Sustraen en calles de SLP a perra pitbull para peleas ilegales

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- Hace tres días fue denunciado a través de Facebook la sustracción de una perra raza pitbull en la colonia María Cecilia de la capital de San Luis Potosí para presuntamente usarla en peleas clandestinas, causa que la llevó a su muerte.

De acuerdo con el relato de la dueña, Blanky, como se llamaba la perrita, salió de casa alrededor de las 3:00 de la mañana cuando la familia llegó, pero ya no regresó como acostumbraba luego de hacer sus necesidades. Horas después, según el relato, dos sujetos la fueron a aventar afuera de su casa, ahí sus dueños la encontraron en un charco de sangre.

Alrededor de las 5:00 de la mañana, tras ver el mal estado en el que se encontraba su mascota, se movilizaron por diversas calles de la capital en busca de ayuda veterinaria, hasta que después de varios intentos y vueltas lograron encontrar una clínica donde se les dio la atención.

El médico veterinario que se encargó de revisar a Blanky, les dijo que las heridas que presentaba corresponden a una pelea con otros perros, por lo que los propietarios de sostienen que ella fue sustraída para echarla a pelear con otros perros.

De acuerdo con el diagnóstico, Blanky presentaba fractura de cráneo, costillas rotas, perforación en sus intestinos y mordeduras por todo el cuerpo. Al momento de revisar sus signos vitales para someterla a cirugía, el veterinario les dijo que debido a su baja frecuencia cardiaca sería imposible que sobreviviera al procedimiento, por lo que sus dueños tomaron la difícil decisión de dormir a su compañera.

Desde la publicación en Facebook la familia hizo un llamado a las autoridades y al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, para que la muerte de esta pitbull no quede impune y se investigue para dar con los responsables.

En el Código Penal de San Luis Potosí se establece que quien abandone a un animal doméstico o ponga en riesgo su vida o integridad será castigado con pena de seis meses a un año de prisión, y sanción pecuniaria de 100 a 200 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización.