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Trabajadoras agrícolas en Sinaloa: de ser blanco de violencias a la organización en sus comunidades

ILUSTRACIÓN: Andrea Paredes (@driu.paredes) FOTOS: Marcela Nochebuena
ILUSTRACIÓN: Andrea Paredes (@driu.paredes) FOTOS: Marcela Nochebuena

Es sábado pasadas las 4:00 de la tarde. La anfitriona es Margarita Castro. Afuera de su casa en la sindicatura de Villa Juárez —a unos 40 minutos en auto de Culiacán, Sinaloa—, mujeres trabajadoras agrícolas se acomodan en varias filas de sillas plegables. Se alistan para ver un video sobre la vida en la montaña guerrerense que orilla a sus habitantes a migrar para trabajar en el campo, como muchas de ellas. Se alistan también para hablar sobre sus derechos.

Igual que sus invitadas, Margarita fue jornalera —esa era la denominación más común entonces— desde niña. Décadas después, se ha asentado en Villa Juárez y, en distintos niveles, incide en su comunidad. Hoy, por ejemplo, está colaborando con el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG) y con Leonor Tereso, académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), para llevar estos talleres sobre derechos laborales a más mujeres.       

La historia que la llevó ahí no siempre estuvo marcada por el entusiasmo y la energía que hoy la caracterizan. Ella es originaria de comunidades oaxaqueñas. Nació en Acatlán de Pérez, casi en la frontera con Veracruz. Tenía entre cinco y seis años cuando migró por primera vez al campo con sus papás y sus hermanas, nueve de familia en total, después de que uno de sus hermanos mayores se fue a Sinaloa sin permiso. 

Aunque tenía otro trabajo en Coatzacoalcos, el papá pidió autorización para ir a buscar a su hijo con la condición de regresar, pero le gustó el campo y que toda la familia pudiera trabajar. “Se le hizo fácil, me imagino”, relata Margarita. Llegaron al campo Alonso, que hoy ya no existe. Vivían juntos en una “cuartería” —como se conoce a las viviendas de trabajadores agrícolas—. En ese tiempo, eran una especie de galerones.

Margarita recuerda poco, pero tiene claro que se hacían incluso cuadrillas solo de menores de edad —“pitufos, así nos decían”— para que hicieran lo que les permitiera su capacidad física: arrancar hierba, amarrar, recoger basura y otras actividades no tan pesadas como el corte. Había contratiempos porque eran muy pequeños: materiales que se rompían, alguien que se lastimaba. Al principio, al menos pudo estudiar al tiempo que seguía trabajando, una cosa entre semana, y la otra los sábados y domingos.

Cuando estaba en cuarto año de primaria, su papá tomó la decisión de moverse otra vez. Margarita no se quería ir: “A pesar de la edad que tenía, yo sentía que no quería esa vida”. En aquel entonces, su sueño era estudiar para ser secretaria y trabajar en una oficina. Lloró y rogó para que la dejaran quedarse con su hermano, pero el papá no accedió.    

La familia se fue a Sonora, a los cultivos de melón, sandía y apio. Ahí, comenzó a trabajar en el empaque. “Nos fuimos a San Quintín, regresamos a Sinaloa, y así andábamos, como dicen, siguiendo la zafra, de campo en campo nada más”, relata. Cuando ella tenía 14 años, llegaron al Valle del Vizcaíno, en Baja California Sur. Ahí conoció al papá de sus hijos y se fue con él a los seis meses de conocerlo. 

Ese lapso, dice ahora, es uno que no quiere recordar. Hubo violencia física, verbal, psicológica, económica y laboral —no le pagaba aun cuando trabajaba en el negocio de ambos—. Por eso se separó de él. Con el pesar de que antes no había podido estudiar, y después de esa relación violenta, se dio cuenta de que tampoco quería esa vida. 

Fue entonces cuando se separó —no sin antes prepararse—, y se fue para Villa Juárez. Recién casada, ya solo había trabajado en el campo por un tiempo, pero tuvo que volver cuando se quedó solamente con sus hijos, porque al principio, su expareja la amenazaba con no darle pensión. Decidió que el campo no era lo suyo, y empezó a trabajar en Culiacán como promotora, comerciante y empleada en un restaurante. 

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Su mamá le aconsejó volver a estudiar, porque aún tenía la oportunidad y era joven. En seis meses, sacó la primaria, en otros seis la secundaria, luego el bachillerato en dos años y finalmente la licenciatura en Derecho, de la que egresó en 2020.

Cuando se separó y se instaló en Villa Juárez, se dio cuenta de que a sus hijos les hacía falta una escuela. Le daba tristeza verlos caminar a una muy lejana, donde además a veces podía llevarlos y otras no. No quería para ellos la infancia que ella tuvo. Fue así como empezó a gestionar la Escuela Sinaloa, que ahora queda casi enfrente de su casa. Fueron tres años de ir y venir. 

“Fue un logro que, como mujer, me siento un poco satisfecha en ese aspecto, que lo inicié como una necesidad propia en mi familia pero que benefició a toda la población de este sector. Fue una escuela récord, es lo que nos dijeron las autoridades, porque nació con 505 niños desde primero hasta sexto”, recuerda Margarita. 

“Nació completa con dos grupos (por grado); de hecho, cuando iniciamos nos dieron la clave pero no teníamos ni el terreno ni la escuela, iniciamos en casas. Aquí en mi casa hubo los dos primeros, uno afuera, que tenía una lámina, y el otro allá adentro. En otras casas, nos prestaron para los otros grados”.

Con la presión de las madres y padres de familia, finalmente el gobierno del estado construyó las aulas, aunque de lámina negra, en el predio que hoy ocupa la escuela. Estuvieron seis meses en las casas y seis meses en los salones improvisados. Entre todas, salió la idea de llamar a la prensa para evidenciar el estado de la escuela y a los 15 días, el gobierno puso la primera piedra. En el siguiente ciclo escolar, quedó lista. 

Hoy, Margarita tiene un puesto administrativo en la UAS, es gestora social y se dedica a apoyar a otras mujeres. “Hago actividades que a lo mejor no son parte de mi trabajo, pero las realizo con gusto: gestionar servicios públicos para las colonias; ahorita traemos un proyecto de entre 12 y 15 que no tienen servicios aquí en la comunidad, que es agua, luz y drenaje; los estoy apoyando, asesorando y acompañando”, relata. Además, estudia una segunda licenciatura en Estudios de Género. 

Margarita.
Margarita.

Villa Juárez, que pertenece al municipio de Navolato, tiene aproximadamente 60 colonias entre las que hay población proveniente de toda la República e incluso, de manera más reciente, de Centroamérica, apunta Leonor Tereso. Además, hay poblaciones indígenas y otras de la propia entidad. La mayoría se dedica al trabajo agrícola pero también desarrolla otros empleos en sus tiempos libres. En el caso de las mujeres, particularmente la venta de productos.

Cada año —según lo han registrado activistas y académicos—, hay una o dos nuevas colonias en Villa Juárez de personas trabajadoras agrícolas migrantes que deciden asentarse. Hasta ahora, no hay un censo confiable del crecimiento de la sindicatura. Lo que sí se sabe, admite Tereso, es que, por parte de las autoridades, no existe la capacidad para atender las múltiples necesidades que genera, empezando por los servicios públicos. 

Incluso, hay algunas que hasta hoy tienen más de 10 años sin algunos de ellos, como recolección de basura o suministro de agua y luz. Además, las escuelas no se dan abasto; hay niños que no estudian porque los centros educativos no son suficientes. Tampoco hay un centro de salud o seguro social. La única forma de tener acceso a ese servicio es ir a Navolato o a Culiacán, o bien, acudir a los pequeños consultorios particulares. 

