acabarán por liberarse. Otra parte de la ley, modificada en 1987 por el Congreso, establece que el presidente debe enviar a los legisladores un aviso detallado y específico sobre dicho aplazamiento, incluyendo su justificación y cuándo finalizará.

Aunque la Casa Blanca de Trump anunció la suspensión “temporal” en una orden ejecutiva y el memorándum sin explicarla en detalle, no se sabe si envió alguna notificación de este tipo al Congreso.

¿Cuál es la intención de Trump?

Hay razones para creer que el presidente busca una confrontación en los tribunales sobre la legalidad de la retención de fondos permanente, aunque la suspensión actual aún no está lista para ello.

El gobierno ha rebatido las reacciones de consternación ante la suspensión. Un funcionario de alto nivel negó que la suspensión violara la Ley de Control de Retención de Fondos, y describió la suspensión como una pausa para llevar a cabo una revisión. El funcionario agregó que el financiamiento de los programas que no entren en conflicto con las políticas públicas de este gobierno se reanudará con el tiempo.

No obstante, no abordó qué ocurrirá con los fondos para programas que el gobierno determine que no coinciden con sus prioridades. La campaña de Trump dijo explícitamente que el presidente tenía la intención de impugnar la constitucionalidad de la ley de 1974 que restringe el poder de retención de fondos del presidente.

La campaña declaró que tenía previsto ordenar a las agencias “el primer día” que “identifiquen las partes de sus presupuestos en las que es posible un ahorro masivo mediante la faculta de retención de fondos” . Y en el video que acompañaba esa declaración, Trump anunciaba: “Cuando regrese a la Casa Blanca, haré todo lo que pueda para impugnar la Ley de Control de Retención de Fondos ante los tribunales y, de ser necesario, conseguir que el Congreso la derogue”.

c.2025 The New York Times Company