¿Qué hacer si te niegan atención médica?: ‘Justicia vs cáncer’ brinda defensa gratuita a pacientes

En este sexenio, los enfermos no sólo necesitan médicos, sino también abogados. Por ello, una organización ha interpuesto casi 300 amparos para lograr atención médica y otros 283 exclusivamente para defender a pacientes con cáncer a los que se les negó la atención en el actual sexenio.  

Se trata de Justicia vs Cáncer, una agrupación que reúne a 81 firmas legales y casi 300 abogados en todo el país trabajando pro bono, es decir, sin cobrar honorarios por esos trámites. 

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Su labor se volvió una necesidad para los pacientes que demandan atención médica en los servicios públicos, pero que no la reciben y no podrían pagar un hospital privado y mucho menos un abogado. 

Gracias a estos amparos, el Estado mexicano se vio obligado a desembolsar un aproximado de 93 millones de pesos en la subrogación de servicios y la compra urgente de medicamentos para cumplir el mandato de los jueces y, sobre todo, atender a los enfermos. 

María Fernanda Rizo, coordinadora nacional de Justicia vs Cáncer, explica que el trabajo de los abogados se ha convertido en una necesidad ante el desabasto de medicinas y falta de atención en el país. Aunque la organización comenzó en 2020, durante la pandemia de Covid-19, aún pasada la emergencia, siguen interponiendo amparos. 

¿Cómo generar una demanda de amparo?

 Justicia vs Cáncer mantiene en su página de internet un formato para que cualquiera pueda generar su demanda de amparo. 

Incluso hicieron un tutorial en video para que puedan seguir los pasos para armar el documento. Y si lo requieren, pueden tener atención personalizada de algún abogado que forme parte de la organización en su estado. 

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Abogados contra el cáncer 

En 2021, más del 60% de las peticiones de ayuda de ciudadanos que se acercaban a Justicia contra el Cáncer tenían que ver con violaciones al derecho a la Salud: “no les estaban dando un tratamiento, o ni siquiera una cita médica, o porque no les podían dar una quimioterapia porque no había algo tan elemental como una jeringa”.

Los números lo confirman: en el actual sexenio, el gobierno recortó hasta en 97% los tratamientos de cáncer infantil; en 93% el cáncer de mama y 95% el cáncer cérvico uterino, luego de eliminar el Seguro Popular y sustituirlo por el fallido Instituto de Salud para el Bienestar que debía atender a los pacientes sin seguridad social, los más pobres del país.

Precisamente, el tema del cáncer se volvió uno de los más recurrentes entre la población que les pedía ayuda legal. Tanto, que la organización creó un programa específico llamado ‘Justicia Contra el Cáncer’, explica Razo en entrevista con Animal Político. 

“Nos empezamos a percatar de que ya no era únicamente que los medicamentos oncológicos no estaban disponibles –plantea la abogada María Fernanda Rizo-, sino que las máquinas que tenían instituciones de salud como el IMSS o el ISSSTE también estaban fallando, y por eso cancelaban a los pacientes las citas de quimioterapia. Les decían: ‘no, ¿pues sabes qué? Vuelve el próximo mes, a ver si ya tengo disponibilidad”. 

Esto generaba -agrega Rizo- que un paciente de cáncer diagnosticado en marzo de 2021 regresara en abril y ya tenía metástasis, porque se trata de un lapso irreversible. Y por eso muchos pacientes de cáncer comenzaron a llegar con nosotros, para que los ayudáramos mediante la vía del amparo. 

– ¿En qué consisten estos amparos?

– Básicamente, consisten en que vamos ante un juez federal y le decimos: ‘hay un paciente que tiene cáncer que se atiende en el IMSS y que el Instituto no le ha dado su radioterapia, o su quimio, porque las máquinas no sirven’. Esto, lo que provoca es que el juez me otorgue a mí como abogada una medida cautelar que se llama ‘suspensión’, y esa suspensión lo que hace es que ordena de manera inmediata al IMSS que le brinde el tratamiento que necesita el paciente, en este caso la radioterapia. 

– ¿Y si el IMSS no tiene la máquina o está rota?

– Entonces, tiene la obligación de subrogar ese servicio médico, ya sea a través de otro hospital público o incluso uno privado, pero se tiene que dar radioterapia. 

– ¿En cuánto tiempo emite el juez esa suspensión? 

– Es de manera inmediata. En cuanto nosotros presentamos la demanda de amparo mediante una plataforma virtual, el juez o la jueza de distrito tiene un término de 24 o 48 horas para pronunciarse y dictar una suspensión en donde le diga al IMSS que ‘informe que ya se le está dando la readioterapia’ al paciente. 

– ¿Y las instituciones si cumplen con ese tiempo?

– Tienen que cumplirlo, no tienen opción. Es una medida obligatoria dictada por un juez. Y si no lo hacen, pueden recibir multas o sanciones como destituciones del cargo.

– ¿Qué te dice que la institución sí cumpla, pero solo a partir de los amparos? Es decir, si cumplen es porque tenían la manera o los recursos para dar esa atención, ¿no? Pero solo lo hacen a partir de una presión legal. 

– Sí, en estos cuatro años que llevamos de experiencia nos hemos percatado de que las instituciones de Salud pública, cuando llega esta lluvia de demandas y ven que no tienen otra opción, es decir, que tienen que cumplir los mandatos de los jueces y brindar el servicio médico, lo que sucede es que se pone a trabajar todo el aparato administrativo y presupuestal para conseguir los medicamentos. Y eso, a su vez, lo que quiere decir es que hay una mala planeación dentro de las instituciones de Salud.

