Yahoo Noticias El Tribunal Supremo dividido sobre el esfuerzo estatal para eliminar la financiación de Planned Parenthood
El Tribunal Supremo parecía dividido el miércoles sobre si un estado puede bloquear la financiación de Medicaid para las clínicas de Planned Parenthood, en una interpretación técnica sobre las opciones sanitarias que se ha convertido en una lucha política más amplia sobre el acceso al aborto.
En casi dos horas de alegatos orales, la mayoría conservadora del tribunal ofreció un apoyo comedido a la postura de Carolina del Carolina.
La cuestión concreta es si los pacientes de Medicaid con bajos ingresos pueden demandar para elegir a su propio proveedor sanitario cualificado. El programa federal-estatal comparte la responsabilidad de financiarlo y administrarlo, a través de proveedores sanitarios privados.
La ley federal prohíbe que el dinero de los contribuyentes se destine a financiar casi todos los abortos, pero Planned Parenthood también presta otros servicios médicos con y sin subvenciones de Medicaid, como atención ginecológica y pruebas de detección del cáncer.
Bloquear el acceso del proveedor a las redes de Medicaid podría suponer su desfinanciación. Dada la divisiva cuestión subyacente del aborto, grupos de ambos bandos se concentraron ante el Tribunal Supremo antes de los alegatos.
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En 2018, el gobernador de Carolina del Sur firmó una orden ejecutiva que bloqueaba la financiación de Medicaid para las dos clínicas de Planned Parenthood del estado, afirmando que equivalía a que los contribuyentes subvencionaran abortos.
Los tribunales han dejado en suspenso esa orden, lo que ha conducido al caso actual.
Carolina del Carolina prohíbe ahora el aborto en torno a las seis semanas de embarazo, o cuando se detecta actividad cardiaca, con excepciones limitadas.
La disposición clave de la Ley de Medicaid de 1965 garantiza a los pacientes la "libre elección del proveedor" que esté dispuesto y cualificado.
Gran parte de la sesión del tribunal trató sobre si Planned Parenthood era un "proveedor cualificado" según la ley de Medicaid, y si los pacientes individuales tienen un "derecho" inequívoco a demandar para acudir al proveedor de su elección, según su lenguaje específico.
"Parece un poco extraño pensar que un problema que motivó al Congreso a aprobar esta disposición fuera que los estados limitaban las opciones de la gente", dijo la juez Sonia Sotomayor. "Parece difícil de entender que los estados no comprendieran que tenían que dar a los individuos el derecho a elegir un proveedor".
"El Estado tiene la obligación de garantizar que una persona... tenga derecho a elegir a su médico", añadió la juez Elena Kagan. "Es imposible siquiera decirlo sin utilizar la palabra 'derecho'".
Pero algunos jueces conservadores cuestionaron cómo interpretar una disposición que no contiene la palabra "derecho".
"Se puede imaginar un estatuto redactado como una prestación individual que sea obligatoria para los Estados, pero que no sea creadora de derechos" para el paciente, dijo el juez Neil Gorsuch. "Es decir, es un escenario imaginable".
El juez Samuel Alito añadió que era "algo bastante extraordinario" conceder a los particulares ese derecho a demandar en virtud de la cláusula de gastos de la Constitución.
Los votos del presidente del Tribunal Supremo John Roberts, y de la jueza Amy Coney Barrett podrían ser clave: Hicieron preguntas difíciles a ambas partes.
Barrett ofreció la hipótesis del derecho de un paciente a acudir a los tribunales por su médico acusado de negligencia médica. "¿Tiene sentido en esa circunstancia que el Congreso quiera que los demandantes puedan demandar?", preguntó.
Planned Parenthood afirma que su futuro está en juego, señalando que casi 700 millones de dólares -aproximadamente un tercio de sus ingresos totales en todo el país- proceden de reembolsos de Medicaid y de subvenciones y contratos gubernamentales.
Pero el grupo señala que sólo 90.000 dólares de financiación de Medicaid se destinan cada año a centros de Planned Parenthood en Carolina del Sur, una cantidad comparativamente pequeña respecto al gasto total de Medicaid del estado.
Julie Edwards, residente Carolina , presentó una demanda junto con Planned Parenthood South Atlantic, que gestiona dos clínicas en Columbia y Charleston. Tiene diabetes de tipo 1 y complicaciones médicas asociadas, y quería elegir la clínica de Columbia por su gama de servicios, incluida la atención reproductiva.
Un tribunal federal de apelación falló contra el estado en 2024, concluyendo que la disposición sobre "libre elección de proveedor" "especifica un derecho concedido a cada beneficiario de Medicaid: elegir el proveedor cualificado preferido sin interferencia del estado".
En una opinión del Tribunal Supremo de 2023 sobre la atención a residentes en residencias de ancianos, los jueces concluyeron que una ley distinta de Medicaid otorga a los particulares el derecho a demandar.
Un año antes, el alto tribunal anuló el precedente de Roe contra Wade sobre el derecho al aborto en todo el país.
Varios estados -entre ellos Texas, Missouri y Arkansas ya han hecho lo que Carolina del Carolina quiere hacer al recortar la financiación de Medicaid a Planned Parenthood, y otros más podrían seguirle si Carolina del Carolina se impone.
"La gente de este estado no quiere que el dinero de sus impuestos vaya a esa organización", dijo el gobernador republicano Carolina del Sur, Henry McMaster, que asistió al argumento oral. "Creo que la decisión de este tribunal será que el pueblo de Carolina del Sur tiene derecho a tomar esta decisión por sí mismo, por nuestro estado. Otros estados pueden tomar una decisión diferente, pero no el nuestro. Carolina del Carolina defiende el derecho a la vida, y haremos lo que sea necesario para protegerlo".
El Departamento de Justicia de Trump apoya al estado, y los grupos de defensa del derecho al aborto afirman que se trata de la elección del paciente.
"Nuestros centros de salud desempeñan un papel insustituible en el sistema sanitario del estado, proporcionando anticonceptivos y pruebas de detección del cáncer a personas que no pueden permitirse esos servicios en ningún otro lugar", declaró Paige Johnson, presidenta y CEO interina de Planned Parenthood South Atlantic. "Los funcionarios del gobierno nunca deben impedir que la gente reciba asistencia sanitaria ni deben poder decidir a qué médico puedes o no puedes ver".
Una preocupación planteada por los defensores de la asistencia sanitaria es encontrar servicios ginecológicos y de planificación familiar en estados con instalaciones limitadas. Las mujeres con bajos ingresos suelen tener más dificultades para recorrer largas distancias para recibir esa atención de calidad, un requisito para los proveedores de Medicaid.
El juez Brett Kavanaugh dijo que su misión sería aportar la mayor claridad posible sobre cuándo los pacientes pueden acudir a los tribunales, lo que calificó de "odisea" de 45 años.
Gran parte de los argumentos públicos versaron sobre si el "derecho" a demandar era una palabra mágica para decidir automáticamente el asunto.
"No soy alérgico a las palabras mágicas, porque las palabras mágicas -si representan el principio- proporcionarán la claridad que evitará los litigios que suponen un enorme despilfarro de recursos para los estados, los tribunales, los proveedores y los beneficiarios", dijo Kavanaugh.
El caso es Medina (SC DOH) contra Planned Parenthood South Atlantic (23-1275). Es probable que se dicte sentencia a principios de verano.
Fuente del artículo original: El Tribunal Supremo, dividido ante el intento de un estado de desfinanciar Planned Parenthood