La proliferación de los campos de empresas de procedencia asiática, así como las nuevas tecnologías de uso de suelo y aprovechamiento de clima que permiten que en muchos campos se den hasta tres épocas de cosecha y se diversifiquen los productos propician que haya trabajo todo el año. Ese cambio ha influido en que se generen muchos más asentamientos, porque antes las personas migrantes agrícolas solo se desplazaban en una temporada específica.

Villa Juárez, Costa Rica, El Dorado y Villa Unión son solo algunas de las sindicaturas que forman parte de las 13 zonas de producción agrícola en Sinaloa, una actividad que caracteriza históricamente al estado. Las mujeres siempre han estado presentes en los campos, particularmente las afrodescendientes e indígenas. La feminización de la agricultura no apunta a que ahora sean más, sino a que, también en ese contexto, hoy ellas realizan trabajos que antes solo estaban destinados a hombres.   

“Dentro de sus experiencias, comentan que antes no recogían la madera que sobraba una vez que se levanta el proceso de cosecha, sino que eso era para los hombres, pero en la actualidad ya las mujeres están prácticamente en todo el proceso de la agricultura. No nada más la colecta o la recolección, sino también algunas son apuntadoras —quienes contabilizan el trabajo de cada persona—, riegan el campo o detectan plagas, o se dedican al empaque y a semilleras, realizan diferentes actividades”, abunda la académica. 

Sin embargo, sí prevalece un proceso de “etnicización” del trabajo agrícola: las oportunidades para las mujeres indígenas migrantes son diferentes que para aquellas oriundas de Sinaloa. Son las últimas quienes regularmente pueden trabajar en empaques y en semilleras, con un contrato, salario fijo y seguro social. Mientras, las indígenas migrantes permanecen en el campo abierto de manera todavía muy marcada. A veces, esa diferenciación se hace simplemente a partir de su aspecto físico. 

Aun con las dificultades que representan los nuevos asentamientos y las violencias que las mujeres viven en el campo, Leonor Tereso comenzó a preguntarse qué tan posible era que generaran procesos de empoderamiento a pesar de sus condiciones de vida. “Al darme cuenta de cómo se organizaban, gestionaban, construían y tejían comunidad, dije ‘Sí, el proceso de empoderamiento también se puede dar en esos contextos precarios, vulnerables’”, explica. 

Imagen de los talleres.
Imagen de los talleres.

Falta de derechos y atropellos compartidos 

Casi ninguna de las condiciones laborales que se muestran en un rotafolio durante los talleres dirigidos a mujeres trabajadoras agrícolas son respetadas, dicen ellas cuando se les cuestiona al respecto. “¿Cuáles son mis derechos?”, dice el cartel que Margarita Nemesio, del CECIG, sostiene frente al grupo. Algunos de los enlistados son contar con servicios de salud, recibir un salario fijo, tener un contrato, condiciones de trabajo seguras, vivienda, alimentación y pago por horas extra. 

Cuando los primeros talleres llegaron a Villa Juárez, las mujeres migrantes agrícolas solían reconocer solo la violencia física. Sin embargo, cuando aprendían las características de los demás tipos de violencia, la mayoría decía haberlas experimentado. Poco a poco, en los procesos de incidencia, se hace más presente la percepción de las violencias, y es cada vez más frecuente hallar un nivel de concientización que las vuelve muy críticas y activas en conjunto. 

De los 2.5 millones de personas que trabajan en el campo, 93.4% carece de contrato, 90.9% no tiene acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo y 85.3% no cuentan con prestaciones laborales, según cálculos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El 33.3% gana un salario mínimo. Las mujeres acceden en mucho menor medida a esos derechos. 

Sin embargo, a veces también existen contradicciones. Aun cuando el trabajo agrícola es un espacio donde se ejercen violencias de todo tipo hacia las mujeres, económicas, psicológicas y físicas, incluso reconocidas por ellas mismas, no solo se normalizan, sino que no existen otras opciones de trabajo con las mismas características. 

