Yahoo Noticias Tribunal anula fallo de $456,000 contra ex legislador de Florida por una trama de campaña en 2012
Un tribunal federal de apelaciones anuló un fallo de $456,000 contra el ex representante federal republicano David Rivera, al considerar que una jueza de Miami se equivocó al fallar que Rivera canalizó contribuciones políticas ilegales a un candidato que en 2012 hizo campaña en las primarias contra el enemigo demócrata del legislador.
La decisión del lunes del Tribunal Federal de Apelaciones del Décimo Primer Circuito es el más reciente salvavidas para un político que lucha contra los abogados del gobierno en múltiples frentes, pero no pone fin al caso. Más bien, le da a Rivera otra oportunidad de luchar contra la Comisión Federal Electoral (FEC) en los tribunales, y ante un juez diferente a la que falló en su contra en 2022.
“Después de malgastar millones de dólares en fondos de los contribuyentes, esta cacería de brujas de 12 años que comenzó durante el primer mandato de Obama pronto llegará a un final humillante para la corrupta FEC cuando sufran una vergonzosa derrota en el juicio”, escribió Rivera en un mensaje al Miami Herald. “No puedo esperar”.
Un abogado que representa a Rivera dijo que están esperando noticias de la FEC sobre si la dependencia tiene intención de seguir adelante con el caso. La Comisión Federal Electoral declinó hacer comentarios.
El caso fue presentado por primera vez por la FEC en 2017 alegando que Rivera había financiado secretamente $75,927 en servicios políticos para la campaña en las primarias de un candidato demócrata que se postulaba contra Joe García, quien finalmente derrotaría a Rivera ese noviembre en lo que entonces se consideraba el Distrito Congresual 26 de la Florida.
La trama, de la que informó por primera vez el Miami Herald, fue objeto de una investigación federal que duró años.
El candidato que recibió el apoyo financiero, Justin Lamar Sternad, acabó declarándose culpable de cargos penales y cumplió 30 días de prisión, con tres meses de arresto domiciliario.
Una asesora política que trabajaba con Rivera, Ana Alliegro, también se declaró culpable y fue sentenciada a seis meses de prisión, seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad supervisada.
Rivera no fue acusado penalmente. Más bien, enfrentó una demanda civil de la FEC, la cual decía que había infringido las leyes federales que prohíben las donaciones políticas de paja.
Hace dos años, la jueza del Tribunal de Distrito Marcia Cooke se puso del lado de la FEC, afirmando que “la conducta ilegal de Rivera fue atroz” y emitiendo una orden judicial que impedía a Rivera —que ha seguido coqueteando con campañas políticas— realizar actividades ilegales de campaña en el futuro.
“Tal vez en virtud de que el Tribunal prohíba a Rivera participar en una conducta ilegal similar en el futuro, ‘eso hará el truco’ de convencer a Rivera, ex legislador federal, de que deje de infringir la ley”, escribió Cooke.
Rivera, sin embargo, siempre ha negado haber planeado una campaña ilegal para perjudicar a García.
Y, el lunes, los jueces de circuito Barbara Lagoa, Robert Luck y Charles Wilson invalidaron a Cooke, diciendo que se equivocó al conceder el juicio sumario a favor de la FEC.
El panel de apelaciones consideró que Cooke se basó en gran medida en el testimonio de testigos, Sternad y proveedores que prestaron servicios a la campaña de Sternad, y “descartó indebidamente” la deposición de Rivera y las declaraciones juradas firmadas negando cualquier contribución al candidato demócrata. El juicio sumario, señalaron, se reserva para casos en los que hechos materiales no están en disputa.
El abogado de Rivera, Jeffrey Feldman, dijo al Herald en un correo electrónico que el Onceno Circuito anuló la sentencia contra el representante Rivera “porque la Comisión Federal Electoral no tenía evidencia suficiente para demostrar sus alegaciones”.
“El caso de la FEC contra el legislador Rivera sigue sin tener mérito y la sentencia contra él fue debidamente desechada”, escribió Feldman.
El Onceno Circuito devolvió el caso al Tribunal de Distrito, donde un juez diferente presidirá ahora el caso en caso de que continúe, tras la muerte de Cooke el año pasado. Los registros del tribunal federal muestran que la jueza Aileen Cannon figura ahora como la jurista que supervisa el caso.
La pelea de Rivera con la FEC es solo un frente en varios dramas legales. En 2020, fue demandado por $50 millones por PDVSA, una compañía petrolera propiedad del gobierno de Venezuela, por incumplimiento de contrato. Rivera fue un crítico de los regímenes socialistas de Cuba y Venezuela mientras ocupó el cargo.
Según la demanda presentada en un tribunal federal de Nueva York, Rivera —ex aliado político del senador federal Marco Rubio— recibió $15 millones como pago inicial de un contrato de tres meses y $50 millones a través de su empresa de consultoría, Interamerican Consulting Inc. El contrato tenía como objetivo ayudar a mejorar la imagen de la empresa en Estados Unidos a medida que las finanzas y la reputación de la empresa energética se hundían junto con la economía de Venezuela.
Rivera fue arrestado en 2022 por cargos federales de no haberse inscrito como agente extranjero antes de trabajar para el gobierno venezolano. Un año después, Rivera fue acusado de no declarar cientos de miles de dólares en ingresos.
Rivera ha dicho que es inocente.
