Taiana ordenó la baja obligatoria y les quitó el estado militar a seis marinos condenados por delitos de lesa humanidad

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, dispuso la baja obligatoria de seis militares condenados por delitos de lesa humanidad, al quedar firme una sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 5. Se trata de los marinos Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías, quienes perderán, así, el estado militar y dejarán de pertenecer a la Armada.

Todos ellos cumplieron tareas represivas y de inteligencia en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y, en distintas causas, la Justicia los encontró responsables de varios casos de desapariciones, como las de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, Dalmar Hagelin, Graciela Daleo, Elena Holmberg y familiares que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz, entre las que se encontraba Azucena Villaflor, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo.

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Conocido como “el Tigre”, Acosta fue el hombre fuerte de la inteligencia de la Armada y se lo vincula con los llamados “vuelos de la muerte”.

Adolfo Donda fue uno de los jefes de inteligencia del Grupo de Operaciones 3.3.2 de la ESMA. Es hermano de José María Donda, desaparecido y padre de la exdiputada Victoria Donda, nacida en el centro de detención ilegal que funcionaba en esa sede de la Armada y actual directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

A otros condenados, como el exmarino Alfredo Astiz, ya se les había quitado el estado y el grado militar por los delitos comprobados por la Justicia.

Durante las audiencias de la megacausa de la ESMA, que comprendió cuatro juicios sucesivos, celebrados a partir de 20027. Varios sobrevivientes ofrecieron testimonios de las torturas que recibieron en el centro de detención ilegal de la Armada.

Taiana firmó la resolución al ser notificado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de que la sentencia que dispuso la pena de inhabilitación absoluta y perpetua de los seis militares quedó firme.

Así lo prevé la ley 19.101, que regula las condiciones del personal militar. Dicha norma establece que la baja implica la pérdida del estado militar y se produce por destitución, por ser declarado en rebeldía o por “condena emanada de tribunales comunes o federales, a penas equivalentes a las que en el orden militar lleven como accesoria la destitución”.

Al dar a conocer la resolución, el ministro de Defensa ratificó el compromiso de llevar adelante “una política de respeto a los derechos humanos y de integración de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil” y señaló que “resulta inaceptable y contrario a derecho que exista personal con estado militar que se halle, a la vez, condenado por delitos de lesa humanidad”.