Para las jefas de familia, los esquemas conocidos como “saliendo y pagando” —recibir el salario cada día al acabar la jornada— pueden llegar a ser convenientes, porque les permiten la flexibilidad, por ejemplo, de no asistir cuando por alguna razón extraordinaria tienen que cuidar a sus hijos. Del mismo modo, hacen posible la movilidad entre empresas cuando las condiciones no les son favorables o las maltratan, explica Tereso. 

¿Qué ha ayudado en Sinaloa a minimizar las violencias? “Las redes que forman entre ellas mismas, esas redes de reciprocidad. Dado que no tienen familias aquí en Villa Juárez, ellas forman esas redes de amistad que son de las que se valen para las diferentes problemáticas que tienen, y llegan a ser tan fuertes porque incluso algunas han compartido la vivienda durante muchos años. Entre ellas también se generan, por lo tanto, muchos aprendizajes”, agrega. 

A lo largo de los talleres, pueden encontrarse historias y reclamos múltiples. Susana, de 45 años, ha trabajado por mucho tiempo en el campo, primero en una empresa agrícola en Jalisco, su lugar de origen y donde conoció a su esposo, que era de Veracruz, con quien después se fue a Sinaloa. Nunca le dieron las mismas facilidades por considerar que provenía de un estado no migrante. Finalmente, en Veracruz le hicieron un acta de nacimiento falsa para poder ser tomada en cuenta. 

Después de separarse, regresó a Jalisco, pero extrañó el campo. Cuenta que inicialmente, llegó al trabajo agrícola porque era la única opción de trabajo; así lo hizo durante 12 años, en Jalisco trabajó durante 10 en otro sector, y finalmente terminó en Sinaloa. Ahí trabaja en un cultivo de chile morrón, como apuntadora. Vive con una malformación congénita en la mano y gana 375 pesos diarios. 

Se separó de su esposo por las violencias que él ejercía —dice mientras señala una cicatriz de 11 puntadas en el brazo—, y él se quedó con la patria potestad de sus dos hijos, de ocho y seis años, que parió trabajando en el campo sin licencia de maternidad. Dejó de verlos durante 10 años, y los reencontró ahí en Sinaloa haciendo lo mismo. Tiene una carrera técnica de auxiliar contable, pero dice que auténticamente prefiere el campo por la facilidad para conseguir trabajo.  

Susana vive con su pareja en uno de los cuartos contiguos al de Anayeli y Miguel, de 23 y 28 años, en la misma cuartería de la colonia Las Amapas. Anayeli está embarazada y comparte un espacio de dos por dos metros con su esposo y dos pequeños. Ella viene de Moyotepec, municipio de Malinaltepec, y él de Chilpancingo, Guerrero, a trabajar por temporada. A la familia no le facilitaron el pasaje para llegar al campo, como comúnmente se hace. Están ahorrando para regresar al sureste por cuenta propia. 

Miguel ya había estado antes en Baja California, donde, asegura, tuvo mejores condiciones de trabajo: seguro, guarderías, escuelas y niñeras. Aquí en Sinaloa, dice, mucho debe costearse con el sueldo propio. Seguro de salud no tiene porque está cobrando al día, “saliendo y pagando”. Gana entre 300 y 400 pesos diarios, según los baldes que saque de tomate. Anayeli ya no está trabajando porque su embarazo es de riesgo. No cree regresar para la próxima temporada. 

Tere, de 54 años, viene de Durango. Está establecida en Villa Juárez desde hace nueve años. En su estado, dice, no había trabajo. Su esposo sembraba frijol, pero no alcanzaba y decidieron irse un tiempo a Sinaloa con sus cuatro hijos. Rentaban en cuarterías; después, compraron un solarcito e hicieron su casa propia. Su esposo, de 74 años, se cayó y se lastimó en el campo, así que desde enero es ella quien sostiene la vida de ambos. Trabaja de 7:00 a 2:00, de lunes a sábado o domingo, y le pagan a la semana por rendimiento.

