Yahoo Noticias Tribunal de Paz en Colombia lleva por primera vez a juicio a un exmilitar por “falsos positivos”
BOGOTÁ (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia inició el miércoles el primer juicio desde su creación contra un exmilitar por no reconocer su responsabilidad en la muerte de 70 “falsos positivos”, como son conocidas las ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros vencidos en combate.
El coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez tiene todavía la posibilidad de admitir su culpabilidad durante el juicio antes de que se produzca la sentencia, con lo que recibiría una rebaja de pena. En caso de que no lo haga y sea declarado culpable, se expone a una condena a 20 años de cárcel.
Al iniciar el juicio en Valledupar, al norte del país y en la zona donde habrían sido cometidos los crímenes, el exmilitar alegó ser inocente: "No acepto los cargos, no puedo aceptar lo que nunca hice”.
El fiscal, Samuel Serrano, señaló durante del juicio que pedirá para Mejía Gutiérrez la “máxima condena” permitida por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida, tortura y desaparición forzada. El exmilitar podrá defenderse durante el juicio a través de un abogado.
En Colombia el Tribunal de Paz, llamado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), investiga y juzga desde 2018 los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en Colombia hasta 2016 cuando el Estado firmó un acuerdo de paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras cinco décadas de confrontaciones. Además de juzgar a miles de exguerrilleros, también comparecen agentes del Estado, exmilitares y algunos civiles que tuvieron relación con el conflicto armado.
Cuando los comparecientes admiten su responsabilidad en los crímenes y aportan elementos suficientes sobre lo ocurrido en el conflicto interno pueden aspirar a recibir sanciones que no implican cárcel en las que intentarán reparar a las víctimas con proyectos que busquen dignificar la memoria de sus familiares. Hasta el momento, la JEP no ha impuesto ninguna sanción.
Mejía Gutiérrez es señalado por el tribunal de presuntamente idear y ejecutar un “plan criminal” para asesinar a civiles y presentarlos falsamente como muertos en combate entre 2002 y 2003, cuando se desempeñaba como comandante del Batallón La Popa del Ejército, ubicado al norte del país.
La JEP señala en la imputación tener “bases suficientes” para afirmar que Mejía Gutiérrez hizo una “alianza” con los paramilitares para asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate.
El fiscal detalló en el juicio que en ocasiones los paramilitares asesinaban a personas y las entregaban a los militares para que los presentaran en operaciones legítimas de combate; en otras, ya no requerían la ayuda de los paramilitares y seleccionaban sus propias víctimas, las asesinaban, “otros recogían los cadáveres" y elaboraban los documentos que daban apariencia de legalidad.
“Wilfrido Chantrix sufrió desde su niñez su discapacidad cognitiva, un día desapareció y su hermano, con quien ejercía labores de reciclaje, lo buscó hasta encontrarlo en el planchón frío de la morgue acusado de ser integrante de un grupo ilegal”, relató el fiscal sobre una de las víctimas de ”falsos positivos" asesinado en 2003.
El abogado defensor del exmilitar, Germán Navarrete, reclamó durante la audiencia que no es posible endosar a un comandante “todo lo que hacen los subalternos” e indicó que su defendido “se adecuó a todos los reglamentos militares que estaban vigentes para la época... nunca impartió una orden ilegal”.
El Tribunal de Paz calcula que la cifra de víctimas de “fasos positivos” asciende a 6.402, casi el triple de lo reportado por la justicia ordinaria.
