Esto es lo que sucederá entre el día de las votaciones y la toma de posesión

Maggie Astor
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El presidente Donald Trump durante una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia, el miércoles 11 de noviembre de 2020. (Erin Schaff/The New York Times)
El presidente Donald Trump durante una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia, el miércoles 11 de noviembre de 2020. (Erin Schaff/The New York Times)

El pueblo se ha pronunciado. ¿Ahora qué?

Por lo general, lo que sucede entre el día de las votaciones y la toma de posesión es una serie de formalidades a las que pocas personas le prestan atención. Pero la renuencia del presidente Donald Trump a reconocer que perdió contra el presidente electo Joe Biden, y la tolerancia de los republicanos a sus intentos por desvirtuar el proceso democrático han hecho que los arcaicos procedimientos mediante los cuales se formaliza la voluntad del pueblo sean un asunto de gran importancia pública.

Para empezar, veamos lo que es evidente: es muy poco probable que los republicanos puedan anular los resultados de las votaciones.

El presidente electo Joe Biden habla sobre la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio en Wilmington, Delaware, el martes 10 de noviembre de 2020. (Amr Alfiky/The New York Times)
El presidente electo Joe Biden habla sobre la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio en Wilmington, Delaware, el martes 10 de noviembre de 2020. (Amr Alfiky/The New York Times)

Sí es posible que surjan escenarios en donde los legisladores o los jueces gestionen un segundo periodo de Trump y hundan al país en una crisis constitucional. Pero incluso con una Corte Suprema conservadora, un Senado controlado por los republicanos y las delegaciones del Congreso dirigidas por republicanos en la mayoría de los estados, los expertos en derecho electoral confían en que esto no sucederá.

Este es un panorama de lo que sucederá entre el momento actual y enero, la manera en que la campaña de Trump podría tratar de interferir y por qué es tan poco probable que tenga éxito.

En primer lugar, los estados certificarán los resultados de sus votaciones.

Las autoridades del condado o del municipio —cualquiera que sea el nivel de gobierno responsable de la gestión de las votaciones en un estado determinado— deben contar todas las boletas, verificar las sumas totales y asegurarse de que se incluyan todos los votos válidos. Los procedimientos precisos varían de un estado a otro.

Esas autoridades le informan sobre sus conteos finales al estado, cuyo funcionario encargado de las votaciones —a menudo, pero no siempre el secretario de Estado— recaba los resultados y los presenta al gobernador. Los estados establecen sus propios plazos para llevarlo a cabo; algunos ya lo hicieron, y la última fecha límite es la de California para el 11 de diciembre.

Los gobernadores deben enviar al Congreso un “certificado de verificación” con las cifras totales certificadas de votos de sus estados y los nombres de los electores antes del 14 de diciembre, fecha en que se reunirá el Colegio Electoral. Pero existe un fuerte incentivo para hacerlo antes debido a que los resultados certificados antes del 8 de diciembre, conocido como el plazo de protección, en gran parte, están protegidos de impugnaciones.

La campaña de Trump todavía podría entablar una demanda para impugnar los resultados certificados antes del plazo de protección —cualquiera puede entablar un juicio, incluso si no se justifica— pero es casi seguro que los tribunales lo descarten.

“Una vez que se ha certificado, se supone que debe estar protegido de litigios”, señaló Jessica Levinson, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Loyola que se especializa en derecho electoral. “Se supone que existe una caja mágica que proteje los resultados estatales luego de que se da la certificación, y solo se la confiamos al Congreso”.

Los legisladores estatales podrían interponerse, pero es probable que no lo hagan.

Una táctica fundamental de la campaña de Trump y de los grupos conservadores ha sido usar demandas y otras maniobras para tratar de evitar que los estados certifiquen sus resultados, o al menos retrasar el proceso. En parte, la idea es que si las autoridades electorales no pueden certificar los triunfos de Biden a tiempo, las legislaturas de los estados controlados por republicanos puedan intervenir y nombrar electores en favor de Trump.

En Georgia, Trump exigió, y el secretario republicano del estado autorizó, un recuento manual muy tardado que podría exceder la fecha límite para la certificación. Sin embargo, ese plazo se cumple en un mes y los tribunales podrían intervenir si pareciera que las autoridades están prolongando el recuento de manera artificial. La ventaja de 14.000 votos de Biden es un gran obstáculo difícil de superar para cualquier recuento, y, de todas maneras, no necesita los votos electorales de Georgia para ganar.

