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El trillado manual de estrategias legales de Trump comienza a desgastarse

El expresidente Donald Trump durante un evento en Dayton, Ohio, el 7 de noviembre de 2022. (Maddie McGarvey/The New York Times)
El expresidente Donald Trump durante un evento en Dayton, Ohio, el 7 de noviembre de 2022. (Maddie McGarvey/The New York Times)

Las crecientes amenazas legales a las que se enfrenta el expresidente Donald Trump están poniendo a prueba como nunca antes su conocido manual de estrategias para defenderse de fiscales, reguladores, así como otros acusadores y enemigos, con su característica mezcla de desafío, contrataques, fanfarronadas y retrasos que han sido objeto de varios reveses.

En otras maniobras jurídicas y con la intención de moldear la opinión pública sobre los casos que lo involucran, Trump ha experimentado varios reveses en los tribunales en los últimos meses, incluso a medida que comienza su campaña para otro mandato en la Casa Blanca.

“El señor Trump es un prolífico y sofisticado litigante que suele recurrir a los tribunales para vengarse de adversarios políticos”, escribió este mes el juez Donald M. Middlebrooks, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, al imponer una multa de casi 1 millón de dólares al expresidente y a uno de sus abogados por presentar una demanda civil sin fundamento contra Hillary Rodham Clinton y funcionarios del FBI. “Es el artífice de un abuso estratégico del proceso judicial y no puede ser visto como un litigante que sigue ciegamente el consejo de un abogado”.

Esa multa pareció inducir a Trump a retirar enseguida una demanda similar que había presentado contra Letitia James, la fiscal general de Nueva York, quien sigue adelante con una demanda de 250 millones de dólares por la comisión de fraude financiero generalizado por parte del expresidente, sus hijos mayores y su empresa.

La fiscalía del distrito de Manhattan comenzó a presentar pruebas el lunes a un gran jurado en relación con el involucramiento de Trump en el pago de dinero para silenciar a una actriz porno durante su campaña presidencial de 2016, la última de una serie de investigaciones y procesos judiciales que siguen su curso a pesar de los esfuerzos de Trump por bloquearlos o socavarlos.

El Departamento de Justicia está investigando su manejo de documentos clasificados y de qué manera intervino en los esfuerzos por revertir el resultado de las elecciones de 2020, además de que Trump podría ser acusado por el fiscal del condado de Fulton, en Georgia, en relación con sus esfuerzos por mantenerse en el poder tras perder las elecciones.

Además, están otras dos demandas contra Trump interpuestas por E. Jean Carroll, una escritora neoyorquina que lo acusa de haberla violado en los años 90 en los probadores de unos grandes almacenes, que siguen adelante a pesar de las amenazas del exmandatario de demandarla.

“Trump ve el sistema judicial como ve todo lo demás: como algo corrupto, ‘solucionable’ y utilizable como táctica de intimidación”, dijo Alan Marcus, un consultor que trabajó para la Organización Trump en la década de 1990.

Marcus recordó que Trump llamó a los abogados que habían presentado demandas contra él para tratar de convencerlos de que “era una pérdida de tiempo y dinero” y luego, en última instancia, trató de que un juez que creía que lo favorecería fuera quien llevara el caso.

Un vocero de Trump no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios sobre su historial de manejo de amenazas legales.

A decir de las personas que han hablado con Trump, a pesar de que sigue siendo popular entre muchos votantes republicanos, le preocupa enfrentarse a una acusación penal, algo que lleva intentando evitar desde finales de la década de 1970. Y continúa recurriendo a las técnicas que aprendió de su antiguo abogado Roy M. Cohn, partidario de atacar al sistema judicial a la vez que intentaba conseguir contactos internos, para hacer frente a tales amenazas.

En la investigación de Georgia, Trump dijo que Fani T. Willis, el fiscal del distrito que dirige la investigación, así como otros fiscales negros que lo investigan, eran “racistas”.

Ha criticado al Departamento de Justicia sin cesar, con el argumento de que es partidista, así como a Alvin L. Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan que hace poco tuvo éxito con un proceso de fraude contra la empresa de Trump y ahora busca posibles cargos penales en el caso del pago de dinero para callar a Stormy Daniels.

El lunes, presentó una demanda contra el periodista Bob Woodward, con el argumento de que Woodward había hecho públicas grabaciones de entrevistas suyas sin su consentimiento. Woodward y su editorial, Simon & Schuster, dijeron que la demanda, que busca el pago de 49 millones de dólares en daños, “carece de fundamentos”.

Pero aunque no haya certeza de que Trump vaya a ser acusado de un delito o de que se le imputen responsabilidades civiles, sus estrategias parecen menos eficaces que nunca a la hora de esquivar investigaciones y posibles peligros legales.

“Puedes desgastar a una parte privada si no tiene los mismos recursos que tú o puedes llegar a un acuerdo en un caso civil y con ello ponerle fin, pero los casos penales no tienen que ver con el dinero”, dijo Chuck Rosenberg, quien fue fiscal federal y funcionario del FBI. “Los casos penales tienen que ver con la libertad y la justicia y de verdad es muy difícil, si no es que imposible, desgastar a los fiscales federales y al FBI y hacer que desaparezcan”.

En términos meramente políticos, Trump sigue teniendo fuerza dentro del Partido Republicano, incluso como una figura disminuida cuyo apoyo se ha erosionado desde su mejor momento en 2020. Varias encuestas aún lo muestran con una pluralidad o mayoría de apoyo entre los votantes republicanos, para quienes es el único candidato presidencial declarado para 2024.

Durante muchos años, parte de su estrategia para enfrentar dificultades ha consistido en capitalizar las desgracias de sus críticos y opositores. Eso se ha convertido de nuevo en un lastre, ya que un abogado especial está investigando cómo llegaron a almacenarse documentos clasificados en la casa del presidente Joe Biden y en una oficina que utilizó tras su vicepresidencia, un hecho que Trump ha utilizado para tratar de ocultar cómo llegaron cientos de documentos clasificados a su club, Mar-a-Lago.

Victor A. Kovner, un conocido abogado defensor de la Primera Enmienda y activista demócrata en Nueva York, atribuyó la estrategia de Trump en asuntos legales a lo que aprendió de Cohn, quien murió de sida en 1986 y a quien Kovner despreciaba por sus tácticas.

“Al principio, distraer siempre y aplicar tácticas de aparente tierra quemada y contrataques y, después de mucho tiempo, llegar a un acuerdo fuera de tribunales con la mayor discreción posible”, dijo Kovner sobre el comportamiento de Trump en lo que eran principalmente demandas civiles. “Y contrataques lo más bajos que se pueda. Casi todas tácticas de Roy Cohn”.

Desde que llegó a la presidencia, Trump ha estado buscando al sucesor de Roy Cohn. Cuando estuvo en la Casa Blanca y se nombró a un consejero especial para investigar si su campaña había conspirado con los rusos en las elecciones de 2016 y si había obstruido la justicia, uno de los primeros impulsos de Trump fue reunirse con quienes lo investigaban. Desde el principio, les dijo a sus abogados que quería reunirse con el consejero especial, Robert Mueller.

Esos abogados declinaron seguir los impulsos del presidente. Pero algunos de sus abogados recientes han cedido a sus deseos, la mayoría de las veces para atacar con agresividad.

“Creo que piensa que todo se puede comprar o combatir”, dijo Rosenberg, “y, sencillamente, no funciona así”.

c.2023 The New York Times Company