“Me siento mal, a veces hasta ganas de llorar me dan, porque pues yo sola tengo que hacer todo el gasto. Tengo un hijo que vive ahí conmigo, está solo, lo dejó su mujer, pero no me da nada; nada más trabaja para él, y yo de todos modos le tengo que dar de comer, es mi hijo aunque no me dé. A veces sí me da tristeza, ahorita tengo que llegar y hacer de cenar para darles; llegué de trabajar, nada más me bañé y me vine”, cuenta Tere.

Elvira, de 40 años, es originaria de Puerto Escondido, Oaxaca, lugar que dejó desde los nueve años, cuando su papá se la llevó a Sinaloa con sus siete hermanos. Su mamá ya había fallecido. No tenía papeles, así que no pudo estudiar. Después, empezó a trabajar también en el campo deshierbando con la cuadrilla de niños. Ha estado en Chihuahua, San Quintín, el Valle del Vizcaíno y Hermosillo, pero ahora ya se quedó en Villa Juárez, donde vive con su hermana. 

Elvira trabajó casi hasta el último día de su embarazo, y regresó al mes aunque tuvo cesárea. Ella sola saca adelante a su hija de nueve años, que está estudiando. No quería, pero Elvira le insiste: “Yo trabajo para que estudie, yo no tuve esa oportunidad; si la hubiera tenido, hubiera estudiado, le digo; en el campo es muy duro, mejor estudia, mientras yo pueda te voy a ayudar, y entonces vas a agarrar otro trabajo más fácil porque en el campo es muy pesado”. Sus jornadas son “saliendo y pagando”, y no tiene seguridad social.

Como población local, migrante por temporada o asentada en otro estado, cualquiera que sea su contexto y entorno, el acceso a un espacio laboral les da la posibilidad de ser trabajadoras agrícolas y realizar actividades que no están limitadas por su corporeidad ni sus habilidades, con las que adquieren un rol diferente al doméstico y generan un ingreso. Cuando, además, tienen otros conocimientos y pueden ser apuntadoras o asumir responsabilidades, se marca una diferencia.

“Pero son pocas las que la ven. Algunas sí, pero están tan en este entorno de violencia, del rol que te toca como mujer, que para ellas es ‘Termino de trabajar y ya’. Por eso es que cuesta trabajo que ellas mismas, aunque no todas, hablen desde estos sentires o momentos que las han colocado a tener que levantar la voz, y levantar la voz no solo es visibilizar las violencias que enfrentan, que van desde la comunitaria y familiar hasta las institucionales”, explica Margarita Nemesio. 

Al mismo tiempo, algunas también llegan a tomar la batuta y exigir la garantía de mejores condiciones en sus lugares de trabajo. Eso las ha conducido a reconocer un valor agregado. “Como trabajadora, hay algo que me acuerpa, que son mis derechos, y cuando ellas los palpan, les da una trascendencia de fuerza interna, que además se permea por lo otro. Esa es la parte clave, porque no son solamente eslabón en sus familias, sino también en sus comunidades”, añade la activista.

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Para ella, eso es especialmente significativo para la tercera y cuarta generación de trabajadoras agrícolas, porque quizá sus mamás o abuelas en su momento no pudieron levantar la voz. Cuando además son jefas de familia, su papel cobra mayor relevancia para el entorno comunitario, pues las cargas de cuidado se triplican. Todos esos factores se olvidan o quedan invisibilizados al no mirarlas más allá de su aporte económico, mucho más cuando se trata de mujeres indígenas que han vivido marginación y carencias sociales. 

Como ellas mismas, las experiencias de las mujeres en el campo son diversas: por sus condiciones de trabajo, por los roles que asumen dentro y fuera, por su nivel de reconocimiento y conciencia de las violencias, por las circunstancias que las conducen al trabajo agrícola y por sus formas de organización, pero también por la mirada que tienen hacia el futuro. Ahí yace la posibilidad de perpetuar la vida en el campo o de desear un camino diferente para sus hijos, igual que el deseo de cruzar fronteras.

