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Tribunal Supremo de Venezuela ratifica inhabilitación de candidata presidencial opositora

CARACAS (AP) — El Tribunal Supremo de Venezuela ratificó el viernes una inhabilitación impuesta por el gobierno socialista a María Corina Machado, candidata presidencial de una facción opositora respaldada por Estados Unidos, que le impide participar en elecciones.

Machado, una exlegisladora de 56 años, ganó las primarias presidenciales de la oposición en octubre con más del 90% de los votos. Su victoria se produjo a pesar de que el gobierno anunció una inhabilitación por 15 años para el ejercicio de cargos públicos pocos días después de que se inscribiera formalmente en la contienda en junio.

Machado pudo participar en las elecciones primarias porque fueron organizadas por una comisión independiente, no por las autoridades electorales venezolanas.

Machado no reconoce la inhabilitación y ha seguido haciendo campaña, argumentado que nunca recibió una notificación oficial de la prohibición.

La exlegisladora, líder de Vente Venezuela, una agrupación de línea dura que fundó en mayo de 2012, insiste en que los electores son los únicos que pueden inhabilitar su candidatura y confía en sumar su respaldo.

En diciembre pasado, Machado acudió al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la revisión de su inhabilitación. Como parte de la reanudación en octubre de los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición, bajo la mediación de Noruega, las partes acordaron el procedimiento para “procurar la revisión de las medidas de inhabilitación”.

El tribunal falló en su contra y confirmó la prohibición.

Impedir que Machado y otros candidatos se presenten iría en contra de un acuerdo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y figuras de la oposición respaldadas por Estados Unidos el año pasado.

El acuerdo firmado por ambas partes en octubre en la isla caribeña de Barbados llevó al gobierno de Estados Unidos a aliviar algunas sanciones a las industrias de petróleo, gas y minería de Venezuela.

Sin embargo, la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ha amenazado con revertir parte del alivio si el gobierno de Maduro no levanta las prohibiciones que impiden a Machado y otros ocupar cargos públicos, y si no libera a los presos políticos y a los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente.

Los críticos del gobierno denuncian que la administración de Maduro todavía no ha tomado una medida concreta con miras a garantizar comicios presidenciales libres y justos.

Machado, afirmó después del fallo, que el gobierno de Maduro “decidió acabar con el acuerdo de Barbados”.

“Lo que NO se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias”, escribió Machado en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

“Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar”, acotó. “Que nadie lo dude, esto es HASTA EL FINAL”,

En tanto, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en los diálogos con la opositora Plataforma Unitaria Democrática, sin mencionar a Machado, manifestó que “a pesar de las amenazas graves de sectores de ultraderecha contra la paz de la República”, en alusión a las supuestas conspiraciones, “se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los Acuerdos de Barbados”.

“Sigamos avanzando. Elecciones en 2024 llueva, truene o relampaguee!!!”, escribió Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista, y estrecho colaborador de Maduro.

Esta semana, Machado también ha denunciado la detención de sus jefes de campaña en el estado de La Guaira, al norte de Caracas, y en los estados Yaracuy y Trujillo. Varios de los más cercanos colaboradores de Machado han sido detenidos en los últimos meses y la mayoría de ellos posteriormente fueron liberados.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, cercano colaborador de Maduro y exlegislador oficialista, vinculó a los tres jefes de campaña de María Corina Machado detenidos el pasado 23 de enero, con una supuesta conspiración “terrorista”. Son acusados de supuestamente servir de apoyo logístico para el grupo que pretendía asaltar varios cuarteles militares como parte de un complot para asesinar a Maduro.

Dos de ellos, Luis Camacaro y Juan Freites, fueron presentados el jueves ante un tribunal sin permitir la “presencia de sus abogados privados”.