Trabajadores inmigrantes demandan a agencia de empleo temporal, argumentan recortes salariales y denegación de trabajo en plena pandemia

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Desde que emigró a Estados Unidos hace casi dos décadas, Patricia Martínez, quien ahora tiene 55 años y es madre de dos hijos adultos, se ganó la vida trabajando a través de agencias de empleo temporal. Aunque algunos días se sentían más pesados que otros, estaba agradecida por tener un trabajo aunque significara ganar el salario mínimo.

Pero una vez en Superior Staffing —una agencia de empleo temporal y dotación de personal con sede en Elmhurst—, Martínez cuenta que experimentó malos tratos en la empresa a la que estaba asignada y un repentino recorte de sueldo en el momento álgido de la pandemia de COVID-19, en noviembre de 2020.

Martínez dijo que comenzó a hablar acerca del supuesto maltrato y poco después buscó asesoramiento legal cuando dijo que recibió una llamada en junio de 2021 de la agencia de personal, diciéndole que sus servicios ya no eran necesarios. Ana Díaz Rivas, de 40 años, se refirió a las afirmaciones de Martínez después de que también le bajaran el sueldo y le negaran el trabajo sin previo aviso, dijo.

“Cuando me despidieron, no me dieron una razón ni siquiera cuando la pedí. Sabía que esto estaba mal y quería saber si tenía algún derecho”, dijo Martínez.

El 23 de agosto, las dos mujeres presentaron una demanda, solicitando el estatus de acción colectiva contra Superior Staffing y su empresa cliente FAREVA Morton Grove, una compañía de fabricación de cosméticos e higiene, alegando robo de salarios y múltiples violaciones de la Ley de Servicios de Trabajo Diurno y Temporal de Illinois.

De acuerdo con la demanda, que podría abarcar al menos a 100 trabajadores afectados de forma similar, a Martínez y a Díaz Rivas se les bajó el sueldo sin que recibieran la notificación legalmente exigida por la Ley de Servicios de Trabajo Diurno y Temporal de Illinois.

La demanda constató que, cuando Martínez fue asignada para trabajar en la empresa de cosméticos en diciembre de 2019, ganaba 13 dólares la hora. Tres meses después, obtuvo un aumento de 50 centavos, pero, en noviembre de 2020, Superior Staffing cambió el salario regular por hora de Martínez a 12 dólares la hora mientras seguía contratada para trabajar en FAREVA.

“Ese 1.50 dólares era el dinero que necesitaba para la gasolina, para poder llegar al trabajo”, dijo Martínez en español durante una conferencia de prensa en Little Village la semana pasada.

“Les dije que no podría permitirme ir a trabajar. Me dijeron que no tenía derecho a quejarme porque no trabajaba para la empresa, que solo era una trabajadora temporal [...]; me dijeron que lo aceptara o que me fuera. Me hicieron sentir desechable”, dijo en la conferencia de prensa.

Ni Superior Staffing ni las oficinas corporativas de FAREVA respondieron a múltiples llamadas telefónicas y varios correos electrónicos solicitando comentarios.

La demanda también alega que a Díaz Rivas se le dijo que su salario de 13 dólares por hora aumentaría 50 centavos tres meses después de su fecha de inicio en agosto de 2020, pero, en su lugar, su salario por hora se redujo a 12 dólares al mismo tiempo que se redujo el salario de Martínez.

De acuerdo con la demanda, a las dos trabajadoras no se les pagó por los días que se les asignó para presentarse en FAREVA pero fueron rechazadas porque no había trabajo disponible. En múltiples ocasiones, Díaz Rivas dijo que ella y otros trabajadores temporales llegaron a su turno en FAREVA y fueron despedidos sin otro trabajo al que ir y sin salario. En la demanda se alegó que Superior Staffing y FAREVA violaron la ley de personal temporal de Illinois, al no pagarles al menos cuatro horas de trabajo de conformidad con las tarifas acordadas en todos los días que Superior Staffing las contrató para trabajar en FAREVA.

Díaz Rivas dijo que buscó empleo en Superior Staffing porque estaba cerca de su casa y podía estar más cerca de su hijo de tres años, quien tiene necesidades especiales.

“Además de bajarme el sueldo sin decírmelo con antelación, también me despedían del trabajo cada vez que no me necesitaban. No les importaba que siguiera teniendo que pagarle a mi niñera por un día completo”, dijo Díaz Rivas, añadiendo que se quedó en la empresa porque tiene un hijo que mantener. Dijo que en junio de 2021 le dijeron que ya no la necesitaban en la empresa manufacturera.

Aunque ambas mujeres dijeron que fueron asignadas a FAREVA por Superior Staffing, las dos no se conocían, pero aterrizaron en la misma mesa después de buscar ayuda por separado.

Martínez se puso en contacto por primera vez con la organización Chicago Community and Workers’ Rights después de investigar en internet, dijo. La organización les ofrece orientación a los trabajadores, independientemente de su situación migratoria, y proporciona recursos y estrategias colectivas de resistencia contra los abusos de los derechos laborales, de acuerdo con su sitio web.

Para Díaz Rivas, el estímulo para buscar ayuda legal vino del consejero de su hijo. Después de compartir su experiencia en la agencia de empleo y en FAREVA, la consejera la puso en contacto con Chicago Community and Workers’ Rights.

Se tardó casi un año en presentar la “innovadora demanda colectiva”, dijo Mark Birhanu, abogado de Raise the Floor Alliance que representa a las mujeres.

Raise the Floor Alliance fue fundada por una coalición de centros de trabajadores que operan en toda el área de Chicago, incluyendo Chicago Community and Workers’ Rights, como un recurso legal, político y organizativo compartido para los trabajadores de bajos salarios.

Birhanu dijo que las mujeres “están luchando por la reparación disponible para ellas bajo estas leyes, incluyendo una orden judicial que le impida a los acusados continuar con las violaciones legales. Están haciendo esto para que otros trabajadores no sufran por lo que la señora Díaz Rivas y la señora Martínez pasaron”.

Martínez y Díaz Rivas dijeron que otros trabajadores que experimentaron un trato similar a través de la agencia de empleo podrían tener miedo de hablar, porque podrían temer ser despedidos. Dijeron que, para algunos trabajadores, su edad o su condición de inmigrantes podría dificultar la búsqueda de empleo en otro lugar.

“Muchos se quedan [...] porque necesitan el dinero”, dijo Martínez. Las mujeres dijeron que esperan poder ser un ejemplo para que otros trabajadores inmigrantes y temporales sean más conscientes de sus derechos.

Las agencias de trabajo temporal en Illinois no están obligadas a procesar a sus empleados a través del sistema de inmigración E-Verify, que confirma la identificación de un trabajador y su permiso para trabajar en el país; por lo tanto, algunos inmigrantes recurren a las agencias temporales para trabajar. El hecho de no usar E-Verify puede permitir que algunas empresas se aprovechen de algunos trabajadores vulnerables, dijo Martín Unzueta, director ejecutivo de Chicago Community and Workers’ Rights.

“No es justo que se nos trate como trabajadores desechables. Muchas veces no nos quejamos, pero la discriminación y la explotación están presentes todos los días y en todo momento contra nosotros”, dijo Unzueta. Animó a los trabajadores que crean que se han violado sus derechos a acudir a organizaciones como Chicago Community and Workers’ Rights.

Este texto fue traducido por Kreativa Inc