En Pensilvania y Míchigan, los republicanos han presentado demandas para obstruir la certificación con base en afirmaciones infundadas sobre irregularidades en las votaciones y en el conteo. Pero, hasta ahora, los jueces han rechazado de manera categórica las denuncias de la campaña de Trump y la ventaja de Biden supera por mucho el margen del recuento: más de 50.000 votos en Pensilvania y casi 150.000 en Míchigan.

En teoría, incluso si los conteos se certificaran a tiempo, los legisladores estatales todavía podrían sublevarse y designar listas electorales a favor de Trump para que compitan con las listas certificadas por los gobernadores. Pero los republicanos de Pensilvania ya han dicho que no lo harán y, si ellos o los legisladores de otro estado llegaran a hacerlo, es probable que esto no resista ningún escrutinio jurídico.

“Creo que el razonamiento que intentarían defender es que existe una falla electoral en el título 3, párrafo 5 del Código de Estados Unidos (3 U.S.C., por su sigla en inglés), y que las elecciones fueron prácticamente un fracaso, pero en realidad nadie lo ha intentado”, señaló Jon Greenbaum, abogado principal del Comité de Abogados para los Derechos Civiles Bajo la Ley, al referirse a la sección de la ley federal que se encarga de las controversias sobre los electores. “Tendría que haber toda una serie de cosas que, en nuestra opinión, se contrapongan a la ley para llegar al punto en que la legislatura republicana pudiera anular la voluntad de los electores”.

Se reunirá el Colegio Electoral.

El 14 de diciembre, los electores de cada estado emitirán sus votos de manera formal.

La mayoría de los estados tienen leyes que requieren que los electores voten por el candidato por el que se comprometieron (en casi todos los casos, el ganador del voto popular del estado), lo que reduce la posibilidad de que existan “electores infieles” (en 2016 hubo varios, pero no cambiaron el resultado final). De manera unánime, la Corte Suprema defendió esas leyes este verano en el caso Chiafalo vs. Washington. Así que ese es un motivo menos de incertidumbre.

Una complicación posible —pero también muy poco probable— sería que, de alguna manera, una legislatura estatal lograra designar una lista a favor de Trump y defenderla de impugnaciones jurídicas, pero que el gobernador certifique una lista a favor de Biden mediante el proceso normal, lo que generaría dos grupos rivales de electores.

En ese caso, el Congreso tendría que decidir cuál lista contar.

Pero “no creo que sea probable que esto suceda”, señaló Paul Smith, vicepresidente de litigios y estrategias en el Campaign Legal Center, un grupo apartidista que defiende los derechos del voto. “Si no existe una justificación en verdad evidente, como alguna deficiencia a gran escala, es bastante difícil que una legislatura diga: ‘Acabamos de decidir que ya no queremos la democracia’”.

El Congreso certificará los resultados. Biden tomará posesión.

Tal vez las próximas semanas sean caóticas. Quizás se debilite la confianza de la población en el proceso electoral y se refuerce la creencia equivocada de los partidarios de Trump de que les “robaron” la elección. El daño a las instituciones democráticas puede ser duradero.

Sin embargo, en el corto plazo, casi es inconcebible que suceda algo que no sea esto: el 20 de enero, Biden levantará la mano derecha, tomará posesión del cargo y se convertirá en el presidente número 46 de Estados Unidos.

Levinson señaló que, durante meses, ha elaborado una lista de “pesadillas electorales”, ninguna de las cuales se ha hecho realidad. La injerencia de los legisladores republicanos es el único escenario que queda, y eso no le preocupa. Tendrían que ocurrir muchas cosas poco probables en demasiados estados donde Biden tiene la ventaja con muchos votos.

“Detecten los estados. Encuentren el estado que sea susceptible a este tipo de embustes”, comentó. “Tendrían que salir mal muchas cosas para que esto ocurriera. Tendría que haber un tornado que chocara con un huracán durante un sismo de 8.0 grados, y en verdad no creo que eso vaya a suceder”.

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This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company