Singapur ejecutó a un preso condenado a muerte por el tráfico de un kilo de cannabis

SINGAPUR.- Las autoridades de Singapur procedieron este miércoles con la ejecución de un preso condenado a muerte por su implicación en el tráfico de un kilo de cannabis, a pesar de que en los últimos días organismos internacionales de derechos humanos reclamaron al país asiático una moratoria sobre éste y otros casos.

La ONG Amnistía Internacional confirmó hoy la ejecución de Tangaraju Suppiah, de 46 años. Fue ahorcado en la prisión de Changi, en una medida “ilegal” a los ojos de la organización, que ha puesto en cuestión desde las características del proceso al fondo del caso en sí.

Los hechos se remontan a septiembre de 2013, cuando Suppiah fue identificado como supuesto coordinador en el tráfico ilícito de 1017 gramos de cannabis, pese a que nunca llegó a recibir la droga. Su condena, dictada en 2018, se basó principalmente en las declaraciones iniciales ante la policía, y en el testimonio de los otros dos acusados.

Las pruebas en su contra “estaban lejos de ser claras, dado que nunca tocó la marihuana en cuestión, fue interrogado por la policía sin un abogado y se le negó el acceso a un traductor de tamil cuando pidió uno”, dijo el subdirector para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson.

También apuntó que el ahorcamiento “genera serias preocupaciones de que Singapur esté lanzando una nueva oleada de ejecuciones para vaciar su corredor de la muerte en un equivocado esfuerzo de disuasión”.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos también expresó su “preocupación” por las posibles irregularidades durante el proceso, recordando a Singapur que debe respetar sus “obligaciones internacionales” para garantizar, entre otras cuestiones, que todos los acusados tengan “derecho a un juicio justo”.

La subdirectora de Amnistía para la región, Ming Yu Hah, incidió además en que las políticas antidrogas adoptadas en Singapur “han fracasado no sólo a la hora de controlar su consumo y el acceso a ellas”, sino también a la hora de ir más allá y responder a los “daños” asociados a este tipo de sustancias.

Ming reclamó una moratoria inmediata de las ejecuciones en Singapur como paso previo a la “plena abolición” de la pena de muerte.

El Ministerio de Interior del país respondió el martes que la culpabilidad del reo había sido demostrada más allá de cualquier duda razonable.

Los funcionarios del ministerio señalaron que dos teléfonos celulares, que según la fiscalía pertenecían a él, fueron usados para coordinar la entrega de los narcóticos.

”La evidencia muestra claramente que era la persona coordinando la entrega de drogas, con el propósito de traficar”, aseguraron.

Singapur mantiene una de las leyes antidrogas más estrictas del mundo y asegura que la pena capital funciona como un disuasivo efectivo ante el narcotráfico.

Sin embargo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU asegura que esta creencia es “un mito”.

El país asiático ejecutó a 12 personas desde marzo de 2022, después de pausar durante dos años este tipo de castigos. La última pena capital de la que se tenía constancia tuvo lugar en octubre de 2022.

Agencias AFP y DPA