– ¿Qué tipos de cáncer son los que más atienden con demandas de amparo?

– Los más frecuentes son cáncer de mama, de próstata, riñón, colon, ovarios, cérvico uterino, de pulmón, tiroides, leucemia, sobre todo en menores de edad, y también cáncer de hueso, cabeza y cuello. 

– ¿Además de pacientes con cáncer, les han llegado a pedir ayuda legal personas con otros padecimientos?

– Sí, muchísimos. Entre el 20 de marzo de 2020 a marzo de 2024, tenemos 283 demandas de amparo relacionadas únicamente con atención a cáncer. Pero, además, tenemos otras 295 demandas a nivel nacional por otros padecimientos. Son demandas con una resolución favorable en donde la autoridad sanitaria se ha visto obligada por un juez de distrito a brindar la atención médica. Y ahí tenemos de todo: desde cateterismos, prótesis para la columna, instalaciones de marcapasos, conexiones intestinales, prótesis para la rodilla, diabetes, trasplante de órganos, transfusiones sanguíneas, y traslados en ambulancia a otro instituto u otras entidades federativas. 

– Es una enfermedad catastrófica que puede ser muy cara para cualquier institución de Salud. Pero lo que acabas de mencionar es atención básica, cotidiana. 

– Exacto. Tenemos pacientes que se detectaron una bolita y no les dan una cita ginecológica y que después de promover el amparo se la dan. Es decir, nos llegan personas que no tienen acceso a una simple cita médica para su diagnóstico. 

– Ustedes empezaron con la pandemia, ¿pero antes ya habían tenido casos así, de personas llegando para pedirles ayuda con un amparo por un tema de salud?

– Lo que estamos viendo ahora es novedoso. No habíamos tenido una demanda tan alta de pacientes por déficit de servicios médicos en el país. Es algo que no habíamos tenido nunca. Y esto se debe a que hay una fractura muy severa en la estructura gubernamental que brinda la atención médica, y a un sinfín de errores en la administración pública que hoy tienen obligados a los pacientes a acudir ante las instituciones judiciales que deberían estar concentradas en otras labores. 

– Antes hablabas de 295 demandas a nivel nacional por diversos padecimientos y otras 283 por cáncer. ¿Eso en cuánto dinero se traduce? Es decir, cuánto dinero tuvo que invertir el Estado a raíz de las demandas de amparo para atender a la ciudadanía. 

– Estamos llevando a cabo una búsqueda para ver, más o menos, en cuánto andan los medicamentos y tratamientos, es decir, en cuánto oscila el gasto que hemos conseguido que se dé en los pacientes a través de las demandas de amparo. Y detectamos que la subrogación de los tratamientos (tipo radiología o quimioterapia) es de 29 millones 711 mil pesos. Y a eso hay que sumarle otros 62 millones 272 mil pesos en medicamentos. Es decir, la cifra total de tratamientos y medicamentos es de 92 millones 983 mil pesos.

El fracaso del Insabi y el aumento de amparos 

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió durante todo el sexenio que el sistema de salud sería como el de Dinamarca, la realidad es que personal médico y pacientes protestaron siempre por la falta de insumos básicos y medicinas. 

Además, prometió que con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, toda la población tendría servicios de salud y medicinas gratuitas, pero no fue así. Después de tres años de operación decidió extinguir el Insabi y tres meses antes de concluir su mandato reconoció, por primera vez, que su estrategia de salud “no funcionó”. 

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Las cifras lo confirman: 90% de los recursos del Insabi se regresaron a Hacienda y no se sabe en qué los gastaron. Apenas destinaron 10% de los recursos en salud en 2021. Dejaron a 46% de los enfermos sin consulta médica y dejaron de surtir 15 millones de recetas, 5 veces más que Enrique Peña Nieto, como documentó Animal Político en la investigación periodística No fuimos Dinamarca.  

Otro de los efectos ante la falta de servicios y medicinas fue el crecimiento de amparos. Si bien estos recursos legales han sido herramienta utilizada para demandar el acceso a la salud, el crecimiento en su uso ha ido en aumento en este sexenio, como confirman cifras oficiales. 

Sólo en 2022 se registraron 1 mil 602 juicios de amparo promovidos por desabasto de medicamentos e insumos para la salud, mientras que en 2018 apenas hubo 220 recursos. 

Esto significa un crecimiento de 628%, de acuerdo con el informe “Radiografía del desabasto de Medicamentos en México 2022”, del colectivo Cero Desabasto que obtuvo la información a través de solicitudes de transparencia. 

Los datos revelan que las demandas de amparo crecieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pues, en 2017 solo se registraron 229 juicios y en 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, 220. Al inicio del gobierno de López Obrador, en 2019 comenzó el crecimiento, con 387 juicios; 75% con respecto al año previo. 

Justamente en 2020, el año de inicio de la pandemia, surgieron organizaciones como Justicia vs Covid. Ese año ocurrió el mayor repunte, con 1 mil 92 juicios; pero el máximo histórico se registró en 2021, con 2 mil 307 procesos registrados ante tribunales colegiados de circuito. 

Ante lo imprevisible de una pandemia mundial, y el deterioro de toda la infraestructura sanitaria del país, la cual viene de muchos años atrás, la abogada María Fernanda explica que se produjo “una lluvia de demandas de amparo” para defender el derecho a la Salud ante el nuevo virus. 

Sin embargo, con el paso del tiempo y de la pandemia, esa ‘lluvia’ no amainó. Al contrario, arreció en muchos aspectos.