Eli, la esperanza más allá de la frontera

Eli nació en Chiepetepec, municipio de Tlapa, Guerrero. Sus papás ya tenían tiempo yendo al campo, y ella empezó a acompañarlos a los siete años, hasta que su papá prefirió que sus hijos estudiaran y optó quedarse en Guerrero. Eli tenía 25 años cuando decidió regresar a Culiacán, dice después de recordar cómo vivió su infancia allá. “Mal, mal, no me va —asegura—, aprendí a acostumbrarme aquí, aunque hace mucha calor”.

Recuerda que cuando era niña, le emocionaba cada vez que iban a regresar. Entonces, trabajar se sentía como un juego. Ahora es diferente, porque implica ir a trabajar de verdad. Su regreso también se debió a que se juntó con su pareja y decidieron que trabajarían los dos. Además, cuenta, en Tlapa la paga de los trabajos era muy mala. Ella atestiguó cuántas horas trabajaba el papá de su hija por la mínima cantidad que le daban.

En Culiacán siempre hay trabajo, y hay empresas que sí pagan lo justo, considera Eli. Está sentada en la banca de una mesa de madera afuera de los cuartos que tiene la empresa donde trabaja, al interior del campo. Junto a ella, su hija de cuatro años desayuna los chilaquiles que preparó esta mañana. Es domingo y le toca descansar. Como ella, ahora su hija también está viviendo su infancia en Sinaloa, pero va a la escuela instalada ahí mismo.

“Ya no es como antes, que nada más era trabajar y trabajar, ya los niños tienen más oportunidad de estudiar. Aquí no permiten trabajar a menores de edad, la empresa nos exige que los niños estudien; la niña está estudiando, lleva un deporte y así”, agrega. Regularmente, el día empieza a las 5:00 de la mañana: prepara a su hija y el lunch para ir a la escuela. Ella entra a trabajar a las 7:00 en punto, pero debe estar media hora antes en la explanada donde se reparte el trabajo.

Deja a su hija en la guardería y ellos se encargan de llevarla a la escuela. Ahora es tiempo de corte de chile morrón, así que casi todos los días se dedican a esa tarea. El día laboral termina a las 5:00 de la tarde, sobre todo cuando hay mucho producto o pedidos, aunque el contrato es de 7:00 a 2:00. 

“No es obligatorio, pero sí te piden como de favor que te quedes hasta que se termine el corte, y sí nos hemos quedado hasta esa hora. A la hora que salimos, vamos por los niños y nos los traemos a nuestros cuartos. Ahí se termina nuestro día, y llegar a hacer la cena. Así es de todos los días, menos los domingos, que no son obligatorios”, relata Eli.

El sueldo base por día es de 260 pesos —cortando 72 botes de chile—, pero también se trabaja por destajo, por lo que ella ha llegado a ganar hasta 600 en una jornada. Antes de salir de Guerrero, firmó un contrato, que sobre todo asienta las reglas de la empresa. Ahí decía que habría igualdad. Sin embargo, la desigualdad y la discriminación están presentes, a veces incluso por parte de los propios trabajadores. 

“Nosotros, como cortadores, somos los que andamos en los surcos, trabajando, a veces hay lodo y todo, y los estibadores son los que se encargan de escoger los chiles; ellos están todo el día ahí pero ganan lo mismo que un cortador. Dicen que es por porcentaje, dependiendo de lo que gane un cortador tiene que ganar el que está ahí, y a mí no se me hace justo porque los que andan corriendo son los que cortan y ganan lo mismo. Además, hay personas que llegan a gritar, que no los traigas verdes o no los cortes así”, cuenta Eli. 

Ella se ha atrevido a decir que hablar es suficiente, que no ocupa que le griten o la saquen del surco para enseñarle como si fueran “peras y manzanas”. Las mayordomas, que son las encargadas de enseñarles y defenderlas, muchas veces se quedan calladas o favorecen a sus familiares y amigas con mayor pago aunque no hagan la misma labor. Eli trabaja con puras mujeres, pero hay un mayordomo general y a veces castiga a alguna de las mayordomas enviándola a donde no hay chile, particularmente cuando le señalan algo que está mal.

“Tiene igual preferencia, porque es mujer, y a veces ‘Porque eres mujer, tú no sabes’, esas cosas, y eso nosotras como trabajadoras nos damos cuenta, y a veces sí le intentamos decir algo pero ‘Es que ustedes no saben’, y ya mejor nos quedamos calladas —dice—. Si existiera realmente la igualdad para las mujeres, no decirlo de dientes para fuera, otra cosa sería porque son las que trabajan más; si realmente existiera eso, harían cosas mejores”.

Aunque antes solo iba al campo por temporada, los últimos dos años solo ha regresado por 15 o 20 días a Guerrero, porque además tiene a su cuidado a dos sobrinos adolescentes de 15 y 17 años, que tienen que seguir el ciclo escolar en Sinaloa. Este año se va a regresar definitivamente a Guerrero para no volver a Culiacán. Allá debe cuidar a sus papás. Tiene un tiempo que ya no está con su expareja, pero le gusta estar sola con su hija. 

Además, está en busca de una mejor oportunidad para trabajar en Estados Unidos contratada en algún programa temporal. Quiere una vida mejor para su hija, diferente a la suya. “Lo mismo que mis papás querían, pero a veces uno como hijo, adolescente, joven, no hace caso, y a veces la vida nos enseña a madurar de diferente manera. Me tocó regresar aquí a trabajar como mamá, y no quiero eso para mi niña. Voy a buscarle por otro lado, y si dios lo permite, vamos a tramitar papeles para trabajar en Estados Unidos”, enfatiza.  

Eli no conoce la historia de Maritza, la primera trabajadora agrícola que, junto con Adareli, presentó una queja en contra del gobierno de Estados Unidos en el marco del T-MEC, para denunciar la discriminación de género en contra de las mujeres que participan en programas de migración laboral temporal, que obtienen apenas un 3% de las visas en ese contexto. Como Maritza, espera que la promesa de una mejor paga valga la cantidad y las condiciones del trabajo.

A dos años de la presentación de esa queja, señala Evy Peña, directora de campañas del Centro de Derechos de los Migrantes (CDM), que acompañó el proceso, ha habido algunos movimientos, como pláticas con los gobiernos de México y EU, donde se han comprometido a proteger los derechos de las personas trabajadoras migrantes, así como un memorando de entendimiento que tiene previsiones sin precedente sobre género.

“Aquí la pregunta verdadera es ¿qué sigue? ¿Cómo le hacemos para que las previsiones contenidas en este memorando realmente tengan un impacto concreto en las vidas de las personas trabajadoras migrantes? Lo que sabemos nosotras que documentamos y defendemos los derechos de personas migrantes bajo estos programas es que están muy lejos de ser seguros. En realidad, las personas son explotadas y más que nada, la manera en que están estructurados facilita la explotación”, afirma Peña.

Luego de haberse atrevido a denunciar, Maritza solo espera que todas las mujeres que estén pasando por violencias y discriminación en el campo también lo hagan, porque si no, dice, no hay delito por perseguir. “A veces se queda en un número de folio, pero por lo menos ya dijiste algo, o dejaste algo, y si se van juntando más y más, va a haber alguien que sí ponga atención… Espero que todo esto toque el corazón de quienes están hasta arriba del gobierno y hagan algo, algo efectivo, para que esto deje de suceder”, concluye. 

Los reportajes de esta serie se realizaron en alianza con la Iniciativa Periplo de Fundación Avina.