Suspensión de alcalde colombiano es una acción autoritaria del gobierno de Iván Duque | Opinión

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La suspensión temporal del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por Margarita Cabello, procuradora general del actual gobierno de Colombia, es un atentado a la democracia. La medida tomada por Cabello se parece a un “edicto” autocrático que a un procedimiento democrático.

En su dictamen como procuradora, Cabello acotó que “la Procuraduría tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular”.

La decisión de la procuradora, en el fondo, tiene aristas políticas. El 29 de mayo, los colombianos elegirán a su nuevo presidente y el alcalde Quintero ha mostrado simpatía por el candidato Gustavo Petro, líder en las encuestas nacionales.

Asimismo, durante un periodo de su mandato como alcalde de Medellín, Quintero y el expresidente Álvaro Uribe intercambiaron mensajes cáusticos que fueron publicados en las redes sociales.

En una oportunidad, Uribe dijo: “¡Qué se le puede pedir en honestidad si tiene el compromiso de obtener rentas corruptas de la contratación!”. Quintero contestó: “6,402 jóvenes, la mayoría de Antioquia, hubieran preferido un presidente menos guapo”.

No es ningún secreto que el presidente Duque, desde que inició su periodo presidencial, no ha podido hacer a un lado la presión del expresidente. Uribe eligió a Duque como candidato de su partido en las elecciones de 2018 y prácticamente le entregó la “llave” del palacio de gobierno de Colombia.

Así, pareciera que el fantasma de Uribe está detrás de la destitución de Quintero. La procuradora Cabello, por muy independiente y autónoma que parezca, no es más que la portadora de los intereses de Duque.

Por otra parte, la procuradora colombiana no tiene autoridad de ejercer este tipo de decisiones. Su posición en el gobierno se debe a un nombramiento del presidente y su rol incluye facultades de destituir a funcionarios nombrados o designados. No debe interrumpir el trabajo de servidores públicos que han sido elegidos a través del voto popular.

Camilo Mancera, coordinador jurídico de la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia, destacó que es competencia de la Fiscalía General de la Nación investigar los agravios de funcionarios públicos elegidos a través del voto popular y es, en consecuencia, un juez penal quien debería imponer sanciones a este tipo de violaciones.

Esta medida “dictatorial” no es nueva. Cuando Gustavo Petro fungía como alcalde de Bogotá (2012-2015), el entonces procurador Alejandro Londoño lo destituyó de su cargo, aunque después, Petro fue restituido por un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La corte internacional hizo prevalecer la democracia contra un mandato altamente autoritario del gobierno colombiano.

Humberto Caspa, Ph.D. es investigador de Economics On The Move. E-mail: hcletters@yahoo.com.

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